Opinión| El precio y sus silencios

Por Alan Sepúlveda Rodríguez - Académico de Administración Pública Universidad Central sede Región de Coquimbo El alza de los combustibles no es un accidente ni una simple decisión del Gobierno. Es la expresión de una economía que no controla su energía y de un Estado que, ante límites fiscales, deja de amortiguar el shock. Más que subir precios, comienza a revelar su costo real.

La discusión se ha reducido a si el gobierno debió evitar el alza, pero esa pregunta es superficial. El problema no es el precio en sí, sino quién absorbe sus efectos. En una economía dependiente, el MEPCO no elimina el shock, decide si lo paga el Estado o se traslada a los hogares.

Más que un instrumento técnico, el MEPCO funciona como un dispositivo político de contención. No elimina las alzas, las administra, suaviza su impacto, reduce el malestar inmediato y preserva legitimidad. Pero al hacerlo, posterga el conflicto sin alterar la dependencia que lo origina.

El ajuste reciente marca un punto de inflexión. El Estado reduce su capacidad de amortiguar el alza y acelera el traspaso del costo hacia los hogares. No es solo un cambio técnico, es una decisión que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la contención del impacto inmediato.

Chile importa la totalidad de sus combustibles, por lo que no define sus precios, solo administra sus efectos. Esta vulnerabilidad no es coyuntural, responde a una inserción periférica sin estrategia energética, donde la dependencia limita la capacidad real del Estado para intervenir. La controversia sobre la “caja fiscal” revela algo más profundo que una disputa de cifras.

No existe una única lectura de la situación del Estado, sino recortes construidos desde distintos momentos y criterios. En ese marco, la apelación a la estrechez fiscal no es solo un diagnóstico técnico, es también una forma de ordenar las decisiones posibles. La capacidad estatal no se agota en la liquidez inmediata; incluye endeudamiento, credibilidad y decisión política.

El punto, entonces, no es si hay o no recursos, sino qué se considera un uso legítimo de ellos. Más que perfeccionar mecanismos de estabilización, lo que falta es una estrategia energética de largo plazo. Sin ella, el Estado solo administra shocks.

El problema no es cuánto sube la bencina, sino cómo se distribuyen sus costos y qué rol asume el Estado frente a ellos. Mientras el debate siga reducido a cifras, se elude la pregunta de fondo. ¿Qué modelo económico sostenemos?

y ¿Qué tipo de Estado estamos dispuestos a construir ante crisis que no controlamos?