Mayor coherencia en la evaluación ambiental de proyectos

Aunque parezca increíble, las comunidades que se preocuparon por informarse de un proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que asistieron a las reuniones, que presentaron observaciones y que quedaron disconformes con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tienen 30 días para apelar, mediante un recurso de reclamación. En cambio, las personas que no se interesaron, que no asistieron a reuniones, o que simplemente se oponen a un proyecto porque les disgusta la iniciativa, tienen casi dos años para solicitar su invalidación. Esas personas, que tampoco confían en el exhaustivo trabajo de los servicios públicos que han participado en la revisión de dicho proyecto, tienen casi 700 días, contados desde que se otorgó la RCA, para tirarlo abajo.

Ese sí que es un freno abusivo para la certeza jurídica. Un abuso bajo el amparo de la ley, de una ley que se hizo mal. “El proyecto de reconstrucción propone reformas para hacer más expedita y coherente la evaluación ambiental, sobre las que ha habido poca discusión”.

El proyecto de ley de reconstrucción propone poner término a esta práctica abusiva. Adicionalmente, también se proponen reformas destinadas a hacer más expedita y coherente la evaluación ambiental, fortaleciendo el rol rector del Servicio de Evaluación Ambiental; ofreciendo, voluntariamente a los titulares, acortar el número de adendas a los que se puede someter un proyecto de inversión; y evitando nuevas evaluaciones para aquellas iniciativas que solo han realizado mejoras tecnológicas en un área ya evaluada. También hay avances en los permisos sectoriales.

Se le dan plazos específicos de respuesta al Consejo de Monumentos Nacionales en el caso de hallazgos y se autoriza a las empresas a presentar ellas mismas las solicitudes de excavación (siempre asistidos por un arqueólogo o un antropólogo), reduciendo el problema de agencia que significaba el que fuera necesariamente un arqueólogo el titular de dicha solicitud. Además, se facilita la relocalización de las concesiones de acuicultura y se propone modificar la caducidad de estas por el pago de una patente, lógica similar a la patente por no uso en los derechos de aprovechamiento de aguas. Ha habido poca discusión de estas medidas y pienso que en general son positivas pues debieran reducir plazos de evaluación ambiental, aumentar la coherencia de la evaluación ambiental y la certeza jurídica.

La atención se ha focalizado en una propuesta controvertida: la devolución de los costos incurridos por los titulares de proyectos que contaban con una RCA favorable y que luego fue anulada judicialmente. Esta medida, en realidad, no es aconsejable pues se presta para numerosos abusos y de hecho, puede producir el efecto contrario al deseado: que los servicios públicos sean más proclives al rechazo de proyectos, para evitar indemnizaciones posteriores. Salvo esa medida, que por lo demás es de muy escasa ocurrencia, la mayoría de las demás propuestas ambientales del proyecto de ley de reconstrucción se ven auspiciosas y, a diferencia de otras iniciativas legales, vienen a combatir de lleno el famoso problema de la permisología.