ONGs bajo la lupa: Los detalles del proyecto que busca transparentar el financiamiento que reciben

¿Quién financia a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Chile? La interrogante ha estado sobre la mesa hace años y tomó más fuerza esta semana, tras revelarse que una asociación noruega daba millonarios aportes a comunidades lafkenches del sur del país. Según reveló el pasado lunes un reportaje de TVN, la ONG Norwegian People's Aid (NPA, Ayuda Popular Noruega) habría estado financiando a comunidades lafkenche, pese a ser del país que es su mayor competidor a nivel global por la industria del salmón.

El problema radica en que dichas comunidades están facultadas para detener cualquier proyecto salmonero en Chile, ya que están amparadas bajo la Ley 20. 249 -conocida como "Ley Lafkenche"- que fue promulgada en 2008 y regula y protege los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), permitiendo que comunidades soliciten administrar áreas de uso ancestral en el borde costero para actividades tradicionales y de subsistencia. Algunos aseguran que existe un vacío legal sobre la transparencia que deberían tener las ONGs en el país, ya que estas dan a conocer escasa información sobre su composición y tendrían un sistema de control bastante laxo respecto al origen de su financiamiento y administración de recursos.

A ello se suma que los últimos años se ha intensificado su oposición a proyectos de inversión en sectores clave para Chile en áreas como la minería, la salmonicultura y la energía, bajo el argumento de que podrían afectar a las comunidades o su ecosistema. Es por todo esto que los últimos días ha aumentado el consenso respecto a que estas organizaciones requieren de una ley para transparentar su financiamiento. "Nadie sabe a quién representan ni quién los financia"Esta semana el senador Miguel Ángel Calisto (IND-FRVS) pidió al Gobierno dar urgencia a un proyecto de ley que busca exigir la transparencia del financiamiento de estas organizaciones.

Según señaló en conversación con Emol "el principal problema que buscamos resolver es la opacidad estratégica y el vacío regulatorio que permite a grupos de interés, tanto nacionales como extranjeros, intervenir en nuestras decisiones soberanas sin dar la cara". "Hoy en día, en Chile, un parlamentario, un ministro o un juez están sujetos a altísimos estándares de transparencia. Sin embargo, tenemos Organizaciones no Gubernamentales y fundaciones que se sientan en las mesas de discusión legislativa, que presentan recursos judiciales para frenar proyectos de inversión y que influyen en la opinión pública a través de campañas comunicacionales, pero nadie sabe realmente a quién representan ni quién los financia", cuestionó.

A su juicio, "no es razonable que estas organizaciones ejerzan una capacidad de lobby tan potente como la de cualquier gran empresa, pero sin las mismas exigencias de probidad. Queremos saber qué intereses y qué capitales hay detrás de quienes buscan incidir en la redacción de nuestras leyes. La transparencia no puede ser solo para el Estado; debe ser para todos los actores que participan del debate público".

Fue en junio de 2023 -en pleno estallido del caso Convenios- que Calisto junto a los diputados Erika Olivera, Joanna Pérez, Jorge Saffirio y Leonardo Soto ingresaron un proyecto para modificar la ley N° 20. 500 sobre organizaciones sociales, y la ley N° 20. 730, que regula el lobby y a los gestores de interés particular, estableciendo la obligación a las ONG de transparentar sus ingresos y mecanismo de financiamiento e informarlas.

En julio de 2023 la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto: la iniciativa recibió un amplio respaldo con 132 votos a favor. El proyecto de ley En concreto, la iniciativa establece que en Chile "hay numerosas ONGs que participan activamente en debates públicos y trabajan para representar y promover sus intereses. Sin embargo, debido a la necesidad de mayor transparencia y regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas, surge la pregunta sobre los intereses, recursos y financiamiento detrás de estas instituciones".

Ante ello, la moción busca garantizar la probidad y evitar eventuales situaciones ilícitas como conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilegales y tráfico de influencias. En el documento se establece que la normativa de la misma ley deberá determinar las características que debe reunir una ONG para ser considerada como tal y la forma para dar cumplimiento a esta obligación de transparencia, además de que deberá inscribirse en el Registro de Organizaciones sin Fin de Lucro. Se suma que todas las ONG deberán proporcionar una copia de la información ingresada al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro relativa a sus ingresos y financiamiento, en los casos en que se solicitaré reunión o audiencia a través de la plataforma de lobby.

