Oposición en Magallanes solicita aclaraciones al diputado Alejandro Riquelme por declaración patrimonial y societaria

Los partidos políticos de oposición de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena manifestaron su preocupación ante antecedentes conocidos públicamente relacionados con la declaración de intereses y patrimonio del diputado Alejandro Riquelme Ducci, apuntando a posibles inconsistencias que, aseguran, generan dudas sobre los estándares de transparencia y probidad exigidos a las autoridades. A través de una declaración pública, las colectividades señalaron que la transparencia constituye un deber político y ético fundamental para toda autoridad electa, especialmente respecto a la información vinculada con intereses económicos y participación en sociedades. Entre los puntos cuestionados, indicaron que existiría falta de claridad sobre deudas por contribuciones asociadas a al menos 17 propiedades pertenecientes a una empresa donde el parlamentario tendría un 25% de participación.

Aunque reconocen que la normativa podría no exigir declarar individualmente los bienes de una sociedad, sostienen que el estándar ético esperado de un representante público debiera superar el cumplimiento estricto de las obligaciones legales. Asimismo, solicitaron esclarecer si el diputado mantiene actualmente participación en una sola empresa —como habría sido informado oficialmente— o si participa en cuatro sociedades distintas, situación que, según afirman, aparece reflejada en registros de constitución y modificación de sociedades disponibles en plataformas oficiales. Desde la oposición señalaron que la ciudadanía magallánica requiere respuestas claras sobre estos antecedentes y recalcaron que el ejercicio de la función parlamentaria demanda total transparencia para evitar dudas respecto a la información patrimonial y societaria entregada al país.

Finalmente, hicieron un llamado a Alejandro Riquelme Ducci a entregar aclaraciones públicas, completas y documentadas, argumentando que ello contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el ejercicio responsable de la representación política.