Nombramiento de embajadores: cambian los gobiernos, pero siguen las mismas prácticas

En los últimos días hemos conocido por la prensa el nombramiento de embajadores del nuevo gobierno de José Antonio Kast y las críticas que hacía tanto el ahora Presidente, como su sector a gobiernos anteriores, ahora se le hacen a las nuevas autoridades. Y es que cada vez que viene un cambio de gobierno o hay algún incidente que involucra a un embajador, en la prensa vuelve el eterno debate de cómo deben nombrarse los embajadores. Y son dos aspectos los que principalmente se discuten : si debe mantenerse la facultad presidencial exclusiva en los nombramientos y de dónde deben provenir las personas nombradas para estos cargos.

Sobre el primer punto, la prerrogativa presidencial es una facultad constitucional que conviene mantener, pero la persona nombrada debería al menos hacer una presentación en el Senado, para mostrar sus aptitudes para el cargo. Esto parece una solución razonable, porque no devuelve la potestad al parlamento para ratificar, lo que significaría reeditar los bloqueos por razones ajenas a la persona y, sobre todo, por el “cuoteo” que vemos en otros nombramientos en el Estado. Al mismo tiempo, haría pública las aptitudes de las personas nombradas, para así forzar a elevar el estándar que a veces deja bastante que desear (en gobiernos de todo signo político).

El segundo tema tiene que ver con el lugar desde donde deben provenir las personas nombradas en estos cargos. Aquí hay una grave confusión conceptual que no siempre es inocente, porque hay claros intereses involucrados desde distintos sectores. En primer lugar, es importante señalar que todos los cargos de embajadores son de “confianza presidencial”, por lo tanto son nombramientos políticos, y no solamente técnicos.

Lo segundo es que hay distintos modelos en el mundo para el nombramiento de embajadores. En muchos casos todos o la gran mayoría provienen del servicio exterior, pero en otros no. Entre estos últimos están, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, entre otros.

Cada país tiene una historia y tradiciones distintas, y lo importante es asegurar que las personas nombradas tengan las competencias profesionales adecuadas para el cargo. El problema en Chile no ha sido el que no todos provienen de la carrera diplomática, como se insiste regularmente en los medios. El problema ha sido que con frecuencia se han nombrado personas que no tienen las competencias o antecedentes necesarios para desempeñarse en tan altos cargos, por lo cual lo que ha predominado en los nombramientos ha sido el amiguismo, las conexiones con las autoridades de turno, los cuoteos partidarios, las compensaciones políticas y otras prácticas que dañan la necesidad de profesionalizar más el nombramiento de personas que representarán al país en el exterior.

No es inusual por ejemplo, escuchar conversaciones en distintos espacios, donde cualquiera se siente con los atributos para ser embajador y, si tiene buenas conexiones, muchas veces lo consigue. Eso no debiese ser así, menos en un país como Chile, tan integrado al mundo, pero con recursos limitados, y donde un buen representante puede hacer una gran diferencia en posicionar o promover de manera más eficaz nuestros objetivos e intereses. Las personas con competencia profesional, pueden provenir de diversos ámbitos y eso depende de la actividad previa que hayan realizado.

Por cierto, los mejores profesionales del servicio exterior tienen el legítimo derecho de aspirar a terminar su carrera en el cargo, y a que una porción importante de embajadas sean ocupadas por personas provenientes de ese servicio, pero en otros ámbitos hay también expertos que pueden desempeñarse con iguales capacidades por su trayectoria. Pensemos por ejemplo, en un exparlamentario que estuvo largos años en las comisiones de relaciones exteriores, un economista, un cientista político o un abogado con una larga carrera en organismos internacionales; un político con una vasta experiencia internacional o un académico de relaciones internacionales que lleva años trabajando en la materia. Por eso, el expertise profesional puede provenir de distintos ámbitos y lo importante entonces es asegurar que ya sea alguien del servicio exterior o alguien de otro espacio, tenga las competencias necesarias para la función a desempeñar.

Y esto, la verdad, se ha cumplido bien a medias, en todos los gobiernos sin excepción. Por eso una suerte de examen ante el Senado, aunque no sea vinculante, junto con una evaluación más rigurosa de los antecedentes profesionales del candidato, ayudaría al menos a reducir la discrecionalidad que ha imperado, en la cual a veces los presidentes no han sido bien asesorados sobre las personas que les proponen círculos interesados, sin existir una segunda opinión al que puedan acceder esos mandatarios. Lamentablemente, los poderosos intereses involucrados en acceder a estos cargos harán difícil innovar en la materia y cambiar las malas prácticas observadas hasta ahora, pero trasparentar el problema puede ser el inicio de un cambio que es más necesario que nunca, frente al mundo convulsionado que hoy nos toca vivir.

Nunca es tarde.