Más de 5 mil inmuebles fiscales están siendo usados irregularmente

Vía ley de transparencia, la Subsecretaría de Bienes Nacionales nos entregó el listado de todas las propiedades o terrenos fiscales en el país que —hasta el 30 de abril— se encontraban en manos de terceros de manera irregular. Pero ¿de cuántas viviendas fiscales ocupadas irregularmente estamos hablando? La respuesta reveló que existen 5.

194 ocupaciones irregulares que son propiedad del Estado y que el 45% de estas están catalogadas como de uso “habitacional”. Incluso, algunas tienen más de una utilización. Por ejemplo, son viviendas y también son utilizadas como oficinas.

Por definición, la ocupación “irregular” se entiende “como la tenencia por parte de una persona natural o jurídica, de un inmueble fiscal, cuyo origen fue legítimo, pues usó y gozó el inmueble fiscal mediante una autorización del Ministerio de Bienes Nacionales; sin embargo, el acto administrativo que permitió su ocupación dejó de producir efectos por vencimiento o caducidad, no siendo restituido dicho bien raíz al Fisco”, indicó la subsecretaría a Informe Especial. Rayado de cancha Si bien se trata de un fenómeno de larga data, el asunto volvió a la palestra el pasado 8 de mayo, cuando la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen mediante el cual ordenó a servicios públicos y municipios regular el uso de viviendas fiscales. En específico, exigió a los organismos estatales “regular, mediante normativa interna, la asignación, uso y término de las viviendas fiscales y municipales, reforzando el deber de una gestión eficiente y responsable de estos bienes públicos”.

Lo anterior fue resultado de fiscalizaciones realizadas por la CGR en las que “se advierte que existen situaciones irregulares, o de grave alteración de las condiciones de uso y mantención de tales viviendas, o de cambio significativo de las circunstancias previstas originalmente para la concesión del beneficio, o su uso ha sido ilimitado en el tiempo, o por tan larga data que impide a los demás funcionarios la posibilidad de acceder al mismo, entre otras cuestiones”, según apuntó la resolución del ente auditor. Ante este escenario, la Contraloría enfatizó que las jefaturas de servicios y autoridades municipales deben “ejercer activamente sus facultades de administración”, pudiendo fijar plazos máximos de uso, condiciones de mantención y cuidado, así como criterios para el término del beneficio. ¿En qué se ocupan?

La mayoría de los terrenos fiscales que están ocupados de manera irregular son utilizados como viviendas y, muy por debajo, aparece el uso “industrial”. Destacan también más de 200 sedes sociales o comunitarias, 196 inmuebles que funcionan para fines comerciales, 176 terrenos para la extracción de áridos, 175 oficinas y 156 instituciones de educación como liceos y escuelas. Más atrás están las zonas agrícolas y centros deportivos (como multicanchas); además de cultos religiosos, bodegas, estacionamientos y hasta espacios destinados al turismo.

Zona norte a la cabeza Las regiones que poseen más inmuebles o terrenos utilizados con permisos vencidos son las de Antofagasta, con el 17%; Metropolitana, con el 15%; y Biobío, con el 14%. Si observamos los datos por comuna, en los primeros cinco puestos se ubican Antofagasta, Iquique, Arica, Calama y Copiapó. Pero el ranking cambia al filtrar los resultados solo por uso habitacional, en esa categoría destacan Iquique, Concepción, Laja y nuevamente Antofagasta.

Con todo, la CGR dio un plazo de 60 días hábiles a las jefaturas de servicios y autoridades edilicias para dictar o actualizar reglamentos, instructivos o protocolos internos que regulen esta materia. Los documentos deberán indicar los requisitos de postulación y asignación de viviendas fiscales, las obligaciones de mantención, los mecanismos de control y fiscalización, el pago de consumos asociados y los procedimientos para poner término al beneficio.