Más de 40% de alza en homicidios: el país ya cruzó la línea de la improvisación.

Por Patricio Meza García, Administrador en Seguridad pública Las cifras de Carabineros confirman un salto crítico en la violencia letal y obligan a abandonar las respuestas parciales: hoy Chile enfrenta un punto de inflexión frente al avance del crimen organizado. El dato no admite interpretaciones complacientes. Un aumento superior al 40% en los homicidios en el último mes, según cifras oficiales de Carabineros, no es una variación estadística más ni una anomalía pasajera.

Es una señal de alerta mayor. Es, en términos simples, la evidencia de que la violencia letal está escalando a un ritmo que el Estado no está logrando contener con la velocidad ni la eficacia que la situación exige. Durante años, Chile construyó una reputación basada en niveles relativamente bajos de homicidios en comparación con otros países de la región.

Ese relato, sin embargo, comienza a erosionarse peligrosamente. No por una percepción subjetiva de inseguridad, sino por datos concretos que muestran que matar —y morir— se está volviendo más frecuente. Y cuando el homicidio aumenta, lo que está fallando no es solo la prevención del delito: es el sistema completo de seguridad.

La pregunta ya no es si estamos frente a un fenómeno nuevo, sino si estamos reaccionando a tiempo. Porque el crimen organizado no irrumpe de un día para otro. Se instala, crece, se adapta, prueba límites y avanza cuando detecta debilidad.

Lo que hoy estamos viendo en las cifras de homicidios es, probablemente, el resultado de ese proceso acumulativo: territorios tensionados, disputas entre bandas, circulación de armas y una violencia que deja de ser excepcional para convertirse en método. Y frente a eso, la improvisación es el peor enemigo. No basta con reforzar controles en determinados puntos o anunciar operativos que duran lo que dura la contingencia.

Tampoco alcanza con endurecer el discurso o multiplicar declaraciones de preocupación. Cuando la violencia homicida sube en más de un 40% en un mes, lo que se requiere es una revisión profunda de la estrategia, no ajustes cosméticos. Hay que decirlo con claridad: el país necesita dejar de reaccionar caso a caso y comenzar a intervenir de manera estructural.

Eso implica mirar qué funcionó en el pasado y por qué hoy no está dando resultados. Implica fortalecer la inteligencia policial, no solo aumentar la presencia en las calles. Implica coordinar de verdad a las instituciones, no superponer esfuerzos.

Implica, también, asumir que el crimen organizado no se combate con herramientas diseñadas para delincuencia común. Porque ese es otro punto crítico. No estamos enfrentando únicamente robos, hurtos o delitos aislados.

Estamos frente a fenómenos que tienen lógica de organización, financiamiento, control territorial y, en muchos casos, vínculos transnacionales. Cuando la violencia homicida crece en ese contexto, lo que se está expresando no es solo un aumento de delitos, sino una disputa por poder. Y el Estado no puede darse el lujo de perder esa disputa.

La experiencia internacional es clara en esto. Cuando los homicidios comienzan a subir de manera sostenida, revertir la tendencia se vuelve cada vez más complejo si no se actúa con decisión en las primeras etapas. No hay soluciones mágicas, pero sí hay errores conocidos: subestimar el fenómeno, fragmentar la respuesta institucional, politizar la seguridad y llegar siempre tarde.

Chile no puede permitirse repetir esos errores. La situación exige liderazgo, pero también exige coherencia. No se puede, por un lado, reconocer la gravedad del problema y, por otro, mantener estrategias que no están logrando contenerlo.

Tampoco se puede seguir postergando decisiones difíciles bajo el argumento de que requieren más tiempo o más consenso. La seguridad no espera. Al mismo tiempo, es necesario entender que la respuesta no puede ser únicamente reactiva.

Perseguir a los responsables de homicidios es imprescindible, pero no suficiente. Se requiere cortar las cadenas que permiten que estos hechos ocurran: el acceso a armas, la consolidación de bandas, la impunidad en determinados territorios, la debilidad en el control de fronteras y la falta de presencia efectiva del Estado en zonas críticas. Ese es el punto de fondo: cuando el homicidio crece, lo que se pone en duda es la capacidad del Estado para garantizar lo más básico, que es la vida.

Por eso, el momento actual no admite relativizaciones. No se trata de discutir si la cifra es comparable con años anteriores o si existen factores coyunturales que expliquen el alza. Se trata de asumir que un incremento de esta magnitud marca un punto de inflexión.

Y los puntos de inflexión obligan a cambiar. Cambiar el enfoque, cambiar las prioridades y, si es necesario, cambiar las herramientas. Porque si el crimen organizado avanza —y las cifras indican que lo está haciendo—, la peor respuesta posible es seguir actuando como si estuviéramos frente al mismo escenario de siempre.

Ese Chile ya no existe. Y seguir operando bajo esa lógica solo profundiza el problema. La señal que hoy entregan los datos es dura, pero también es una oportunidad.

Una oportunidad para corregir, para ajustar, para actuar con decisión antes de que la violencia se consolide como norma. Pero esa oportunidad tiene un margen limitado. Porque cuando los homicidios suben de esta forma, el tiempo deja de ser un aliado.

Se transforma en una cuenta regresiva. Y el país no puede darse el lujo de perderla.