"Nadie pidió perdón": madre se querella por joven que estuvo 75 días sin ser identificado en el SML

“Conmigo se han comunicado muchas mamás a las que les ha pasado lo mismo, que tienen a sus hijos desaparecidos durante años y luego resulta que habían encontrado sus cuerpos hace tiempo”, contó Mónica Gutiérrez, madre de Luis Felipe Correa, quien falleció a los 19 años. Su voz se quiebra al recordar esos 75 días desde el pasado 21 de agosto, en que su hijo estuvo desaparecido: más de dos meses en que su familia y amigos lo buscaron de forma desesperada, solo para enterarse de que desde el primer día, su cuerpo había estado sin identificar en el Servicio Médico Legal (SML), a pesar de las múltiples llamadas al organismo preguntando si Felipe se encontraba ahí. La situación, junto con una denunciada falta de diligencias por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, hoy forma parte de una causa penal en la que se busca perseguir responsabilidades de todos aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de los delitos de denegación de auxilio y abandono de destino, en relación con la ley sobre personas desaparecidas.

“Si ese trabajo se hubiese hecho, el preguntar, la situación habría sido distinta”, explicó a Radio Bío Bío la abogada Mariana Rojas, quien acompaña a Mónica desde que Felipe aún seguía desaparecido. “El incumplimiento de funciones fue gravísimo, y fue una situación súper cruel”, enfatizó. La querella describe cómo, a pesar de que la familia denunció rápidamente la desaparición, realizó gestiones y aportó antecedentes claves, los múltiples organismos del aparato estatal que debían buscar a Felipe actuaron de forma descoordinada y lenta, sin realizar diligencias y con una actitud de “escasa empatía”.

Las primeras horas Luis Felipe Correa tenía 19 años cuando desapareció. Era el segundo de tres hermanos, hijo de una madre que había migrado desde Argentina hace más de dos décadas. Era un joven con mucho empuje, soñador, con gusto por lo culinario, confidente de su mamá y con el deseo de ser él mismo, algún día, papá.

Le encantaba estudiar y había entrado orgulloso a Sociología en la Universidad de Chile, lugar en el que encontró muchos amigos. Fueron justamente esos amigos los primeros en preocuparse y tomar acción al saberse de su desaparición. Felipe batallaba con problemas de salud mental y, por eso mismo, tenía la costumbre de siempre reportar dónde se encontraba.

Es por ello que los extraños mensajes enviados a la 1 de la mañana desde Avenida Perú en Viña del Mar, seguidos de horas de silencio, fueron una alerta inmediata. Los principales colaboradores fueron sus compañeros, revisando sus redes y mensajes en busca de información, contactando a todos quienes pudiesen saber de su paradero e incluso, días después, ayudando a reunir fondos para seguir con la búsqueda. Fueron ellos mismos quienes semanas después se pararon afuera de las oficinas del Ministerio Público para manifestarse en contra de la falta de diligencias realizadas.

La primera negligencia, según relató la madre de Luis Felipe en conversación con Radio Bío Bío, fue cuando llegó a la 62ª Comisaría de San Bernardo para denunciar la desaparición de su hijo la misma mañana de aquel jueves, topándose con la respuesta de que probablemente se había ido de fiesta, restándole importancia a la situación. “Me encontré con que se normalizaba la desaparición de las personas”, comentó. Paralelamente, amigos y familiares de Felipe ya habían viajado a Viña del Mar para comenzar a realizar por su cuenta las primeras diligencias.

Ahí se dan cuenta de cámaras en el sector y solicitan a la Universidad de Valparaíso las imágenes, obteniendo fotografías que permitieron ubicar al joven desaparecido en el último sitio en el que fue visto. 75 días desaparecido De acuerdo con la carpeta investigativa a la que pudo acceder Mariana Rojas posteriormente, el fiscal de turno impartió instrucciones a Carabineros conforme a los protocolos de búsqueda, que incluían revisar hospitales, cárceles y el Servicio Médico Legal, pesquisa que había arrojado resultado negativo, a pesar de que, como posteriormente se supo, el cuerpo de Felipe llegó a la institución aquel mismo 21 de agosto. El primer llamado de la familia al Servicio Médico Legal fue aquel jueves a las 14:20, continuando con el contacto durante los siguientes meses, sin respuesta positiva.