"Tenemos ONGs y fundaciones que se sientan en las mesas de discusión legislativa, que presentan recursos judiciales para frenar proyectos de inversión y que influyen en la opinión pública a través de campañas comunicacionales, pero nadie sabe realmente a quién representan ni quién los financia". Miguel Ángel Calisto, senador Calisto aseguró que para que esta ley no sea "letra muerta", "establecemos facultades de control en distintos niveles; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como órgano que ya posee la potestad de fiscalizar a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, su rol se fortalece para supervisar que estas cumplan con sus estatutos y con la nueva obligación de transparencia financiera". "También el Consejo para la Transparencia, el que será clave en la fiscalización del acceso a la información pública relacionada con los convenios estatales, asegurando que el registro de beneficiarios finales y los contratos de las ONGs con el Estado sean de fácil acceso para cualquier ciudadano", sostuvo.

Añadió que "en todos aquellos casos donde existan transferencias de fondos públicos, la Contraloría mantiene y refuerza su facultad de examinar el uso de esos recursos para prevenir casos de corrupción o malversación". Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. Calisto apuntó que "para que tenga una tramitación más expedita, le hemos pedido al Ejecutivo que le ponga urgencia.

Esperamos que esta nueva administración nosescuche y permita avanzar en esta materia". "Nivelar la cancha" Calisto aseguró que "en una democracia moderna no pueden existir espacios de opacidad para quienes buscan influir en la toma de decisiones públicas". En esa línea, apuntó que "el mundo empresarial hoy está sujeto a rigurosas normas de compliance, transparencia financiera y registros de lobby; es de toda lógica que las ONGs, que hoy tienen una capacidad de incidencia política, judicial y comunicacional equivalente o incluso superior a muchos gremios, jueguen con las mismas cartas sobre la mesa".

"No se trata de una persecución, sino de nivelar la cancha para que la ciudadanía sepa quién financia las agendas que se promueven en el Congreso o en los tribunales, evitando que intereses extranjeros o corporativos se disfracen de 'causas sociales'", sostuvo. Proyectos frenados Son varios los que apuntan contra ONGs por la paralización de proyectos de inversión en el país. Para Calisto, lo revelado por el reportaje de TVN esta semana "no es un hecho aislado, sino la confirmación de un patrón de intervención que venimos denunciando con fuerza.

Es inaceptable que potencias extranjeras, bajo la fachada del filantropismo, financien agendas que terminan paralizando el desarrollo de nuestras regiones. No estamos hablando de unas cuantas hectáreas de mar, sino de más de 3 millones que se han solicitado hasta febrero de este año vía ley Lafkenche". En el caso de la salmonicultura, Calisto aseguró que "hemos visto a organizaciones como Greenpeace, Oceana o Terram, que reciben cuantiosos recursos del exterior y que han ejercido una presión asfixiante para frenar concesiones y relocalizaciones en el sur austral".

"Si estas ONGs reciben dinero de países competidores directos de nuestra industria, los chilenos tenemos el derecho básico de saberlo", apuntó el senador. Asimismo, recordó la incidencia de ONGs en la caída de proyectos como HidroAysén, un ambicioso y polémico proyecto hidroeléctrico de US$3. 200 millones que buscaba construir cinco centrales en los ríos Baker y Pascua en la Patagonia chilena.

La iniciativa tuvo una fuerte oposición social y ambiental, siendo rechazado por el Comité de Ministros en 2014 y cancelado por inviabilidad económica en 2017. "Más allá de la discusión ambiental legítima, nunca hubo claridad total sobre los flujos de capitales extranjeros que financiaron esas extensas campañas comunicacionales y legales. No podemos permitir que el futuro de las familias de Aysén, Los Lagos o Magallanes sea decidido en oficinas de Oslo, Ginebra o Washington", cerró el senador.