Menos ingresos por la frontera, pero el problema sigue en la puerta de la casa

Por Patricio Meza Garcia, Administrador en seguridad Pública La discusión migratoria en el norte lleva demasiado tiempo atrapada en una fotografía incompleta. El Gobierno destaca, con razón, una baja en los ingresos irregulares por pasos no habilitados, pero la ciudadanía no vive la crisis en la línea fronteriza: la vive en el consultorio, en el jardín infantil, en la escuela y en la dificultad diaria para acceder a servicios que ya venían tensionados antes de cualquier plan de control. Ahí está hoy la verdadera duda.

Y ahí también está la gran deuda. Según el Servicio Nacional de Migraciones, en 2024 se registraron 29. 269 denuncias por ingresos irregulares por paso no habilitado, lo que representó una baja de 33,8% respecto de 2023 y de 48,3% frente a 2021, cuando se alcanzó el peak.

A eso se suma que, en la cuenta pública 2025 de Arica y Parinacota, el propio Gobierno reportó la contención de 11 mil intentos de ingreso irregular y el despliegue de 209 militares en la frontera. Es decir, el control fronterizo muestra resultados y sería mezquino desconocerlo. Pero una política pública no puede evaluarse sólo por lo que contiene enel límite territorial, sino también por cómo responde a lo que ya está instalado dentro del país.

Porque mientras el Ejecutivo insiste en el éxito del cerco, en las ciudades del norte persiste otra sensación: que la migración dejó de ser sólo un tema de frontera y pasó a ser, hace rato, un tema de gestión urbana, de capacidad estatal y de planificación social. En otras palabras, el ingreso irregular puede bajar y aun así la presión sobre los barrios seguir siendo alta. Esa es la desconexión que la autoridad todavía no resuelvecon suficiente claridad.

En educación, por ejemplo, los datos muestran dos cosas al mismo tiempo. La primera: la matrícula extranjera ha crecido de manera sostenida. En 2024 hubo 275.

927 estudiantes extranjeros en el sistema escolar chileno, equivalentes al 7,7% de la matrícula total; y en 2025 el sistema escolar registró 3. 541. 790 estudiantes, de los cuales 8,31% tenía nacionalidad extranjera.

La segunda: ese crecimiento no está repartido de manera homogénea, sino concentrado con fuerza en el norte. En 2024, Tarapacá llegó a 20,7% de matrícula extranjera sobre su matrícula regional, y comunas como Antofagasta e Iquique figuran entre las que concentran más estudiantes extranjeros del país. Eso no significa, y aquí conviene ser rigurosos, que los migrantes sean por sí solos responsables de la falta de cupos.

Sería una simplificación injusta y, además, técnicamente débil. El propio Ministerio de Educación muestra que el sistema arrastra problemas de oferta educativa por territorio y por nivel. En el proceso SAE 2025, Antofagasta y Tarapacá fueron justamente las regiones con la menor relación vacantes- postulantes del país, con 1,27 y 1,30, respectivamente.

Más aún, el informe adviertedesafíos específicos en prekínder y 1° medio en ambas regiones, y en el caso de Tarapacá señala que en los últimos cuatro procesos hubo niveles donde existió más de un postulante por vacante. Ahí está el punto de fondo: no basta con decir que “hay más cupos que postulantes” a nivel nacional cuando en los territorios más expuestos la presión se concentra en ciertos cursos, comunas y servicios. De hecho, el propio Mineduc ha debido reconocer esa tensión.

En abril de 2025 informó que habilitó 15. 378 nuevos cupos para ese año y que, desde 2022, el Plan de Fortalecimiento a la Matrícula ha generado más de 35 mil nuevos cupos a nivel nacional. Y en marzo de 2026 sostuvo que más del 92% de las familias obtuvo un cupo en el proceso regular de postulación.

Ambas cosas pueden ser ciertas y, sin embargo, no resolver la angustia local. Porque el promedio nacional suele esconder la desigualdad territorial. Una familia en Santiago no vive lo mismo que una familia en Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta o Calama cuando busca vacante en un nivel crítico.

En educación parvularia la discusión es todavía más delicada. Existen señales de recuperación de asistencia y de mejoras en gestión, pero no aparece con la misma claridad pública un cruce oficial y periódico que permita saber cuántos cupos faltan por comuna, cuánto de esa presión corresponde a crecimiento demográfico, cuánto a movilidad interna y cuánto a demanda de familias migrantes. Esa ausencia de datos finos es, en sí misma, un problema político.

Porque cuando el Estado no desagregabien, la conversación pública se llena de intuiciones, molestias y prejuicios. Y en ese vacío, el vecino termina sintiendo que compite por un derecho básico sin que nadie le explique de verdad qué está pasando. Lo mismo ocurre en salud.

Aunque la frontera esté más vigilada, la presión no desaparece cuando las personas ya están asentadas. Consultorios, vacunación, controles infantiles, urgencias y prestaciones básicas forman parte de una demanda concreta que el discurso securitario no resuelve por sí solo. La ciudadanía no reclama únicamente porque entren personas de manera irregular; reclama porque siente que el Estado no creció al mismo ritmo que la demanda social, especialmente en comunas delnorte que llevan años absorbiendo el impacto sin una expansión equivalente en infraestructura y personal.

Esta es una discusión sobre capacidad pública, no sólo sobre migración. Y aquí aparece la contradicción más incómoda del Gobierno. Si el control migratorio era una prioridad, entonces debió ir acompañado desde el primer día por un plan igualmente robusto de absorción institucional para los territorios más exigidos.

No bastaba con reconducir, fiscalizar o cerrar pasos. Había que reforzar matrículas, jardines, salud primaria, viviendas transitorias, seguridad barrial y capacidad municipal. De otro modo, la política migratoria queda coja: puede disminuir el flujo, pero no resuelve el desgaste acumulado donde la convivencia diaria ya está tensionada.

También conviene decir algo que a veces se evita por corrección o por cálculo. La ciudadanía tiene derecho a exigir orden. Tiene derecho a pedir que el Estado sepa quién entra, quién permanece, bajo qué condición y con qué deberes.

Pero ese mismo derecho exige que el debate no se vuelva una descarga contra niños, estudiantes o familias que hoy ya están insertos en el sistema. El problema no es un niño migrante ocupando una banca escolar. El problema es que el Estado haya llegado tarde, con datos fragmentados y respuestas parciales, a territorios donde la presión era visible hace años.

En el norte, especialmente, la expectativa ciudadana ya no se conforma con balances de frontera. Lo que se espera es una política completa: control para entrar, reglas para permanecer y capacidad real para no colapsar servicios esenciales. Si el Gobierno quiere convencer de que su estrategia migratoria funciona, debe mostrar algo más que una caída en ingresos irregulares.

Debe demostrar que esa baja también se traduce en alivio concreto para las ciudades receptoras. Y hoy, a juzgar por la conversación social en los barrios, ese alivio todavía no se siente con la fuerza necesaria. La frontera importa, por supuesto.

Pero una política migratoria seria no termina en el hito fronterizo. Empieza ahí y se prueba después, cuando una madre busca jardín para su hijo, cuando un apoderado pregunta por matrícula, cuando un vecino espera horas en atención primaria y cuando una comuna entera percibe que el Estado administra cifras, pero no siempre soluciona la vida real. Ese es el examen que sigue pendiente.