Miguel Uribe Londoño denuncia un plan para asesinar a los fiscales que investigan el asesinato de su hijo

El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño denunció la existencia de un presunto plan para asesinar a los fiscales que investigan el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras un ataque armado durante un acto de precampaña en 2025. A través de un comunicado, el economista calificó el hecho como “un crimen atroz” y advirtió sobre un riesgo inminente para quienes llevan adelante la investigación. Según afirmó, existirían ofrecimientos de dinero por montos millonarios —expresados en dólares— para atentar contra la vida de los fiscales.

Uribe Londoño sostuvo que esta información ya habría sido advertida por la Fiscalía y exigió reforzar de manera urgente las medidas de protección tanto para los investigadores como para sus familias. En ese contexto, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, con el objetivo de resguardar la integridad de quienes participan en el proceso judicial. Acusaciones contra el Gobierno En paralelo, el candidato responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro por el asesinato de su hijo.

A través de un video difundido en redes sociales, afirmó que las autoridades habrían negado protección al senador pese a que este había advertido sobre amenazas en su contra. “El Gobierno le negó la protección a mi hijo a pesar del riesgo que él mismo había comunicado”, señaló, agregando que Uribe Turbay era crítico de la política de “paz total”. El asesinato del senador, perpetrado por un menor de edad durante un acto político, generó fuerte impacto en Colombia y reavivó recuerdos de periodos marcados por la violencia contra figuras públicas.

En el marco de la investigación, las autoridades han emitido órdenes de detención contra líderes de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia por su presunta participación en el crimen. Asimismo, en semanas recientes se dictaron condenas contra varios implicados, con penas que fluctúan entre los 21 y 22 años de prisión.