Otra vez el empleo público en cuestión

El empleo público es el instrumento por el cual el Estado pone en marcha las acciones que le permiten cumplir sus fines. Las personas empleadas por las instituciones estatales ejecutan las tareas que se desprenden de las decisiones gubernamentales y políticas que buscan satisfacer los intereses nacionales. Por medio de dichos funcionarios se implementan políticas públicas, se da continuidad al funcionamiento institucional y se responde a las necesidades de la gente.

Las características de la regulación laboral de quienes trabajan en el Estado (forma de ingreso, mecanismos de evaluación, movilidad, responsabilidad y término de la relación laboral) son determinantes en la eficacia y profesionalización de las tareas públicas, así como en la credibilidad y confianza hacia el Estado. Los incentivos para integrar las reparticiones públicas dependen de cómo se regula el empleo público y de la legitimidad social de servir desde el Estado. La evidencia ha demostrado que los países donde los funcionarios ingresan por mérito en procedimientos transparentes, sus ascensos no dependen de conexiones políticas y su permanencia no varía con los cambios de gobierno, son más eficaces y presentan menos corrupción, pudiendo frenar malas decisiones o potenciar buenas políticas.

Desde un informe reciente de Contraloría de 2025, que mostró que más de 25 mil funcionarios habrían hecho mal uso de licencias médicas, hasta los cuestionamientos en el debate presidencial y en el cambio de gobierno, el empleo público no solo se ha desprestigiado, sino que se ha puesto en cuestión. Diagnósticos tenemos de sobra e incluso existe consenso transversal desde hace años sobre la necesidad de avanzar en una regulación que mejore la evaluación del mérito, facilite la movilidad, atraiga y retenga talento y permita entregar servicios de calidad. Aunque el Estatuto Administrativo de 1989 (con bases de 1960) ha sido modificado, no se han superado malas prácticas.

Un ejemplo: a inicios de 2025, según datos oficiales de la DIPRES, el 98% de los funcionarios evaluados fue calificado con “distinción máxima”. En la misma línea, Chile Transparente presentó a fines de 2025 “Un pacto de integridad para Chile”, con propuestas para un sistema moderno, profesional, flexible, con movilidad vertical y horizontal, evaluación de desempeño y procedimientos de cese enfocados en la calidad del servicio. Incluso el Gobierno saliente desarrolló un grupo de propuestas en diálogo con distintos actores para modernizar dicha regulación, sin embargo, no logró convertirse en un proyecto de ley real.

¿Qué falta para lograr el impulso necesario para liderar estas transformaciones? Ni escándalos, ni diagnósticos, ni propuestas. Lo que sigue pendiente es la falta de liderazgo político, de querer enfrentar un tema incómodo pero necesario para asegurar servicios de calidad; una verdadera reforma del empleo público.