Organización ambiental desmiente con cifras al Gobierno: “La protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo”

FIMA alerta que Ley de “Reconstrucción Nacional” debilita justicia ambiental y favorece proyectos cuestionados La ONG FIMA encendió las alertas frente al proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, iniciativa impulsada por el Gobierno bajo el argumento de acelerar inversiones y reactivar la economía. A través de una serie de publicaciones difundidas en Instagram, la organización sostuvo que la propuesta “incluye algunas de las reformas ambientales más regresivas de los últimos años”, apuntando a un debilitamiento del acceso a la justicia ambiental, la participación ciudadana y los controles técnicos independientes. Según explicó FIMA, el proyecto “parte de la idea de que los proyectos de inversión se frenan por los excesos de rechazos y litigios”.

Sin embargo, la organización cuestionó ese diagnóstico y aseguró que las cifras muestran una realidad distinta. En las láminas difundidas, indicaron que “solo un 5% de los proyectos ingresados al SEIA son rechazados” y que “entre 2014 y 2023, solo un 5,5% de los proyectos aprobados fueron judicializados”. Ante ello, plantearon la interrogante: “¿Es el problema realmente la judicialización?

”. Uno de los principales cuestionamientos apunta al debilitamiento del derecho de acceso a la justicia ambiental. FIMA explicó que actualmente existen mecanismos para objetar permisos ambientales, como la invalidación administrativa y las observaciones ciudadanas, herramientas que permiten reclamar cuando existen irregularidades o insuficiencias en los procesos de evaluación.

No obstante, denunciaron que “el proyecto de ley busca eliminar esta vía”, reduciendo las posibilidades de impugnar proyectos aprobados irregularmente. “Esto significa que será mucho más difícil oponerse a proyectos aprobados con errores, vicios o actuaciones fuera de la ley”, señalaron. La organización también criticó la reducción de plazos para reclamar permisos ambientales.

Actualmente, recordaron, existe un plazo de hasta dos años para impugnar permisos sectoriales, mientras que la iniciativa lo reduciría a apenas seis meses. “Muchos permisos tienen poca difusión pública y quienes sufren directamente los impactos suelen enterarse tarde de su aprobación”, advirtió FIMA, agregando que esta modificación “dificulta la fiscalización ciudadana”, “aumenta las barreras para reclamar” y “reduce el acceso a la justicia ambiental”. Otro de los puntos que generó preocupación es la limitación de las medidas cautelares en tribunales ambientales.

FIMA recordó que estas herramientas permiten evitar daños irreversibles mientras se revisa un proyecto, pero acusó que la propuesta restringe su duración a “máximo 30 días renovables” y que “nunca superen los 6 meses”. La fundación ejemplificó que esto podría permitir que “un proyecto pueda ser operado o construido incluso con un juicio pendiente sobre su legalidad”, generando daños ambientales difíciles o imposibles de revertir posteriormente. En el análisis difundido, FIMA además cuestionó una disposición que obligaría al Estado a compensar económicamente a titulares de proyectos si posteriormente sus permisos ambientales son anulados.

“Actualmente, la evaluación ambiental de grandes proyectos genera un costo importante para el Estado”, indicaron. Sin embargo, agregaron que con esta reforma “si no se le cobra a las empresas para que financien esta labor del Estado, ¿por qué el Estado les debería devolver dinero si se anula su permiso ambiental? ”.

A juicio de la organización, esta norma podría “desincentivar el control ambiental del Estado”, “desincentivar la presentación de buenos proyectos” y “trasladar riesgos de privados al Estado”. Las críticas también se extendieron al fortalecimiento de la llamada “rectoría técnica” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Según FIMA, la propuesta implicaría que el SEA “podría dejar de considerar observaciones técnicas de otros organismos públicos especializados”, debilitando contrapesos técnicos dentro de la evaluación ambiental.

“Esto debilita los contrapesos técnicos dentro de la evaluación ambiental. Menos organismos opinando de manera independiente puede significar evaluaciones menos rigurosas e imparciales, menor fiscalización y decisiones más centralizadas”, advirtieron. La organización cuestionó las flexibilidades que el proyecto entregaría a industrias como la salmonera y alertó sobre el eventual debilitamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

FIMA sostuvo que la iniciativa “reduce controles sobre relocalizaciones salmoneras y debilita mecanismos contra el acaparamiento de concesiones”. Finalmente, señalaron que el proyecto amplía plazos para implementar normas y áreas protegidas, lo que podría “mantener la desprotección de ecosistemas clave o de alto valor”. En su mensaje final, la fundación enfatizó: “La protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo.

Y debilitar controles no garantiza desarrollo”, llamando además a la ciudadanía a exigir que la iniciativa “no avance por sus graves impactos ambientales y en el acceso a la justicia”.