Nuevo Gobierno firma decreto que destraba 51 proyectos por US$ 16.000 millones entrampados en evaluación ambiental
El “Gobierno de Emergencia” que enarboló José Antonio Kast siendo candidato presidencial se hizo realidad este miércoles con la firma de múltiples decretos que, entre otras materias, aterrizaron iniciativas como un plan de un escudo fronterizo, un reforzamiento de los límites internacionales, un exhaustivo control migratorio así como una auditoría amplia y profunda a todos los ministerios e instituciones del Estado. Pero entre las disposiciones más esperadas por el sector empresarial estuvo aquella que busca resolver los atrasos en la tramitación de permisos. En concreto, se trata de una instrucción presidencial para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Esta directriz contempla agilizar a aquellos proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada (RCA) que enfrentan postergaciones de corte administrativo “fuera de todo plazo”, según se lee en la minuta explicativa respectiva. Esto viabilizaría inversiones por US$ 16 mil millones. Para despejar estas iniciativas, se establecen nuevos plazos.
Así, en el caso de los recursos vencidos, la resolución máxima es de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo. En aquellos procesos donde hay recursos ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se fija un lapso total de 30 días hábiles. En esta situación hay 20 declaraciones de impacto ambiental (DIA) que suponen inversiones por US$ 6.
500 millones. Y en el caso de aquellos proyectos con reclamaciones que escalan al Comité de Ministros, se establece que su resolución concluya en un máximo de 60 días hábiles. En este trámite están entrampados 22 proyectos con estudios ambientales por US$ 9.
800 millones. Además, el Gobierno detalló que hay nueve proyectos adicionales con RCA en trámite con permisos atrasados. Auditoría total Una medida que se vincula al objetivo de mejorar la gestión del sector público y la honestidad en el ejercicio de esta función es la disposición para realizar una amplia auditoría a los ministerios e instituciones del Estado.
Según se detalló, “se trata de un mecanismo que establece una linea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”. Así, se creará una fuerza de tarea para liderar la coordinación, que incluye al Subsecretario del Interior, Máximo Pavez; a su par de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y de Segpres, Constanza Castillo, pero con reportes directos al Presidente de la República. En desarrollo.