Nuevo desalojo a adulta mayor

El caso se arrastra desde 2025, cuando se inició el proceso de desalojo del terreno. A raíz de ello, la defensa de Barrera presentó un recurso de protección que derivó en una conciliación para facilitar su traslado con apoyo estatal. Hoy, el punto de conflicto radica en si ese acuerdo ya fue cumplido o si aún está en ejecución.

Por Joaquín López Barraza El pasado 1 de abril, el mismo día en que cumplía 76 años, la señora Margarita Barrera recibió una nueva notificación de desalojo en su vivienda ubicada en la Parcela 41 de Vega Sur, en La Serena. Hasta el lugar llegaron funcionarios acompañados de Carabineros. El procedimiento generó cuestionamientos, ya que existe una conciliación vigente en la Corte de Apelaciones de La Serena que mantenía suspendido el desalojo mientras se gestionaban beneficios habitacionales para su traslado.

Sin embargo, desde la Delegación Presidencial sostienen que dicho acuerdo ya se encuentra cumplido. Según antecedentes presentados ante el tribunal, en diciembre de 2025 se le asignó a Barrera un subsidio para la compra de vivienda, además de un beneficio de arriendo transitorio por 12 meses. Posteriormente, en enero de este año, se le habría entregado el certificado que le permite hacer uso de estos aportes.

Desde el entorno de la adulta mayor, en tanto, plantean una versión distinta. «Estamos en plena búsqueda de vivienda, esto no es rápido, y aun así volvieron con una orden de desalojo», señaló Paola Rojas, vecina que la ha acompañado durante el proceso. Según relató, funcionarios de la Delegación acudieron al lugar para notificar el procedimiento e insistieron en que Barrera debía firmar el documento.

«Ella trató de mostrar los papeles, pero le dijeron que había entendido mal la resolución», afirmó. Tras lo ocurrido, ambas acudieron a la Corte de Apelaciones para consultar la situación. De acuerdo con Rojas, se les indicó que debían presentar los antecedentes a través de la oficina de partes, por lo que evalúan nuevas acciones legales.

El episodio no solo reactivó el conflicto judicial, sino que también impactó en una fecha especial para la afectada. «Ella tenía planes de salir a almorzar, de recibir saludos, y terminamos haciendo trámites, yendo a la Corte y a Derechos Humanos», comentó Rojas. La vecina también sostuvo que la adulta mayor se vio presionada durante el procedimiento.

«Intentó explicar su situación, pero no fue escuchada», agregó. Aunque los subsidios ya habrían sido otorgados, el proceso de búsqueda y adquisición de una vivienda continúa en desarrollo.