Operadores de Magallanes alertan por presuntas travesías ilegales de cruceros en Patagonia chilena

Empresas turísticas de la Región de Magallanes encendieron las alertas tras denunciar que cruceros internacionales estarían realizando actividades dentro de fiordos y canales australes al margen de la legislación vigente. Acusan desembarcos en zonas no habilitadas, incumplimientos a la Ley 21. 774 de cabotaje y una débil fiscalización estatal en un territorio considerado altamente sensible desde el punto de vista ambiental y estratégico.

Las denuncias apuntan a un patrón que, según los operadores locales, no sería aislado. En un contexto donde la normativa marítima impone estrictas exigencias a actores nacionales, aseguran que embarcaciones extranjeras estarían operando con mayor flexibilidad, generando un escenario de competencia desleal y eventuales infracciones en distintos niveles. Uno de los episodios más recientes se registró en el Fiordo Parry, donde fue avistado un crucero de gran tamaño —incluso equipado con helicóptero— realizando desembarcos de pasajeros.

El hecho generó preocupación entre empresas del sector, tanto por el despliegue logístico como por la aparente ausencia de controles en una zona donde estas operaciones están reguladas. A ello se suma lo ocurrido en Bahía Jackson, área reconocida por su valor ecológico y la presencia de elefantes marinos. Según relatan actores locales, en ese punto un crucero internacional habría desembarcado cerca de 200 turistas, sin claridad respecto de permisos o fiscalización efectiva.

“Navegando en Tierra del Fuego en una zona tan alejada y exclusivamente chilena, me llamó la atención encontrarme con dos cruceros realizando ‘landing’ (bajada de turistas en lugares no habilitados), uno en Bahía Jackson (zona de reproducción de elefantes marinos), y el segundo al final del Fiordo Parry, lugar donde además de numerosos glaciares, es posible observar focas leopardo. Definitivamente la legislación nacional, no permite el ‘landing’, fuera de los puertos habilitados para ese fin”, denuncia Alejandro Solo de Zaldívar, gerente general de Solo Expediciones. Más allá del impacto ambiental, el conflicto se centra en el cumplimiento de la normativa de cabotaje en Chile, particularmente en el transporte de pasajeros.

La legislación establece que estas operaciones deben realizarse exclusivamente entre puertos habilitados, y tradicionalmente han estado reservadas a operadores nacionales, salvo excepciones reguladas. Sin embargo, según las denuncias, estos cruceros no solo transitan por el Estrecho de Magallanes, sino que además desarrollan actividades propias del turismo interno sin ajustarse a las reglas. “Esta situación constituye una vulneración flagrante a la Ley 21.

774, la cual prohíbe que embarcaciones de esta escala (menores de 400 pasajeros) realicen cabotaje en la Zona Austral. Este incumplimiento de la ley frena el desarrollo de nuestra industria marítima regional y nacional. Es imperativo que la DIRECTEMAR, representada por la Gobernación Marítima, ejerzan sus facultades de fiscalización.

Exigimos que las instituciones actúen con rigor y coherencia”, agrega Alejandro Solo de Zaldívar. El debate también incorpora un componente económico. De acuerdo con los operadores, estas embarcaciones generarían ingresos en territorio chileno a partir de servicios turísticos, sin necesariamente cumplir con las obligaciones tributarias, laborales y comerciales exigidas a las empresas locales.

“Mientras hay operadores nacionales a los que se le imponen estrictas limitaciones, por otro lado, tenemos embarcaciones extranjeras que operan sin cumplir las leyes chilenas, desplazándose por nuestros fiordos y canales sin los controles correspondientes. Es hora de terminar con las interpretaciones antojadizas y aplicar la normativa vigente de cabotaje de pasajeros”, afirmó el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic. Para los actores del sector, el problema trasciende casos puntuales.

Apuntan a un fenómeno donde convergen vacíos regulatorios, debilidades en la fiscalización y la presión de un mercado turístico global en expansión, especialmente en destinos remotos como la Patagonia chilena. Hasta ahora, no existe una respuesta pública clara sobre el alcance de estas prácticas ni eventuales sanciones. En paralelo, crece la discusión sobre los estándares de sostenibilidad en la industria turística, con cuestionamientos a la aplicación desigual de exigencias entre operadores nacionales e internacionales, así como a la coherencia del modelo de desarrollo que el país busca proyectar en zonas de alto valor ambiental.