Para quién es el recorte en justicia

El recorte del 3% al presupuesto del Poder Judicial ha sido presentado como un ajuste más dentro de la política fiscal, pero no lo es. No es neutro, no es inocuo y, sobre todo, no es técnico. Es una decisión política que tiene consecuencias directas sobre las personas.

Desde hace años, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ha advertido una tendencia preocupante: mientras el sistema de justicia recibe menos recursos, el Estado —a través del Ejecutivo y el Congreso— ha incrementado de manera sostenida sus exigencias. Más de 80 leyes dictadas en la última década han ampliado competencias, creado procedimientos y aumentado cargas de trabajo sin financiamiento adecuado. El resultado no es difícil de prever: un sistema sobreexigido, tensionado y cada vez más cerca de su límite operativo.

El problema no es abstracto. El recorte impacta directamente en uno de los componentes más críticos del funcionamiento judicial: las suplencias, subrogancias e interinatos. Es decir, en la capacidad real de los tribunales de seguir funcionando cuando faltan jueces o funcionarios.

Reducir estos recursos no genera eficiencia. Genera retrasos, suspensiones y acumulación de causas. Y ahí es donde el discurso oficial comienza a desmoronarse, porque cuando se habla de “recorte al Poder Judicial”, se sugiere —erróneamente— que el impacto recae sobre quienes trabajan en él.

Pero no es así: el impacto real recae sobre quienes dependen del sistema: las personas. Son ellas quienes ven postergadas sus audiencias, dilatados sus procesos y, en muchos casos, frustrado su derecho a obtener justicia en un tiempo razonable. Esto no es una opinión.

Es un estándar internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido clara en sostener que el acceso efectivo a la justicia es un pilar del Estado de Derecho, de la confianza institucional y del desarrollo democrático. Desde esa perspectiva, los sistemas judiciales deben contar con recursos adecuados para garantizar decisiones oportunas, eficaces y centradas en las personas.

Cuando esos recursos se reducen en áreas críticas, lo que se produce no es un ahorro fiscal: es una barrera de acceso. porque cada audiencia suspendida no es un dato estadístico: es una persona que no fue escuchada. Cada causa que se retrasa no es un número: es un derecho que se posterga.

Cada tribunal sobrecargado no es un problema interno: es un ciudadano que ve cómo el sistema no responde a tiempo. En este contexto, la pregunta ya no es técnica ni presupuestaria. Es profundamente política: ¿a quién se está ajustando realmente?

Porque no se está ajustando al Poder Judicial como institución. Se está ajustando a las personas que necesitan de él. Se ha instalado la idea de que el Estado puede seguir exigiendo más al sistema de justicia mientras le entrega menos.

Esa ecuación no es sostenible. Y, peor aún, tiene un costo que no se mide en balances, sino en derechos. Recortar en justicia no es como recortar en cualquier otra área.

No es postergar una obra ni reprogramar un gasto. Es debilitar una de las funciones esenciales del Estado. Es tensionar la garantía de acceso a la justicia.

Es, en definitiva, acercarse peligrosamente a una forma silenciosa de denegación de justicia. Por eso, la pregunta sigue vigente, cada vez con mayor fuerza: ¿para quién es este recorte? La respuesta, aunque incómoda, es evidente.

No es para el sistema. Es para las personas.