Más soluciones que residuos

Desde hace un tiempo se ha instalado un modelo de producción y consumo que busca repensar el manejo de residuos, extendiendo la vida útil de los productos y avanzando en dirección a una economía circular. En ese camino, Chile ha dado un gran paso promulgando, en 2016, la Ley 20. 920 de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que moderniza la gestión de residuos e instala un aspecto fundamental: Quienes producen e introducen productos en el mercado deben hacerse cargo del culmine de su utilidad.

Sin embargo, en un mundo tan vertiginosamente cambiante, aspectos como la reciente alza mundial del precio del petróleo —combustible que Chile importa— están acelerando transformaciones en la forma en la que nos movilizamos y abastecemos de energía. La electromovilidad es una de ellas. Su crecimiento ha sido significativo, superando las 14 mil unidades de vehículos livianos según la Agencia de Sostenibilidad Energética, cifra que ANAC proyecta que aumentará 12 mil unidades, algo muy parecido a lo que sucedió durante la guerra del Golfo, cuando se vio acelerada la búsqueda de motorizaciones eficientes ante la inestabilidad en Medio Oriente.

Pero ¿qué ocurre con esas baterías de litio una vez terminada su vida útil en los vehículos? Ese es el desafío sobre la mesa. Por estos días, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra sometiendo a consulta ciudadana un decreto que busca especificar las responsabilidades de los importadores de autos eléctricos, definiendo metas de recolección y valorización, junto a otras obligaciones, tales como un marco regulador para el uso de las baterías.

Este proceso, abierto hasta el 9 de abril es una valiosa oportunidad para influir en cómo se aplicará esta Ley, y esa participación es clave. Las políticas no pueden construirse únicamente desde la norma; de no ser así, difícilmente se transforman en soluciones reales. Se requiere la participación de todos los actores del sistema, de la sociedad en su conjunto, comprometida con la misma.

En REBATVE hemos comprobado que es posible dar una segunda vida a estas baterías mediante prestaciones estacionarias, contribuyendo tanto en la reducción de residuos como en el fortalecimiento del sistema energético nacional, acercándola a la sociedad y la industria. Y sí, la Ley REP es un buen punto de partida, pero hoy estamos definiendo cómo se hará realidad, y eso exige un marco regulatorio que integre las capacidades existentes para hacerla realidad. El mensaje es, entonces: Dejemos de acumular problemas y construyamos más soluciones que residuos.