"Necesitaba tener modificaciones" y "discutir con rigor" : Las reacciones y debate por el reglamento de la "Ley Uber"

La reapertura de la discusión sobre la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como "Ley Uber", generó el ministro de Transportes, Louis de Grange, al informar que está en conversación con Contraloría y Segpres para aplicar modificaciones al reglamento. En entrevista con La Tercera, el ministro apuntó que los cambios apuntan a eliminar la exigencia de que la cilindrada del vehículo sea de 1. 400 cm3, lo mismo que con la condición de antigüedad.

Aseveró que el objetivo "es evitar que un 85% de los usuarios a nivel nacional vea afectada su movilidad". En ese sentido, reprochó que el reglamento original contiene "restricciones que son absolutamente innecesarias", como "que no podías moverte entre comunas vecinas, es bien absurdo". Entre los que replicaron a De Grange estuvo su antecesor en el cargo, el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

"Con relación a la 'Ley Uber' no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. La ley —tal como ocurre con los taxis que es el sector que se buscaba equiparar— regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella", dijo en una columna al mismo medio, dijo. Del mismo modo, reparó que "la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente que pueden alcanzar hasta los 10 años, sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen".

Por todo, el exministro instó a que "más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras". Desde la Cámara, el diputado Cristian Tapia (PPD) comentó que si el reglamento se va a modificar, "debe ser para mejor. Yo estoy de acuerdo que siempre van a existir y se puedan hacer mejoras, pero no tirar al tacho a la basura todo un trabajo serio y responsable que se ha hecho hasta el momento".

A su vez, el diputado Ignacio Achurra (FA) relevó que "la Ley Uber tuvo una larga discusión ahí en el Congreso y es importante que entre en vigencia porque va a elevar los estándares de seguridad de información tanto para los conductores como para los pasajeros". Por su parte, la diputada Natalia Romero (UDI) exhortó a "que se pueda flexibilizar, para que así no disminuyan los viajes, no disminuya la oferta, porque sabemos que en distintos regiones del país hay una baja influencia de transporte público". Al respecto, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) coincidió con el ministro arguyendo que "la rigidez de las medidas propuestas podría provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes.

Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Tenemos que ser cuidadosos y hacer los ajustes necesarios para no perjudicar justamente a quienes dependen de este sistema día a día". Si bien el diputado Fabián Ossandón (PDG) criticó que "no es posible que hoy tengamos una ley aprobada, pero sin un reglamento claro para su aplicación", llamó a que no se saque adelante "con cualquier reglamento, sino con uno moderno, realista y centrado en la seguridad, tal como ocurre en otros países donde existen reglas claras e incluso zonas definidas para este tipo de servicios".

"Lo que hoy corresponde es una regulación equilibrada que ordene el sistema y permita que esta industria funcione de manera segura y eficiente en beneficio de todos", sostuvo. Senadora Flores: Reglamento "es excesivo" En diálogo con Emol, la presidenta de la comisión de Transportes del Senado, Camila Flores (RN), indicó que "sin duda el reglamento de lo que es conocido como la nueva ley Uber necesitaba tener modificaciones. Como estaba planteándolo el gobierno anterior, implicaba una consecuencia directa, no solamente en la calidad del servicio, sino que también en el aumento de los costos para los pasajeros que deciden utilizar este medio de transporte.

Así como una serie de situaciones que no hace competitiva precisamente esta actividad, y por lo tanto modificarlos con cosas que son muy importantes". "Bajar, por ejemplo, la antigüedad de los vehículos. Se estaba pidiendo en el reglamento un año, por cierto, que eso nos parece que es excesivo", apuntó.

Y añadió que "desde la Comisión de Transporte del Senado vamos a estar, por cierto, muy de cerca siguiendo estas modificaciones al reglamento, porque esperamos que esta industria se pueda dinamizar, que los pasajeros efectivamente encuentren un servicio que sea competitivo, por lo tanto, que el mercado regule con precios que sean más baratos donde la gente pueda elegir, con un buen servicio, por cierto, pero también con tiempos que ojalá se reduzcan en la espera de las personas que utilicen este medio de transporte y que ojalá también se puedan masificar a lo largo de todo el país. Tener una industria del transporte competitiva entre Uber, taxis, microbuses, en fin, es sumamente importante para nosotros". Por otro lado, el senador e integrante de la comisión, Alejandro Kusanovic (Ind), consideró que "no pueden existir diferencias entre las exigencias del Decreto 212 para los todos los tipos de taxis y las regulaciones para plataformas; las condiciones deben ser equivalentes, de lo contrario, se valida una competencia desleal.

Asimismo, al tratarse de un servicio remunerado, es imperativo mantener garantías estrictas de seguridad y estándares de calidad". En esa línea, advirtió que "es un error pretender garantizar fuentes de trabajo mediante la reducción de normas y niveles de seguridad en el servicio. Lamentablemente, la Ley de Aplicaciones de Transporte (EAT) fue fruto de un diagnóstico erróneo o malo que derivó en una solución deficiente.

Solo bastaba comprender que las aplicaciones no constituyen un sistema de transporte distinto o nuevo, sino un canal moderno de llamado y despacho de vehículos; en esencia, un "Radio Taxi" digital moderno". "La solución técnica era liberar el parque de taxis e integrar modalidades tecnológicas para todos, incluso agregando e-Taxi al Decreto 212, manteniendo reglas iguales para todos y un estándar de servicio que garantice la seguridad del usuario. No era necesaria una ley nueva para esto; por esa razón, voté en contra de este proyecto ilógico y sostengo que dicha ley debe ser derogada", reprochó.