Patricio Aylwin Azócar: Sus sombras a 10 años de su muerte

Por Fernando Astudillo Becerra A una década del fallecimiento de Patricio Aylwin Azócar, la historia chilena se enfrenta a la compleja tarea de mostrar el verdadero rostro de una figura política que, para muchos/as, es el símbolo de la transición pacífica y, para otros/as, el rostro de una serie de claudicaciones éticas y políticas que marcaron el destino del país. Desde la perspectiva de los cristianos/as de izquierda o de izquierda cristiana, su figura no representa solo la «vuelta a la democracia», sino la consolidación de una renuncia ética y política a los principios fundamentales del humanismo cristiano transformador. En lugar de desmantelar las estructuras económicas impuestas por la dictadura, las validó y profundizó bajo la premisa de «crecimiento con equidad», dando continuidad al modelo neoliberal.

Desde una ética cristiana, se le reprocha haber mantenido un sistema que mercantiliza derechos básicos (salud, educación, previsión), priorizando la estabilidad de los mercados sobre la dignidad de la persona humana, principio básico del pensamiento social cristiano. La crítica más dolorosa desde la perspectiva de los derechos humanos y la fe, está en que mientras los sectores de la Iglesia agrupados en el espíritu y la idea de la Vicaría de la Solidaridad lucharon por la verdad y la justicia total, Aylwin propuso una fórmula que, en la práctica, significó impunidad. Sacrificó la justicia.

La Izquierda Cristiana argumenta que la justicia no puede ser objeto de negociación política «en la medida de lo posible». Para un cristiano/a de izquierda, la reconciliación sin justicia plena es una paz de los cementerios, que no se basa en el reconocimiento del pecado social, sino en el ocultamiento de los victimarios para no incomodar al poder militar. Aylwin deliberadamente puso frenos a la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Este es quizás el legado más polémico de su presidencia (1990-1994). Si bien el Informe Rettig fue un hito necesario para reconocer oficialmente las violaciones a los derechos humanos, la administración de Aylwin trabajó bajo la premisa de que la estabilidad de la transición exigía no acorralar al poder militar que Augusto José Ramón aún sostenía desde la Comandancia en Jefe del Ejército. Se promovió la idea de que conocer lo ocurrido era consuelo suficiente para las víctimas.

Pretendió erróneamente que la verdad fuera un sustituto de la justicia. Se mantuvo vigente la Ley de Amnistía de 1978, y el Estado no mostró voluntad política para remover los enclaves autoritarios que impedían el juicio a los culpables, en una suerte de inmunidad pactada. Este enfoque sembró una herida que sigue abierta en la sociedad chilena.

Al disociar la verdad de la justicia, Aylwin estableció un precedente donde la impunidad política se disfrazó de una falsa prudencia republicana, permitiendo que figuras claves de la represión fallecieran en la libertad de sus hogares o tras defensas institucionales financiadas por el Estado. El gobierno de Aylwin instauró la llamada «política de los acuerdos», realizada lejos del pueblo y sus dirigentes. La crítica es que parece temeroso de la fuerza popular que ayudó a derrotar a Augusto José Ramón, y prefirió desmovilizar a las organizaciones sociales, sindicatos y pobladores.

Tenía miedo a la verdadera democracia que es sinónimo de efectiva participación. Aylwin no fue una víctima de los enclaves autoritarios (como los senadores designados o el sistema binominal), sino un administrador que se sintió cómodo en ese diseño. Se le cuestiona no haber utilizado la enorme legitimidad popular que lo lleva al poder para forzar cambios estructurales inmediatos, prefiriendo administrar una «democracia protegida» que mantenía a Augusto José Ramón como Comandante en Jefe y como sombra permanente sobre las decisiones del Estado.

El laico/a cristiano/a debe ser protagonista de su historia y Aylwin, en cambio, fomentó una ciudadanía pasiva, donde el cambio social quedó relegado a tecnócratas, alejándose de la base comunitaria y eclesial que resistió la dictadura en parte de los 70 y los 80. Uno de los puntos más oscuros y menos recordados, en los discursos oficiales, es su rol como artífice de la alianza estratégica entre la Democracia Cristiana (DC) y la derecha política y económica, reunida entonces en la Confederación de la Democracia, CODE, para desestabilizar y, finalmente, propiciar la caída del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. No fue un observador pasivo.

Como presidente de la DC, lideró la línea más dura de la falange, aquella que abandonó la vocación transformadora del progresismo cristiano, para alinearse con los sectores más reaccionarios. Esta postura quedó sellada en el fracaso del llamado al diálogo y al entendimiento convocado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en agosto de 1973. Mientras el Cardenal buscaba una salida política para evitar la guerra civil, Aylwin impuso condiciones que hacían el acuerdo prácticamente imposible, cerrando una de las últimas puertas institucionales antes del bombardeo a La Moneda.

Su convicción de que al gobierno de la Unidad Popular había que negarle «la sal y el agua» pavimentó el camino para la intervención civil y militar que él mismo, inicialmente, junto a Eduardo Frei Montalva, justificó ante la opinión pública internacional. A 10 años de su muerte, la figura de Patricio Aylwin no puede estar ajena al juicio histórico más riguroso. Si bien es innegable su capacidad para conducir un proceso de transición sin un retorno inmediato a la violencia armada, es igualmente innegable que esa paz se construyó sobre omisiones deliberadas de la justicia y la igualdad.

Su responsabilidad en el fin de la democracia en 1973, las sombras sobre su ascenso al poder dentro de la DC y su pragmatismo frente a los crímenes de la dictadura, configuran un perfil donde los «claros» de la estabilidad institucional se mezclan con los «oscuros» de una justicia y una democracia sustantiva que se ven sacrificadas en pos de un supuesto orden. Aylwin no solo fue el Presidente de la transición; fue el arquitecto de un modelo de democracia limitada, donde la verdad fue una concesión y la justicia, una tarea pendiente que Chile aún no logra completar. El pragmatismo político y la estabilidad del sistema capitalista terminaron pesando más que la radicalidad del Evangelio y la exigencia de justicia para los oprimidos.