Multas de hasta $8 millones y suspensión de tres años: Ejecutivo busca establecer sanciones para abogados, estén o no colegiados

El caso Audio y la trama bielorrusa son algunos de las causas más recientes que han puesto en entredicho el correcto ejercicio de la profesión de derecho, debido a los presuntos delitos y hechos reñidos con la ética de los que se componen y que involucran desde abogados hasta jueces de la República. Con causas penales en curso, profesionales y magistrados en prisión preventiva —o bajo medidas cautelares diversas—, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso esta semana ante la comisión de Constitución del Senado que, en el marco del proyecto de reforma constitucional que modifica el Gobierno Judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, buscarán introducir una serie de medidas direccionadas a fortalecer el sistema de sanciones para profesionales del derecho, estén o no colegiados. En esa línea, desde la cartera introducirán modificaciones con propuestas como, por ejemplo, que las reclamaciones en contra de la conducta ética de los abogados sean conocidas por los tribunales ordinarios, en procedimientos breves y sumarios.

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