Mineras acusan que asumirán el 74% del costo del plan fiscal para frenar el "bencinazo"

El Consejo Minero manifestó su rotundo rechazo a la propuesta del Ejecutivo que busca modificar el impuesto específico al diésel como vía para financiar las medidas de mitigación ante el alza histórica de los combustibles. Según el gremio, el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Senado reduciría el crédito fiscal para las empresas no transportistas del 100% al 31%, lo que obligaría a la gran minería a desembolsar cerca de US$100 millones en solo seis meses para costear el plan gubernamental. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, argumentó que la industria terminaría absorbiendo el 74% del costo total de la medida, lo que calificó como una carga desproporcionada e inequitativa para un sector estratégico.

El dirigente explicó que el diseño original de este impuesto busca compensar el uso de las vías públicas, infraestructura que la maquinaria pesada de las faenas mineras no utiliza, por lo que desvirtuar esta lógica técnica afectaría severamente la competitividad y las señales de inversión en el país. La recaudación que el Gobierno espera obtener mediante este ajuste impositivo asciende a más de $124 mil millones, recursos que están destinados a financiar un paquete de beneficios que incluye el congelamiento de las tarifas del sistema Red en Santiago y la inyección de 'fondos espejo' para el transporte en regiones. Además, el plan contempla un bono mensual de $100 mil para taxistas y la estabilización del precio de la parafina a niveles de febrero de este año para aliviar el bolsillo de la ciudadanía.

Pese a que desde el sector minero valoraron la intención de Hacienda de atenuar el impacto del alza internacional del petróleo, insistieron en que el Estado no debe recurrir a gravámenes selectivos sobre actividades productivas para resolver contingencias de precios. El gremio, que agrupa a gigantes como Codelco, BHP y Antofagasta Minerals, espera que el debate parlamentario permita buscar mecanismos de financiamiento más equilibrados que no pongan en riesgo el crecimiento económico de la industria.