"Medida idónea" y "no ataca el fondo": Congreso y expertos analizan idea de régimen de responsabilidad parental

Opiniones cruzadas generó el anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien ayer martes anunció que su cartera trabaja en la creación de un régimen de responsabilidad parental, que busca que los padres se hagan responsable de los hechos que cometan sus hijos. Esto, a raíz de los casos de violencia en colegios que se han registrado en los últimos meses, con avisos de bomba, amenazas, y otras situaciones que han obligado a los establecimientos a suspender clases. El ministro adelantó en entrevista con EmolTV que "nosotros estamos trabajando con la división jurídica y con la división de reinserción en lo que queremos presentar como un régimen de responsabilidad parental".

"Se va a establecer un régimen de responsabilidad parental. Hoy día hay dos o tres normas en el Código Civil; vamos a tomar eso y vamos a crear un régimen de responsabilidad parental y eso creo que también va a ser una señal muy potente para las situaciones que estamos viviendo actualmente, para que los padres se involucren de manera efectiva en la educación de sus hijos". Parlamentarios divididos Consultados por Emol, parlamentarios del oficialismo sostienen que esperarán conocer con mayor profundidad la propuesta; para algunos, resulta razonable responsabilizar a los padres, pero otros sostienen que aquello no ataca el fondo del problema.

La integrante de la comisión de Familia de la Cámara, diputada Francesca Muñoz (RN), precisó que "los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos. La ley ya contempla deberes parentales, como el pago de pensiones de alimentos y el cumplimiento de la relación directa y regular, y la Constitución reconoce su derecho preferente a educarlos. Por eso, esperaré la propuesta del ministro, que apunta al fortalecimiento de la familia".

Desde el PS, el diputado César Valenzuela, comentó que "en primer término hay que esperar que el proyecto sea ingresado para conocer su detalle. Pero en principio parece razonable que se busquen mecanismos que vinculen y responsabilicen a los padres por actuaciones de sus hijos". El también integrante de la comisión de Familia de la Cámara, diputado Roberto Celedón (FA), sostuvo que "es compleja la proposición que está trabajando el Ministerio de Justicia, como lo ha informado Emol".

Esto, porque, a su juicio, "trasladar la responsabilidad de situaciones concretas respecto de hijos escolares, estudiantes en la educación básica o media, es bastante complejo porque implicaría suponer un grado de complicidad de parte de los padres en relación a lo que eventualmente hace un hijo. Y no estamos yendo al fondo del problema". "Siempre nos quedamos en la superficie creyendo que si ponemos un detector de metales puede ser relevante para estos efectos.

Y no, el tema es mucho más profundo, muestra una crisis de la sociedad presente, y de ello nos tenemos que preocupar", comentó. Desde la DC, el diputado Álvaro Ortiz sostuvo que "me hace sentido lo que plantea el ministro. Es una realidad que en nuestra sociedad nos estamos acostumbrando a que uno vaya a dejar los niños al inicio de su proceso formativo, educacional, y después, prácticamente, desligarse.

No todos, pero en muchos casos sí. Por lo tanto, acá tiene que haber un acompañamiento y un involucramiento aún mayor de los padres, tiene que haber y existir y practicarse esa responsabilidad parental en todo el proceso formativo de un niño, niña o joven". "Medida idónea" En conversación con Emol, expertos destacan que ya existe en la normativa chilena la responsabilidad de los progenitores, bajo el principio de que una persona puede ser responsable de los hechos de aquellos que están a su cuidado.

Otros, en tanto, desde una mirada más integral, apuntan a que debe quedar claro si esta idea busca solamente perseguir al adulto responsable o si se avanzará en responsabilidades asociadas al cuidado. Carolina Cabrera, profesora encargada Clínica Jurídica Civil-Familia U. Finis Terrae, plantea que "establecer un régimen de responsabilidad parental e implementar lo que ya existe en nuestra legislación, es una medida idónea que contribuye a hacerse cargo de la contingencia de la violencia en los jóvenes".

