Más despojo y menos salida a la demanda de tierras indígenas: Quiroz arrincona fondo clave de la CONADI

Lo que aparece en el oficio de Hacienda para el Ministerio de Desarrollo Social no es un ajuste cualquiera. En la lista de programas marcados como “Descontinuar” figura el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas – Subsidio para la Adquisición de Tierras (artículo 20, letras a y b), con $67. 625 millones ejecutados en 2025.

Dicho en términos simples: Jorge Quiroz, ministro de Hacienda de José Kast, puso bajo amenaza una de las herramientas más sensibles que tiene el Estado para intervenir en una de las heridas más abiertas de su relación con los pueblos indígenas: la tierra. Y eso no es un detalle administrativo ni una glosa perdida en una planilla. Es una señal política de fondo.

Aquí conviene ser bien claros para no enredar el punto. No se trata de decir que el Gobierno vaya a quitar tierras de manera directa con este oficio. El problema es otro, y no por eso menos grave: si se arrincona un fondo destinado a la adquisición de tierras indígenas, lo que se hace es reducir todavía más las salidas institucionales frente a una demanda histórica.

O sea, menos respuesta estatal y más conflicto acumulado. Por eso el eje de esta discusión no es solo presupuestario. Es también territorial, político e histórico.

Porque cuando el Estado debilita una de las pocas herramientas que tiene para responder a la demanda de tierras indígenas, lo que deja abierto no es un debate técnico: deja abierto, una vez más, el problema de fondo. No es una oficina: es un fondo ligado a la demanda de tierras El nombre del programa ya dice bastante. No estamos hablando de una unidad burocrática cualquiera, sino de un subsidio para la adquisición de tierras, alojado en CONADI, que el anexo de Hacienda manda a la categoría de lo prescindible.

Cuando un programa así queda bajo “Descontinuar”, la señal es evidente: el Estado empieza a retroceder justo en un terreno donde la deuda no está cerrada. Explicado con peras y manzanas: si una de las pocas herramientas que existen para responder a la demanda de tierras queda arrinconada, no desaparece el problema. Pasa exactamente lo contrario.

El problema se agranda. La demanda territorial sigue ahí, pero con menos instrumentos públicos para abordarla. Y eso, en los hechos, prolonga el despojo que está en la base del conflicto.

No porque este oficio cree ese despojo desde cero, sino porque ayuda a que siga sin una salida real. El ajuste no es neutro, y menos en este caso En los otros oficios sectoriales ya venía apareciendo una lógica bien reconocible: no se trataba solo de recortar, sino de definir qué partes del Estado pasan a considerarse secundarias. En este anexo, esa lógica vuelve a mostrarse con nitidez.

En el cuadro del ministerio, CONADI aparece con 8 programas en “Descontinuar” y 2 en “Ajuste presupuestario”. No es una observación marginal. Es una poda concentrada sobre una institución que opera en una de las zonas más sensibles de la deuda estatal con los pueblos indígenas.

Por eso el problema no se agota en la cifra de los $67. 625 millones. La cifra importa, sí, pero lo más importante es lo que representa.

Ese fondo no cae en cualquier ministerio ni en cualquier política pública. Cae en el centro de una discusión donde el Estado chileno acumula décadas de promesas incumplidas, respuestas parciales y conflictos que vuelven a encenderse cada vez que la salida institucional se debilita un poco más. Más ajuste, menos salida El anexo también muestra que la lógica de poda no se restringe a CONADI.

En la Subsecretaría de Servicios Sociales, por ejemplo, la Red Local de Apoyos y Cuidados queda bajo “Ajuste presupuestario” con $45. 708 millones ejecutados en 2025. Es decir, el ajuste golpea por varios lados en Desarrollo Social: por tierras indígenas y también por cuidados.

Pero el caso de CONADI tiene un peso político especial. Acá no estamos frente a una discusión técnica sobre eficiencia ni a una reorganización menor. Estamos ante una decisión que vuelve más estrecha la salida estatal frente a una demanda histórica.

Y cuando eso ocurre, lo que se instala no es la paz social ni la famosa “certeza” que tanto gusta invocar desde arriba. Lo que se instala es lo contrario: más frustración, más atasco y más terreno para que el conflicto siga abierto. Lo que dice de verdad este oficio El discurso oficial suele presentar estos documentos como parte de una política de orden fiscal.

Pero en la práctica los anexos están mostrando otra cosa: un mapa de prioridades. Y en ese mapa, el fondo para adquisición de tierras indígenas aparece como algo prescindible. Esa es la señal de fondo.

No una simple planilla, no una glosa más, no una reestructuración inocua. Una señal política. Por eso este oficio importa.

Porque no solo recorta recursos: arrincona una herramienta que, con todas sus limitaciones, forma parte de las pocas vías institucionales para responder a la demanda de tierras indígenas. Y cuando el Gobierno achica esa salida, lo que deja crecer no es el orden, sino la continuidad del problema. Más despojo, justamente, y menos salida.

A continuación, el oficio y el anexo del Ministerio de Desarrollo Social donde se marca en “Descontinuar” el fondo clave de CONADI para adquisición de tierras indígenas.