Nuevo Gobierno condiciona Sala Cuna Universal ante “realidad de las finanzas”

La mesa directiva del Senado solicita plazos concretos para el proyecto de conciliación laboral, mientras el Ejecutivo advierte que la deuda pública limita la velocidad de la reforma. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó la iniciativa como la herramienta más potente para la reactivación económica y la generación de empleo femenino en el país. En este contexto, la legisladora otorgó un plazo de 90 días para obtener certezas respecto al financiamiento de una ley que la ciudadanía demanda desde hace casi una década.

Sin embargo, la administración del Presidente José Antonio Kast mantiene una postura de cautela financiera. El ministro de la SEGPRES, José García Ruminot, ratificó el interés del Ejecutivo por avanzar, pero aclaró que la viabilidad del proyecto depende estrictamente de las finanzas públicas. Esta prudencia responde al complejo balance económico heredado: Chile cerró el año 2025 con un déficit fiscal estructural del 3,6% del PIB, lo que representa una deuda histórica cercana a los 13 mil millones de dólares.

Desde el sector económico, las advertencias son claras. Pablo Barberis, académico de la Universidad de Chile, señaló que si el Estado pretende costear íntegramente la medida, debe garantizar que sea sustentable en el largo plazo para no profundizar la crisis fiscal. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), criticó la gestión de la administración anterior de Gabriel Boric, acusando un “apuro” innecesario en las últimas semanas de su mandato que habría dejado vacíos técnicos en el financiamiento.

La directiva de la Cámara Alta espera que el proyecto se materialice durante este 2026. No obstante, el nudo gordiano del debate no parece ser político, sino técnico: cómo financiar un beneficio universal sin comprometer la estabilidad económica de un país que atraviesa su momento financiero más delicado de los últimos años. La resolución de este conflicto determinará el ritmo de la agenda social para el primer semestre del actual gobierno.