Oposición contraataca e incluye el informe financiero entre las 23 inconsistencias que detecta en la propuesta de reactivación

Este martes, la primera reunión técnica entre representantes de Hacienda y los representantes de parlamentarios de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados por el proyecto de reactivación y reconstrucción, estuvo marcada por una situación particular. Asesores de oposición llegaron a la cita con una minuta de 14 páginas donde advierten a sus contrapartes una serie de problemáticas, apuntando también al informe financiero del texto y que fue elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Entre los asistentes se encontraban Cristián Cataldo y Nicolás Bohme en representación del diputado Boris Barrera; Pablo Verdugo por la diputada Priscilla Castillo; y Jorge Berríos y Francisco Castillo por el independiente Carlos Bianchi.

El análisis del documento se centra en cinco ejes: inconsistencias del informe financiero; incorporación de acuerdos tomados en la tramitación y que reducen los ingresos del Fisco; estimación de medidas con impacto en el gasto fiscal; la estimación de medidas con efecto tributario; y efectos indirectos sobre el crecimiento económico y la recaudación fiscal. Una de las primeras observaciones es que una de las tablas del informe financiero donde el Ejecutivo señala las medidas como porcentaje del PIB, se muestra que dentro de los “efectos en recaudación por crecimiento”, el apartado de “adelantamiento de inversiones tendrá un efecto recaudatorio por 0,10 punto porcentual (pp. ) del PIB.

Sin embargo, en otra tabla, donde se muestran las medidas en millones de pesos de 2026, la misma iniciativa muestra $ 0. “Se genera una diferencia relevante en la proyección de costo fiscal para el año 2026. En la tabla 13, se estima un costo fiscal de 0,09% del PIB, lo que equivale a aproximadamente $ 350.

000 millones. En cambio, en la tabla 14, el costo fiscal estimado para el año 2026 es de $ 838. 000 millones.

Hay una diferencia de $ 400. 000 millones en el costo entre dos tablas distintas”, advierte la minuta. El texto apunta a la reducción en la tasa corporativa para las PYME, que el Ejecutivo incorporará en otra iniciativa para mantener el tributo en 12,5%.

A esto se suma otro compromiso para aplicar el Bolsillo Familiar Electrónico a la compra de medicamentos y pañales. Ambas medidas, calculan los asesores, implicarán menores ingresos al Fisco por US$ 1. 000 millones: “Aunque dicha propuesta legislativa estaría contenida en otro proyecto de ley, correspondería sumarla en la proyección fiscal que se desprende de la reforma en discusión”, exponen.

Rebaja corporativa Otro punto es que el informe financiero estima un efecto total de la rebaja del impuesto corporativo, en régimen, equivalente a 0,44% del PIB, de los cuales 0,41% del PIB corresponden al efecto sobre el régimen general semi integrado. En cambio, sostienen, el Informe de Estadísticas Tributarias de Hacienda (marzo 2026) proyecta que el efecto en recaudación de disminuir cuatro puntos porcentuales la tasa de Primera Categoría asciende a 0,52% del PIB: “ Es decir, es aproximadamente US$ 400 millones superior a lo estimado en el informe financiero”, alertan. Arremeten también contra los cálculos del efecto fiscal de la reintegración del sistema.

Exponen que el informe financiero estima menores ingresos de 0,04% del PIB al año 2030, que en régimen (2034) llegaría a 0,12% del PIB. “Esta proyección está subestimada en al menos un 50%”, dice la minuta, entregando -entre otras razones- antecedentes como que ●el citado informe de Hacienda estimaba el efecto fiscal en 0,27% del PIB; mientras que el informe financiero de la ley de modernización tributaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera calculaba en 0,2% del PIB el costo. Los asesores también cuestionan que se incorpore como ahorro en el proyecto de ley la ampliación del incentivo al retiro de funcionarios públicos; piden detalles de por qué que se omite una estimación del costo fiscal de la norma que obliga al Fisco a reembolsar gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de Resolución de Calificación Ambiental (RCA); consultan por qué Hacienda estima ahorros por US$ 330 millones en la eliminación de la franquicia tributaria Sence, cuando el gasto ha rondado los US$ 200 millones; piden incluir el efecto de la nueva franquicia DFL-2 para personas jurídicas y no solo naturales; además de entregar más detalles sobre el efecto en el crecimiento económico de la invariabilidad tributaria; y corregir el “error” en la estimación del efecto de los cambios en la tramitación de permisos ambientales sobre la actividad, ya que el Ejecutivo estima una reducción de plazos equivalentes a 2,6 años, lo que representa una sobreestimación de 40% respecto a lo proyectado en el propio informe financiero.