Organizaciones de DD.HH. condenan aprobación en Israel de pena de muerte que se aplica solo para palestinos y desde Europa piden su derogación

La "Ley de Pena de Muerte para Terroristas", una reforma legal israelí aprobada este lunes por el Parlamento y que contempla la aplicación de la pena capital por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos, provocó múltiples críticas desde organizaciones de Derechos Humanos y se suman las peticiones de derogación. Entre ellas está el Centro Palestino de Derechos Humanos, que manifestó en redes su “condena en los términos más enérgicos” contra un texto que “ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”. Asimismo, la organización pidió a la comunidad internacional “intervenir urgentemente para proteger a los presos palestinos y garantizar la rendición de cuentas”.

“El silencio y la inacción solo agravarán la impunidad y erosionarán el orden internacional basado en normas”, agregaron. Desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina alertaron de que la nueva ley “afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos”. En este contexto, el órgano instó a las autoridades israelíes a “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por la Knesset”, alegando que contraviene las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional.

Asimismo, el órgano, que recordó la oposición de Naciones Unidas a la pena de muerte “bajo cualquier circunstancia”, señaló que la aplicación de esta norma “violaría la prohibición del Derecho Internacional sobre castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Sus respectivos comunicados se han sumado al emitido poco antes por el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) advirtió de que “esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza” y su director legal, Suhad Bishara, agregó que la medida viola el principio de la igualdad y la prohibición de discriminación racial. De hecho, Adalah agregó que la ley, “una de las más violentas y discriminatorias”, es “una flagrante violación del derecho internacional” porque la Knesset “no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada”.

“Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra”, argumentaron, adelantando que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí “como cuestión de máxima urgencia”. La decisión del Parlamento israelí también acarreó las críticas de ONG internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Amnistía, exigió a las autoridades israelíes que “deroguen urgentemente las enmiendas legislativas” aprobadas, que ha descrito como “una muestra pública de crueldad, discriminación y absoluto desprecio por los Derechos Humanos”, según las palabras de la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de la ONG, Erika Guevara-Rosas.

Guevara-Rosas, recordó que Netanyahu ”es buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ha sido uno de los que han votado a favor de la ley”. De acuerdo a la ONG, las personas que sean condenadas bajo esta ley no tendrán derecho a indulto, “lo que la convierte en una de las más extremas del mundo” en materia de pena capital. Desde Human Rights Watch, a su vez, mostraron su oposición a la pena capital bajo cualquier circunstancia y también en este caso.

De hecho, su subdirector en Oriente Próximo, Adam Coogle, argumentó que, “aunque algunos responsables israelíes argumentan que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad”, en realidad, “afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid”. “La pena de muerte es irreversible y cruel. Sumada a las severas restricciones a las apelaciones y a su plazo de ejecución de 90 días, este proyecto de ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio”, ha argumentado.

Las reacciones negativas a esta reforma han tenido réplica asimismo en el viejo continente, donde el Consejo de Europa, cuyo secretario general, Alain Berset, manifestó la oposición del organismo a la pena de muerte. “Se analizará sus implicaciones para los convenios del Consejo de Europa de los que Israel es parte, así como para los mecanismos de cooperación en los que participa este Estado”, señaló Berset. El organismo también alertó de “un mayor distanciamiento de Israel del marco de valores con el que históricamente se ha identificado”.

“La pena de muerte es un anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos. Además, cualquier aplicación de la pena de muerte que pueda considerarse discriminatoria es inaceptable en un Estado de derecho”, sostuvo Berset. Sus palabras han llegado en medio de las reacciones de varios países europeos a la decisión del Parlamento israelí, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que han expresado su “profunda preocupación” por un proyecto de ley que consideran “discriminatorio”, y que han pedido a Israel que abandonen esta reforma.

A ellos se ha sumado también Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, condenó la reforma en un comunicado en el que manifestó su “particular” preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley en lo que respecta a los palestinos”. Por ello, “Irlanda insta al gobierno y al Parlamento israelíes a no implementar esta ley”, subraya el texto.