En ese sentido, la experta destacó que "el Código Civil chileno impone cargas a los progenitores ya sea que vivan juntos o separados y esas cargas tiene que ver con el deber de cuidado, crianza y educación, y esa normativa existe y se debe implementar y exigir su cumplimiento cuando uno o ambos padres no cumplen con estas obligaciones. Los progenitores son corresponsables en aquello. No se trata sólo de derechos sino que también de obligaciones y no solo hacia los hijos sino que también existe una obligación social de los padres en el ejercicio de su rol parental".

Por su parte, Diego Izquierdo, investigador Instituto Libertad, comenta que "hoy nuestra legislación civil regula la responsabilidad por el hecho ajeno. El principio es que una persona puede ser responsable de los hechos de aquellos que están a su cuidado. El artículo 2320 del Código Civil, incluso, refiere la responsablidad de los padres respecto del hecho cometido por sus hijos menores que habiten en la misma casa o del tutor respecto de la conducta de quien vive bajo su dependencia y cuidado.

Por lo tanto, en principio existe una base normativa para avanzar en esa línea". "Mirar el origen del problema" Izquierdo sostiene, desde una perspectiva más amplia, que la pregunta relevante es si este régimen de responsabilidad parental propuesto -aunque aún no hay detalles- "está pensado exclusivamente en esta lógica de perseguir civilmente al adulto responsable o si abordará otros ámbitos relacionados a las responsabilidades asociadadas al cuidado, formación y enseñanza". "Lo que se está viviendo hoy en día debe ser entendido como un fenómeno social, por lo tanto, cualquier política pública que aborde lo referido debería complementarse con prevención, educación cívica y otros elementos, que no son sólo responsabilidad de padres y/o tutores, sino también de otros actores sociales, como los establecimientos educacionales y los medios de comunicación", subraya.

Por su parte, Nicolás Paraud, director de Magíster en Educación de la U. Finis Terrae, comentó que "hemos dejado de mirar el origen del problema: el impacto en las familias y, en el fondo, en las trayectorias de nuestros estudiantes. Es imprescindible resignificar la convivencia escolar.

La evidencia y los modelos más consistentes coinciden en que la prevención y la reparación deben ser parte del proceso". "Ampliemos el espectro de calidad que hoy nos lleva a concentrarnos con evidente esmero en los resultados académicos, involucremos a la familia, y promovamos que desde el núcleo de nuestra sociedad también se comprenda el valor de lo que parte en casa", enfatizó. En una línea similar, Luis Cortés, director de la Escuela de Derecho UBO, plantea que "desde una perspectiva jurídica, la propuesta resulta atendible: permite ordenar y dar mayor coherencia a normas que hoy existen, pero de forma dispersa, en el Código Civil".

De todos modos, subraya que conviene no sobredimensionar sus efectos: "No es evidente cuánto puede incidir, por sí sola, en la disminución de la violencia. Y es que estamos frente a un fenómeno bastante más complejo, atravesado por condiciones sociales, económicas y culturales que desbordan el ámbito familiar y que difícilmente se corrigen únicamente a través de reglas de responsabilidad", enfatiza. Además, hay un punto que suele quedar en segundo plano y que es clave: los problemas de ejecución.

"Muchas de estas responsabilidades ya están reconocidas en el plano normativo, pero encuentran obstáculos concretos al momento de hacerse efectivas. Ahí es donde aparece una tensión evidente: no siempre más normas implican mejores resultados", remarca. "En buena medida, esto refleja también las limitaciones en el acceso a la justicia, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad, donde los mecanismos formales operan con lentitud, o simplemente no llegan.

En ese escenario, un régimen de responsabilidad parental puede ser un aporte. Puede ayudar a reforzar ciertos estándares y a instalar una señal relevante. Pero cuesta sostener que, por sí mismo, vaya a constituir una respuesta central frente a un problema que, en su raíz, es mucho más amplio y estructural", cerró.