Megarreforma avanza en Medio Ambiente: Aprueban cambios al SEIA y restitución por RCA anulada

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó una serie de artículos vinculados a la megarreforma, iniciativa impulsada por el Gobierno y que aborda cambios en materias ambientales, regulatorias y de inversión. La sesión se extendió hasta cerca de las 23 horas y culminó con el despacho de diversas normas que ahora deberán ser revisadas por la Sala. Entre los puntos respaldados por la instancia destacan modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cambios al régimen de concesiones acuícolas, nuevas reglas para la restitución de gastos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente y ajustes a la institucionalidad ambiental y patrimonial.

Uno de los aspectos que marcó la discusión fue el respaldo del Partido de la Gente (PDG) al oficialismo en varias de las votaciones, lo que permitió aprobar normas consideradas sensibles por la oposición. En algunos artículos, el bloque oficialista consiguió siete y ocho votos favorables gracias al apoyo de esa bancada. La comisión también aprobó disposiciones relacionadas con hallazgos arqueológicos y modificaciones a la Ley de Monumentos Nacionales, además de normas transitorias que fijan plazos para dictar reglamentos ambientales y delimitan desde cuándo operará el mecanismo de restitución por RCA anulada.

Cambios al SEIA y límites a medidas cautelares Uno de los capítulos centrales aprobados por la comisión fue la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre las modificaciones visadas se encuentra la eliminación de la obligación de realizar una nueva evaluación ambiental cuando existan cambios en proyectos que ya cuentan con una RCA favorable, siempre que esas modificaciones no impliquen impactos sustantivos. Asimismo, se creó un régimen voluntario de tramitación acelerada y se eliminó la posibilidad de presentar recursos administrativos contra las RCA.

A ello se suma una mayor rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre otros organismos con competencia ambiental durante la tramitación de proyectos. La instancia también respaldó limitar a 30 días corridos las medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable, estableciendo que solo podrán renovarse mediante resolución fundada. En paralelo, se rechazó por unanimidad un numeral que proponía fijar un plazo de 20 días para reclamar una RCA ante el Tribunal Ambiental.

Las normas fueron aprobadas con siete votos a favor y seis en contra, incluyendo el apoyo del PDG en las últimas disposiciones sometidas a votación. Restitución de gastos por RCA anulada Otro de los puntos relevantes aprobados dice relación con la creación de un mecanismo para que titulares de proyectos puedan solicitar la restitución de gastos directos y efectivos cuando una RCA sea anulada por sentencia judicial firme. La propuesta establece que el titular deberá presentar una solicitud fundada ante el Ministerio de Hacienda dentro de 30 días hábiles desde que quede firme el fallo.

Posteriormente, una comisión de tres peritos determinará el monto a restituir, considerando exclusivamente gastos asociados al proyecto y acreditados mediante contabilidad separada. El texto también contempla la posibilidad de reclamar judicialmente el monto fijado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En caso de no existir reclamación, Hacienda deberá efectuar el pago dentro de 30 días hábiles.

Sin embargo, una de las disposiciones transitorias aprobadas establece que este mecanismo solo operará respecto de resoluciones otorgadas y anuladas desde la entrada en vigencia de la ley, tras una indicación sustitutiva impulsada por el Ejecutivo. Estas normas obtuvieron ocho votos favorables -incluyendo al oficialismo y al PDG- y cinco rechazos de la oposición. Acuicultura, pesca y permisos sectoriales La comisión también aprobó cambios vinculados a autorizaciones sectoriales y actividades acuícolas.

Entre ellos, se redujo desde dos años a seis meses el plazo para invalidar actos administrativos que otorguen autorizaciones sectoriales. Además, se aprobó eximir del trámite de evaluación ante el SEIA a ciertas relocalizaciones de concesiones de acuicultura cuando solo impliquen ajustes cartográficos fundados por la Subsecretaría correspondiente. En paralelo, se visaron modificaciones a la Ley General de Pesca que permiten externalizar informes técnicos sobre bancos naturales a privados inscritos en Sernapesca y actualizar normas sobre monitoreo ambiental de concesiones.

También se modificó el régimen de patente por no uso de concesiones y se eliminó la causal de caducidad asociada a la paralización de actividades por más de dos años consecutivos. Tribunales ambientales y SBAP En materia institucional, la comisión aprobó ajustes a la Ley de Tribunales Ambientales. Entre otras materias, se excluyó la RCA de determinados procedimientos de invalidación reclamables ante esos tribunales y se establecieron límites temporales para medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable.

Además, se incorporó la posibilidad de apelar resoluciones vinculadas a medidas cautelares o a sus prórrogas. Respecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se aprobó ampliar de dos a cuatro años el plazo para dictar reglamentos de la ley y se exigió la dictación previa de ciertos reglamentos antes de definir sitios prioritarios de conservación. Hallazgos arqueológicos y Ley de Monumentos Otro de los artículos aprobados modifica la Ley de Monumentos Nacionales.

La norma exige asesoría técnica de arqueólogos o paleontólogos para permisos de excavación y actualiza el procedimiento aplicable ante hallazgos fortuitos. Asimismo, crea una categoría de intervenciones menores que podrán ejecutarse mediante aviso electrónico, generando efectos equivalentes a una autorización desde el día de su presentación. La comisión también aprobó una disposición transitoria que entrega un año al Ministerio del Medio Ambiente para dictar nuevos reglamentos del SEIA y de Evaluación Ambiental Estratégica, adecuándolos a las modificaciones incorporadas en la iniciativa.

Tras superar esta etapa, el proyecto deberá continuar ahora su tramitación en la Sala de la Cámara, donde se anticipa un nuevo debate sobre el alcance de los cambios ambientales impulsados por el Ejecutivo.