“No podemos vender”: mosca de la fruta y “lentitud” del SAG ahogan al agro del Limarí

La presencia de la mosca de la fruta en la provincia del Limarí, principalmente en Monte Patria, ha generado un escenario complejo para el sector agrícola, obligando a intensificar las medidas sanitarias y reforzar la coordinación entre autoridades y productores. Sin embargo, en el mundo agrícola la situación sigue siendo crítica. Los productores enfrentan restricciones para movilizar y comercializar sus productos en zonas afectadas, lo que ha impactado directamente sus ingresos.

Fidel Salinas, presidente del sindicato de pequeños agricultores del Valle de El Palqui, advierte a Diario El Día que el problema ha sido especialmente grave en sectores como Rapel y Pedregal. “Ha estado complicado con la razón de que los focos de la mosca de la fruta en el río Grande para allá, para Rapel y Pedregal. Y esto ha afectado a este sector, porque a lo largo son 7 kilómetros que afecta el entorno”, señaló.

Las denominadas “zonas sucias” han dificultado la salida de productos en el momento oportuno, afectando su calidad y valor comercial. “No es llegar y producir y sacar, porque en esos sectores están en zonas afectadas. Entonces la fruta no se puede comercializar en el momento en que está lista, después madura y ya no tiene el mismo trato”, explicó.

El impacto económico es significativo, especialmente para pequeños productores que dependen directamente de sus cosechas. “La gente vive de eso. Si la gente vende, tiene para pagar la luz, el agua, como todo hogar.

Entonces eso ha afectado mucho”, agregó. Además, muchos agricultores mantienen productos almacenados que no han podido comercializar debido a las restricciones sanitarias. “Hay productos como higos, paltas, limones y membrillos que no se pueden vender porque están en zonas en cuarentena.

Y lo que pasa es que la gente depende de eso”, sostuvo Salinas. Frente a este escenario, los agricultores han planteado la necesidad de buscar alternativas que permitan comercializar bajo condiciones controladas. “Lo que proponemos es que se haga un control de calidad, que el SAG revise y autorice para que puedan vender, porque esa gente depende de eso”, indicó el dirigente.

Las dificultades se ven agravadas por la crisis hídrica que afecta a la zona. “La mosca de la fruta tapó un poco este problema grave de la sequía, pero hoy día ya no hay agua. El embalse La Paloma está crítico y el canal Cogotí cerró hasta nuevo aviso”, advirtió.

El impacto económico, recalcan, no es menor. “Una persona que tiene mil kilos de higo seco a dos mil pesos son dos millones de pesos. No es menor, pero hoy no están recibiendo nada”, enfatizó.

Presión políticaEl alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, confirmó a nuestro medio que este lunes sostendrá una reunión con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, junto a productores locales. El objetivo del encuentro será abordar la compleja situación derivada de la mosca de la fruta y plantear directamente las inquietudes del territorio frente a la respuesta institucional. “Estamos diciendo hace mucho rato cómo la labor del SAG ha sido ineficiente; llevamos un año con la mosca de la fruta”, señaló el jefe comunal, apuntando directamente a la gestión del organismo.

En esa línea, agregó que “por ahí alguien del SAG dijo que eran los bomberos fitosanitarios. Y haciendo esa misma analogía, llevamos un año quemándonos, sin que estos ‘bomberos fitosanitarios’ puedan tomar las medidas correctas para impedir que siga proliferando esta plaga”. Asimismo, el alcalde cuestionó que se responsabilice a la comunidad por la expansión de la mosca.

“Pero es tal la magnitud que las estrategias usadas no han dado resultado. Partimos con un foco de mosca de la fruta que era de origen argentino. Hoy día tenemos casi todos los tipos de mosca, o sea, ya no solamente está la argentina.

Entonces ingresó desde otros lugares y no pueden seguir culpando a nuestra comunidad”, afirmó. En cuanto al impacto social, Herrera advirtió sobre la falta de apoyo a los productores afectados. “Sólo el Estado se ha preocupado de apagar el incendio de la mosca de la fruta, pero no hay ningún instrumento que piense en las personas que están siendo damnificadas, aquellos productores que están perdiendo todo o que no pueden vender su producción.

