Municipio suma más de $688 millones en demandas laborales

Dos nuevas sentencias condenatorias se suman a un creciente frente judicial que ya involucra a casi 40 extrabajadores y podría superar los $688 millones en pagos desde el 2025, mientras la administración apela los fallos adversos. El Juzgado de Letras de San Carlos dictó dos sentencias condenatorias contra la Municipalidad de San Carlos en menos de un mes. El 14 de abril de 2026, la jueza titular Claudia Vergara Pérez falló a favor de Bárbara Rodríguez San Martín, trabajadora social que ejerció funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) desde abril de 2022 hasta diciembre de 2024 bajo sucesivos contratos a honorarios, ordenando el pago de $4.

144. 720 en indemnizaciones por despido injustificado. El 8 de mayo del mismo año, la misma magistrada condenó al municipio en el caso de Javier Salinas Astudillo, comunicador social que prestó servicios continuos durante casi cuatro años —desde julio de 2021 hasta febrero de 2025— en los programas Casa de las Culturas y Comunicaciones.

En su caso, el tribunal acogió la figura del despido indirecto, declarando que una reducción unilateral de su remuneración constituyó un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, condenando al municipio al pago de $10. 040. 380 en indemnizaciones más cotizaciones de cesantía.

Ambos fallos aplican el principio de primacía de la realidad, concluyendo que las relaciones —formalizadas como honorarios al amparo del artículo 4° de la Ley N° 18. 883— reunían en los hechos todos los elementos propios de un contrato de trabajo indefinido: horario fijo con registro biométrico, dependencias y equipos municipales, instrucciones diarias de jefatura y remuneración mensual continua. Condenas previas y estrategia de apelación Estas dos sentencias se agregan a doce fallos previos dictados, que en conjunto comprometen montos conocidos que superan los $110 Entre los trabajadores ya favorecidos por sentencia figuran: Un frente litigioso en plena expansión Pese a la acumulación de derrotas judiciales, el frente litigioso lejos de cerrarse continúa expandiéndose.

Se encuentran en tramitación once causas adicionales del año 2025, de las cuales ocho tienen monto conocido y suman más de $333 millones. A estas se suman en 2026 trece demandas en trámite, doce de ellas con montos conocidos que superan los $245 millones. El panorama dibuja una crisis de gestión de recursos humanos de proporciones inusuales para una municipalidad de tamaño intermedio como San Carlos.

Sumando las condenas ya dictadas y los montos demandados en causas vigentes —sin considerar montos reservados, cotizaciones de cesantía variables, reajustes, intereses ni eventuales sanciones adicionales—, la exposición fiscal conocida supera los $688 millones de pesos. Muchos de los casos siguen el mismo patrón: trabajadores contratados año a año bajo la figura de honorarios para desempeñar funciones permanentes y habituales del municipio, con horarios establecidos, control biométrico de asistencia, equipos provistos por la institución y subordinación directa a jefaturas, condiciones que los tribunales han calificado reiteradamente como constitutivas de relación laboral regida por el Código del Trabajo. La jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema —consolidada desde el fallo "Vial con Municipalidad de Santiago" de 2015— respalda esta interpretación y hace difícil prever resultados distintos en segunda instancia, lo que plantea una pregunta urgente sobre la estrategia jurídica y presupuestaria que la administración comunal adoptará frente a un pasivo que, de materializarse íntegramente, representaría un golpe significativo para las arcas municipales de San Carlos.

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