Niños sin país: un retroceso silencioso en el derecho a la nacionalidad en Chile

La reinterpretación de la categoría de “extranjero transeúnte” por parte del Registro Civil e Identificación está privando a niños nacidos en Chile de su derecho a la nacionalidad, exponiéndolos a la apatridia en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos actualmente vigentes en Chile. El pasado 13 de abril se adoptó por el Registro Civil la Circular N°14 desandando el camino que tanto la Contraloría como la Corte Suprema habían recorrido respecto del reconocimiento de la nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación irregular en Chile. La Circular exige a los progenitores extranjeros probar que se encuentran en una de dos condiciones: turista o migrante regular.

Al no existir una tercera opción los efectos de la Circular entran en tensión con nuestra constitución, la Ley 21. 430 e incumplen obligaciones internacionales, pues no solo se invisibiliza la situación de las personas extranjeras que viven en Chile sin tener permiso de residencia, sino que se deja a sus hijos en riesgo de apatridia, es decir, en peligro de no obtener la nacionalidad de ningún país y por consiguiente no poder ejercer su derecho a la identidad ni recibir la protección de ningún Estado. Este giro no es neutro.

Supone un cambio regresivo en la garantía del derecho a la nacionalidad y disminuye la efectividad de los derechos de los niños, en contravención de principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención para reducir los casos de Apatridia, todos instrumentos ratificados por Chile y actualmente vigentes. Las consecuencias de esta Circular son entonces extremadamente profundas. La falta de reconocimiento de la nacionalidad genera una verdadera “invisibilidad jurídica”, que obstaculiza el acceso a derechos fundamentales.

Sin documentos de identidad, niños y niñas enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, educación y protección social, quedando atrapados en un círculo de exclusión desde el inicio de sus vidas. El Estado de Chile está creando entonces una nueva categoría de personas, que pese a haber nacido en nuestro territorio es condenada a la invisibilidad jurídica producto de la aplicación de una normativa errónea. Revertir este criterio no es solo una cuestión jurídica, sino un imperativo ético: ningún niño ni niña debería crecer con la incertidumbre de no pertenecer a ningún país.