Municipios al banquillo

“Lo que no se mide, no se gestiona”. Eso parece estar ocurriendo con las finanzas municipales en Chile. Vemos mucho análisis sobre la situación fiscal del gobierno central, sin embargo, la información de los municipios es menos transparente, comparable y accesible.

La propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda ha dirigido la lupa hacia las finanzas municipales, y lo cierto es que los problemas de ineficiencia, gestión y captura que parecen existir en el gobierno central serían aún más agudos en los gobiernos locales. Mirando las cifras municipales a nivel agregado -disponibles en Dipres-, lo primero que llama la atención es que en la última década han tenido una situación de ingresos mucho más favorable que la del gobierno central. Mientras en términos reales este último registra un alza de los ingresos de 43% entre 2014 y 2024, a nivel municipal el crecimiento es de 60%.

Este resultado se explica principalmente por la recaudación de contribuciones, especialmente no agrícolas, que prácticamente se duplicó en ese lapso. Tiene base entonces la molestia ciudadana con este impuesto, considerando que su aumento es muy superior al de los salarios, de 15% en ese laso. “Es legítima, entonces, la percepción de que las contribuciones no tienen correlato en mejores barrios y servicios.

De hecho, el gasto en burocracia representa casi 80% del total municipal, frente al 28% del nivel central”. La propuesta no debería ser eliminar las contribuciones. Este impuesto existe en casi todos los países del mundo, y en promedio en la OCDE recauda más del doble que en Chile en términos del PIB: 1,9% versus 0,7%.

No obstante, en nuestro país cerca del 77% de las propiedades está exenta total o parcialmente, mientras que en la OCDE las exenciones son mínimas, lo que significa que el 23% que sí tributa en Chile tiene una carga impositiva relativamente alta. Por tanto, hay argumentos para revisar este tributo en su mecanismo de determinación como en su forma de pago. Más que eliminarlo arbitrariamente para algunos grupos, sería mejor vincular su pago a la situación de ingresos del propietario, permitiendo su postergación parcial hasta el momento de la venta.

Esta reforma haría el impuesto más justo y, de paso, facilitaría el acceso a la vivienda para los profesionales jóvenes. Los cuestionamientos sobre este impuesto se ven agravados por el comportamiento del gasto municipal. En la última década ha aumentado 65% real, con una composición que llama la atención, ya que de $ 100 adicionales, $ 55 han ido a gastos en personal.

El gasto en inversión, en cambio, creció solo 25% y explica apenas el 3% de la expansión total. Es legítima entonces la percepción de que el pago de contribuciones no tiene correlato en mejores barrios y servicios municipales. De hecho, el gasto en burocracia (salarios y compra de insumos) representa casi un 80% del gasto municipal total, mientras que a nivel central este porcentaje es de 28%.

Ciertamente, gran parte de las políticas sociales en Chile son responsabilidad del gobierno central, pero llama la atención que un porcentaje tan elevado del gasto municipal se destine a la gestión del propio municipio. ¿Cómo mejorar? Lo primero es mayor transparencia en las cifras.

Los municipios deberían publicar en forma accesible y con formato equivalente sus cifras presupuestarias, de modo que los ciudadanos puedan evaluar a sus autoridades. Dado el fuerte crecimiento de ingresos observado, la exigencia de mejor gestión es un imperativo tanto o más necesario que el que se plantea hoy al gobierno central. La “desidia” en el manejo de recursos públicos parece ser más generalizada de lo que parece.