Ministra Lincolao enfrenta nueva polémica por reuniones con Google y Meta no registradas en Ley de Lobby

La titular de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación aseguró que los encuentros tuvieron un carácter técnico y administrativo. El caso se suma a otros cuestionamientos que han marcado las primeras semanas de su gestión. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, enfrenta un nuevo flanco de cuestionamientos luego de conocerse que sostuvo reuniones con representantes vinculados a Google y Meta que no habrían sido ingresadas al registro de la Ley de Lobby, situación que volvió a instalar dudas sobre los estándares de transparencia y probidad al interior de la cartera.

De acuerdo con información publicada por La Tercera y recogida por distintos medios nacionales, el primer encuentro se habría realizado de manera telemática el sábado 4 de abril, con representantes ligados a Google. Días después, el jueves 9 de abril, la ministra habría participado en una reunión presencial con personas vinculadas a Meta en dependencias del ministerio, instancia en la que también estuvo presente la ministra de Energía, Ximena Rincón. El punto central de la controversia radica en que ambos encuentros no habrían sido informados debidamente en las plataformas oficiales de lobby, cuya finalidad es transparentar las reuniones y gestiones que autoridades públicas sostienen con representantes de intereses particulares.

La Ley 20. 730 regula precisamente la publicidad de estas actividades, con el objetivo de fortalecer la transparencia y laprobidad en las relaciones entre particulares y órganos del Estado. Frente a los cuestionamientos, Lincolao descartó haber incumplido deliberadamente la normativa y explicó que la reunión del 4 de abril tuvo un carácter técnico y administrativo.

Según sostuvo, el encuentro fue con BS Tecnología, empresa proveedora de la plataforma de correo electrónico institucional, y con integrantes del equipo técnico de Google Administración, con el objetivo de coordinar la recuperación del acceso a la consola del dominio web institucional. Pese a esa explicación, la polémica vuelve a golpear a una ministra que ya venía enfrentando una compleja semana política. A los cuestionamientos por las reuniones no registradas se suman la salida de funcionarios del Ministerio de Ciencia y la renuncia del exsubsecretario Rafael Araos, uno de los episodios más significativos de la crisis interna que ha marcado el inicio de su gestión.

El caso también se suma a las críticas surgidas luego de que se revelaran sociedades no declaradas en su declaración de intereses y patrimonio. Tras ese antecedente, parlamentarios de oposición oficiaron a distintos ministerios para revisar las declaraciones del gabinete y recurrieron a la Contraloría General de la República con el fin de solicitar una investigación sobre eventuales irregularidades en el proceso. En medio de ese escenario, la ministra ha intentado desdramatizar los cuestionamientos y pidió dejar atrás lo que calificó como una “pelea chica” y “de poco gusto”, señalando que el debate público se ha concentrado en controversias menores en vez de avanzar en los temas de fondo.

Sus declaraciones, sin embargo, no lograron cerrar el debate y abrieron nuevas críticas desde sectores que consideran que lasexigencias de transparencia no pueden ser relativizadas por una autoridad de gobierno. La situación deja nuevamente bajo presión al Ministerio de Ciencia, una cartera que debería estar concentrada en innovación, desarrollo tecnológico, investigación y modernización del Estado, pero que en las últimas semanas ha quedado expuesta a controversias administrativas y políticas que han tensionado su conducción. Si bien la ministra sostiene que no existió una intención deliberada de omitir información, el caso plantea una discusión de fondo sobre el cumplimiento estricto de las normas de lobby, especialmente cuando se trata de reuniones con grande empresas tecnológicas globales como Google y Meta, actores con alto interés estratégico en materias digitales, datos, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y servicios públicos.

Por ahora, la controversia mantiene abierto un nuevo capítulo para Ximena Lincolao, quien deberá enfrentar no solo las explicaciones administrativas del caso, sino también el impacto político que genera una seguidilla de cuestionamientos en una etapa todavía inicial de su gestión ministerial. En un gobierno que busca instalar una agenda de modernización y eficiencia, la transparencia aparece como una exigencia básica para sostener la confianza pública.