Partido Comunista exige investigar responsabilidad penal de la Capitanía de Puerto de Williams tras muerte de Gonzalo Oyarzo

El Partido Comunista Regional Magallanes emitió una declaración pública en la que califica la muerte de Gonzalo Hernán Oyarzo Cabero, ocurrida el martes 12 de mayo en el muelle pesquero de Puerto Williams, como un fallecimiento “evitable” y exige que la investigación del Ministerio Público vaya más allá del peritaje técnico de la embarcación involucrada. “La muerte de Gonzalo no es un simple accidente fortuito. Es la consecuencia directa de un sistema que abandona a los pescadores artesanales a su suerte, obligándolos a operar en muelles congelados, sin luminarias adecuadas y bajo condiciones climáticas extremas que transforman el terminal pesquero en una trampa mortal”, señala el texto firmado por la directiva regional del partido.

La declaración apunta directamente a la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y a la Dirección General del Territorio Marítimo, cuestionando su rol fiscalizador. “No se puede tolerar que la autoridad marítima limite su rol a firmar resoluciones de ‘Puerto Cerrado’ desde la comodidad de una oficina, mientras desatiende por completo la fiscalización en el terreno”, señala el PC, que demanda además la presencia permanente de la Policía Marítima en la losa del muelle para controlar las faenas de las embarcaciones atracadas. La colectividad política también interpela a otras autoridades: pregunta qué ha dicho y hecho el seremi del Trabajo ante la muerte del trabajador, y llama a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, y al Delegado Provincial de la Antártica Chilena, a “dejar los discursos protocolares y metafóricos y enfrentar la crisis de seguridad portuaria que golpea a Cabo de Hornos”.

En cuanto a la investigación penal en curso -la Capitanía de Puerto ya puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público-, el PC exige que la Fiscalía Local “no limite este caso a un mero peritaje técnico de la lancha motor Loreto” y que se indague a fondo la responsabilidad administrativa y penal de los mandos de la Capitanía por “la evidente falta de servicio y la nula fiscalización en un recinto público”.