Para ellos no hay ningún incentivo, salvo un seguro que se está pagando de manera insuficiente”, indicó. Finalmente, el jefe comunal criticó decisiones recientes en la gestión operativa del SAG. “En las últimas semanas han habido señales muy malas, porque nuevamente se están demorando mucho en autorizar la salida de fruta de pequeños y medianos productores.

Se volvió a tomar decisiones desde Santiago y eso demora semanas”, sostuvo. A esto sumó cuestionamientos logísticos, señalando que “un equipo importante del SAG se trasladó a Ovalle, estaciona allá y luego se desplaza hasta la comuna, perdiendo al menos tres horas diarias que podrían estar trabajando acá, siendo que el foco está en Monte Patria”, subrayando la urgencia de acciones más eficaces y apoyo concreto a las familias afectadas. Una crisis que persiste en el territorioEn medio de estas críticas, el Servicio Agrícola y Ganadero ha reforzado su despliegue en la comuna y ha puesto el foco en agilizar sus procesos, logrando una reducción significativa en los tiempos de respuesta durante la temporada de cosechas.

El director regional del SAG, Luis Morales Azócar, explicó que uno de los principales avances ha sido la rapidez en la gestión de solicitudes. “Hemos identificado que, aunque los tiempos de respuesta han disminuido significativamente —pasando de rangos de dos a tres semanas a plazos de apenas dos a tres días en muchos casos—, debemos seguir avanzando hacia una mayor eficiencia”, afirmó. Este avance responde a un trabajo directo con los agricultores de Monte Patria, donde se han sostenido múltiples reuniones con equipos técnicos, autoridades y representantes del agro.

“Como Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), hemos puesto el foco de gestión en el trabajo directo con los agricultores, escuchando activamente las inquietudes de grandes y pequeños productores”, agregó. El objetivo es contener la plaga sin afectar la cadena productiva ni comprometer el estatus sanitario del país, que lo mantiene como el único en Latinoamérica libre de la mosca de la fruta. Para ello, el SAG ha reforzado su presencia en terreno y gestionado mayores recursos, permitiendo acelerar evaluaciones, monitoreos y autorizaciones.

Actualmente, en Monte Patria existen cerca de 820 productores inscritos en 62 áreas de riesgo, lo que exige una coordinación permanente. En ese sentido, desde el servicio recalcan que la colaboración de los agricultores es clave para el éxito de la estrategia. “Resulta vital que los agricultores realicen su inscripción con una anticipación de al menos 30 a 45 días previo a la cosecha, permitiendo así programar adecuadamente las actividades de monitoreo y evaluación”, explicó Morales.

Los tiempos de análisis también varían según el nivel de riesgo. En predios cercanos a focos de captura, los plazos pueden fluctuar entre tres y diez días, mientras que en zonas más alejadas se reducen a entre tres y cinco días. Paralelamente, el SAG mantiene coordinación con frigoríficos y autoridades para asegurar la continuidad de las exportaciones, incorporando alternativas como tratamientos cuarentenarios y procesos agroindustriales.

Desde el SAG insisten en que las medidas responden a estándares internacionales que buscan proteger la condición fitosanitaria del país, clave para las exportaciones agrícolas. No obstante, reconocen la necesidad de seguir mejorando la eficiencia y la coordinación con los productores. “Como institución, reafirmamos nuestro compromiso de resguardar nuestra condición fitosanitaria, trabajando con los distintos actores del sector para superar esta emergencia de manera oportuna”, concluyó el director regional.

Así, la región enfrenta un escenario donde conviven avances en la gestión sanitaria con las dificultades propias del territorio. La reducción en los tiempos de respuesta representa un alivio para los agricultores, pero el desafío sigue siendo lograr un equilibrio entre el control de la plaga y la sostenibilidad económica de quienes viven del campo. “No es llegar y producir y sacar, porque en esos sectores están en zonas afectadas.