Pasado profesional de subsecretaria de Seguridad abre nuevo flanco en el Gobierno

Un nuevo foco de controversia se instaló en el Ministerio de Seguridad luego de que se conocieran antecedentes del pasado profesional de la subsecretaria Ana Victoria Quintana Olguín, quien en su ejercicio como abogada participó en la defensa de integrantes de un clan delictual desbaratado en la zona poniente de Santiago. De acuerdo con los antecedentes revelados por Mega, la actual autoridad representó a dos miembros del denominado “Clan Chago”, organización vinculada a delitos como robo de vehículos, portonazos, asociación criminal y lavado de activos, en el marco del operativo “Los Emprendedores”, llevado a cabo en 2025 por la Policía de Investigaciones de Chile junto a la Fiscalía Metropolitana Occidente . Defensa en causa de alto impacto Según la información disponible, Quintana patrocinó a Javier Castro y Valentina Castro, hijos del líder del clan, quienes fueron formalizados por su participación en la red criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de maquinaria y vehículos.

El caso involucró a tres clanes familiares —Luna, Chago y León— que operaban mediante robos en lugares no habitados, además de encerronas y portonazos en distintos sectores de la capital . Versión de la subsecretaria Tras la difusión de estos antecedentes, desde la Subsecretaría de Seguridad se confirmó la participación de la autoridad en la causa, aunque se precisó que su rol fue acotado. La propia Quintana explicó que su intervención fue “circunstancial, limitada y de carácter excepcional”, señalando que actuó en representación de otro abogado que no pudo asistir a una audiencia debido a motivos personales.

Según indicó, su gestión se restringió a solicitar la postergación de dicha instancia, sin mantener vínculos posteriores con el caso . Otra causa judicial El reportaje también da cuenta de la participación de la subsecretaria en la defensa de un imputado extranjero por infracción a la Ley de Armas, caso en el cual logró la absolución del acusado en un procedimiento abreviado en 2024. La revelación suma presión al equipo encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de un contexto marcado por debates en torno a la seguridad pública y cuestionamientos políticos.

El episodio abre un nuevo flanco para el Ejecutivo, instalando el debate sobre el ejercicio previo de autoridades en causas penales y sus eventuales implicancias en el desempeño de funciones públicas.