Opinión| ¿Presión política? Quiroz da pie atrás en recorte de seguridad

Hay momentos en que la política irrumpe con fuerza suficiente para torcer la lógica técnica. Lo ocurrido con el recorte presupuestario del 3% al Ministerio de Seguridad es uno de ellos. Lo que comenzó como una decisión homogénea, un ajuste transversal para todas las carteras, terminó convirtiéndose en el primer retroceso visible del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la conducción fiscal del gobierno de José Antonio Kast.

No fue un error técnico. Fue, más bien, un choque entre dos racionalidades, la disciplina presupuestaria y la urgencia política. Desde Hacienda, la señal era clara, orden, austeridad y control del gasto.

Pero desde el Congreso la respuesta fue igualmente categórica, no se recorta seguridad en medio de una crisis de seguridad. La propuesta de rebajar más de $72 mil millones al Ministerio de Seguridad no solo encendió alarmas en la oposición. También tensionó al oficialismo.

Parlamentarios de distintos sectores entendieron rápidamente el costo político de la medida, debilitar, aunque fuera simbólicamente, a Carabineros y la PDI en un contexto de alta sensibilidad ciudadana. Y actuaron en consecuencia. Pero hay un elemento aún más profundo que explica la reacción.

La seguridad fue la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, el eje sobre el cual construyó su relato político y su legitimidad electoral. En ese marco, impulsar un recorte presupuestario en esa misma área no solo resultaba inoportuno, sino derechamente contradictorio. No era solo un ajuste fiscal, era una señal política que tensionaba el corazón del proyecto de gobierno.

Lo interesante es que esta presión no se expresó únicamente como crítica mediática. Se tradujo en reuniones, en coordinación parlamentaria y en una señal política transversal que el Ejecutivo no pudo ignorar. En otras palabras, el Congreso operó como un corrector de la política pública, forzando al gobierno a recalibrar su decisión.

La ministra Trinidad Steinert intentó encuadrar el giro como un proceso técnico. “Esto siempre fue una propuesta”, señaló. Pero esa explicación, aunque plausible, no logra ocultar lo evidente, sin presión política, la medida probablemente habría avanzado.

Y ahí está el punto central de este episodio. No se trata solo de seguridad. Se trata de poder.

De quién define las prioridades en un gobierno que busca instalar orden fiscal, pero que enfrenta una agenda pública marcada por la inseguridad y la desconfianza. El retroceso de Hacienda no es menor. Es una señal.

Marca un límite, la política fiscal no puede abstraerse del contexto social y político. Y también abre una interrogante hacia adelante, ¿cuántas otras decisiones “técnicas” estarán sujetas al mismo tipo de presión? Porque si algo dejó en evidencia este episodio es que, en el Chile de hoy, la seguridad no es una línea más en la planilla Excel.

Es el eje sobre el cual se mide la legitimidad del gobierno. Y en ese terreno, los parlamentarios, oficialistas y opositores, han demostrado que están dispuestos a intervenir. En definitiva, más que una derrota política temprana para Hacienda, es una buena noticia para el país el que no se concrete este recorte que sin duda golpearía la seguridad de todos los chilenos.