Menos contribuciones, más desigualdad: El costo invisible para las comunas de Chile

Por José Luis RíosEn el debate público chileno, pocas propuestas logran instalarse con tanta rapidez como aquellas que prometen alivio económico inmediato. La idea de reducir las contribuciones parece, a primera vista, una medida justa: menos carga para las familias, más liquidez en los hogares. Sin embargo, cuando se observa con detención, emerge una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿quién paga realmente ese alivio?

La respuesta no está en los sectores más acomodados de Santiago, donde los municipios cuentan con mayores ingresos propios y redes de financiamiento más robustas. Está en las comunas de regiones, en aquellas que dependen fuertemente del Fondo Común Municipal (FCM), que redistribuye recursos entre territorios. Hoy, más del 60% de los ingresos de muchos municipios proviene de este fondo, lo que los vuelve altamente sensibles a cualquier caída en la recaudación global.

Reducir las contribuciones implica disminuir una de las principales fuentes que alimentan este sistema. Las contribuciones de bienes raíces son uno de los pilares del financiamiento municipal en Chile, y una parte relevante de estos recursos se integra al FCM para ser redistribuida. Si baja esa recaudación, baja también el fondo disponible para comunas con menor capacidad económica.

Advertencias desde el oficialismo No se trata de una advertencia ideológica. Incluso desde el oficialismo han surgido críticas, donde alcaldes de gobierno han advertido que esta medida puede tener efectos negativos directos en las finanzas locales. La discusión ha generado reparos incluso en autoridades cercanas al gobierno, que advierten el riesgo de desfinanciar municipios si no existen mecanismos de compensación claros.

Este punto es clave: no hay hoy claridad sobre cómo se reemplazarían esos recursos. Sin un diseño fiscal robusto, la reducción de contribuciones se transforma en una disminución directa de ingresos municipales. El impacto en las regiones más pobres El problema se vuelve más crítico cuando se observa la realidad de las regiones.

En Ñuble, por ejemplo, los datos son contundentes: es la región con mayores niveles de pobreza del país, superando el promedio nacional tanto en pobreza por ingresos como en pobreza multidimensional. En algunas comunas, más de un tercio de la población vive en condiciones de vulnerabilidad, lo que incrementa la presión sobre los municipios como primera línea de respuesta estatal. En estos territorios, los municipios no son solo administradores: son el Estado en terreno.

Financian programas sociales, sostienen la atención primaria de salud, mantienen espacios públicos y enfrentan problemas de seguridad y emergencia. Por eso, cualquier merma en sus ingresos tiene efectos concretos e inmediatos. Aquí aparece el dato estructural: la desigualdad territorial en Chile ya es profunda.

Mientras algunas comunas concentran altos ingresos propios, otras dependen casi exclusivamente del FCM. Reducir las contribuciones sin una compensación robusta aumenta automáticamente esa brecha, porque afecta más a quienes menos tienen. La paradoja es evidente.

Una política que busca aliviar a los contribuyentes puede terminar debilitando los servicios públicos que esos mismos ciudadanos utilizan, especialmente en comunas más pobres. Menos recursos municipales significan menos inversión social, menor capacidad de respuesta y un deterioro en la calidad de vida. Este no es solo un debate técnico, es una decisión política de fondo.

¿Queremos un país que profundice las diferencias entre sus territorios o uno que las reduzca? Porque cuando se debilita el financiamiento municipal, no se afecta a una abstracción: se afecta la vida cotidiana de millones de personas fuera de la capital. En un país donde las brechas territoriales ya son profundas, avanzar en medidas que reducen los ingresos locales sin un rediseño estructural del financiamiento municipal no es neutral.

Es, en los hechos, una política que puede consolidar un Chile aún más desigual. Y en esa ecuación, como tantas veces, las regiones vuelven a pagar el costo.