Recién el 26 de agosto, cinco días después de su desaparición, un fiscal llama a declarar a la familia para conocer más detalles del caso. En septiembre, cercanos a Felipe identifican que el teléfono sigue activo y avisan a la Fiscalía. El 11 de septiembre, el Ministerio Público informa que el teléfono se encontró en manos de un hombre en situación de calle llamado Carlos, quien indicó haberlo comprado en $30.

000. Casi dos semanas después, recién se comunica la pericia del aparato. Felipe ya llevaba 33 días desaparecido.

Ya en octubre, el fiscal informa a la familia que no hay novedades. También les informa que, al consultar, se les indicó que no existía televigilancia en el sector costero en el que se vio por última vez al joven, debido a que las más de 150 cámaras no estaban funcionando por una deuda con la concesionaria. En la querella se apunta a responsabilidad de la Municipalidad de Viña del Mar por el no funcionamiento de estas.

Finalmente, el 4 de noviembre —días después de que Mónica y Mariana denunciaran la situación en la prensa— el fiscal a cargo del caso cita urgentemente a Mónica y le informó que el cuerpo de Felipe se encontraba en dependencias del Servicio Médico Legal de Santiago desde el 21 de agosto de 2025. De acuerdo con la querella, en ese mismo momento el fiscal confesó no saber cómo había llegado a la capital. Una cadena de irresponsabilidades Mariana Rojas entró al caso cuando Felipe llevaba ya un mes desaparecido.

“Cuando veo la carpeta investigativa, no veo gran esfuerzo de búsqueda”, comentó. “Hubo cinco fiscales que pasaron por el caso y no hicieron su trabajo. Fue cruel”.

De tal manera, en la querella ingresada ante el 3º Juzgado de Garantía de Santiago se acusa una cadena de irresponsabilidades y una descoordinación de los organismos involucrados. El problema habría iniciado por la falta de importancia dada al caso por parte de Carabineros. Luego, por la lentitud en el actuar y la falta de diligencias por parte de la PDI y la Fiscalía.

Incluso, en el documento se dice que la policía habría comunicado al Ministerio Público que no se podían continuar las diligencias por falta de dinero. Finalmente, el clímax habría sido la negligencia del Servicio Médico Legal, al no identificar el cuerpo de Felipe a pesar de los constantes llamados de sus familiares. Pero no habría sido solo negligencia al momento de actuar: la abogada también acusó un “maltrato” por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía que atendían a Mónica.

“Le decían a ella, a la víctima, que estaba molestando, alegando que ella llamaba mucho. Un fiscal no puede perder la humanidad así”, relató. En conversación con Radio Bío Bío, Mónica afirmó que luego de la situación nadie pidió perdón ni se comunicaron con ella.

“Yo creía en el sistema. Felipe creía en el sistema. Pero hoy quedo con la sensación de un sistema que está podrido, en el que ya no somos personas, no se nos trata como seres humanos.

En todo el proceso yo nunca sentí humanidad”, expresó. Ante la pregunta del objetivo de ingresar la querella y abrir esta causa penal, Mónica y Mariana recalcaron la intención de que la situación no se vuelva a repetir, poniendo énfasis en que es necesario revisar a quienes están a cargo de estos procesos. “Queremos evitar que las desapariciones se investiguen más o menos dependiendo de la calidad de ciudadanos”, concluyó la abogada.

Consultados por Radio Bío Bío, tanto desde el Servicio Médico Legal como desde la Fiscalía decidieron no referirse al tema.