Más de 10 amenazas de tiroteos alertan a instituciones educativas

Una serie de supuestas amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales de la conurbación han encendido las alertas de autoridades, policías y comunidades educativas enteras durante los últimos días. Entre las instituciones afectadas figuran el Colegio Altovalsol, el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, el Liceo Gregorio Cordóvez, el Liceo Gabriela Mistral, el Colegio Adventista y el Colegio Bernardo O’Higgins, además de la Universidad del Alba y el IP Chile, fenómeno que, según las autoridades, presenta patrones comunes y exige una respuesta coordinada. El subprefecto Javier Rodríguez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones La Serena, explicó que se han registrado más de diez denuncias de este tipo, muchas de ellas con características similares.

“Como institución no podemos dejar de acudir a estos procedimientos cuando el Ministerio Público lo instruye”, indicó. El oficial agregó que este tipo de investigaciones demanda una alta inversión de tiempo y recursos policiales, ya que deben ser abordadas con protocolos de alta complejidad, incluso cuando se trate de amenazas difundidas por redes sociales. Por su parte, la fiscal adjunta jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, señaló que "se ha decidido llevar las investigaciones de manera conjunta en la fiscalía local de La Serena, para de esta manera realizar una investigación más eficiente, para determinar una línea única de investigación y, además, para lograr resultados a la brevedad".

Mosnich confirmó además, que el Ministerio Público no va a dejar de investigar estos hechos. “Nuestro interés es lograr determinar la participación de los distintos imputados en estos ilícitos para evitar que estos hechos, que conmocionan tanto a la comunidad, se sigan produciendo”, dijo la persecutora. Refuerzo de protocolosAnte este escenario, el seremi de Educación, Marcelo Salvo Meneses, lideró una mesa técnica regional con equipos especializados para abordar esta contingencia.

La instancia reunió a profesionales de convivencia escolar, área jurídica, subvenciones y calendario escolar, además de la Superintendencia de Educación, con el objetivo de definir criterios comunes de actuación. Salvo enfatizó la necesidad de reforzar el acompañamiento a los establecimientos, priorizando respuestas oportunas y evitando decisiones que puedan generar mayor alarma, como suspensiones de clases sin fundamentos claros. “El foco está en acompañar a las comunidades educativas, entregando orientaciones claras y evitando que estas situaciones escalen o afecten el normal desarrollo del proceso educativo”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, se destacó la importancia de aplicar correctamente los protocolos existentes y fortalecer el trabajo articulado con instituciones como Carabineros de Chile y la propia PDI, especialmente ante amenazas que circulan en entornos digitales. En este contexto, el seremi relevó la reciente promulgación de la Ley N° 21. 809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, normativa que refuerza el enfoque preventivo y exige la actualización de reglamentos internos.

Además, anunció que esta mesa de coordinación se mantendrá de manera periódica. Salvo también subrayó que, siguiendo los lineamientos del Presidente José Antonio Kast y de la ministra de Educación, María Paz Arzola, se impulsa una agenda de seguridad educativa que incluye el proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas”, orientado a fortalecer herramientas preventivas y de respuesta ante hechos de violencia. Impacto en comunidades educativasDesde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera, en tanto, manifestaron su preocupación por estas amenazas, que han impactado en la convivencia escolar y los procesos pedagógicos.

Según detallaron, en las comunas de Andacollo y Coquimbo se han registrado tres casos, los cuales fueron abordados oportunamente sin afectar la continuidad del servicio educativo. El organismo explicó que desde 2025 se implementa el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, que entrega lineamientos para la prevención y manejo de emergencias, incluyendo la identificación de riesgos y la activación de protocolos frente a situaciones críticas. Asimismo, se ha reforzado un protocolo específico para enfrentar amenazas a la seguridad, tanto presenciales como virtuales, muchas de ellas difundidas a través de redes sociales.

Estas acciones se complementan con planes de convivencia escolar, monitoreo de riesgos y estrategias de intervención en salud mental, en línea con la Política Nacional de Convivencia Escolar 2024–2030. Mientras que desde SLEP Elqui , Rocío Alcayaga, encargada del Departamento Jurídico, sostuvo que estos actos de amenazas se traducen en la comisión de distintos ilícitos: delito de amenazas y el delito de alteración del orden público que, a su juicio, podría configurar figuras delictuales más graves, incluso eventualmente, delitos terroristas. "Incluso sanciones de hasta 10 años de presidio para quienes generan esta conmoción y afectación, no solo en el establecimiento educacional donde se emite la amenaza, sino también en toda la comunidad, dado que existe una importante conmoción pública", explicó.

A su vez, José Miguel Sanzana, director del Liceo Gregorio Cordóvez, sostuvo que en relación al hecho ocurrido en su establecimiento recientemente, se entregó información sobre publicaciones anónimas en redes sociales y que éstas serían de personas adultas y no de estudiantes. “Hemos activado las medidas de seguridad pertinente y los protocolos están escritos y los procedimientos se han realizado para no llamar a la alarma pública. Nuestro establecimiento está funcionando con normalidad, aunque algunos apoderados decidieron no mandar a sus hijos”, señaló Sanzana.

Aumento de discursos violentosDesde la PDI, en tanto, el subprefecto Cristian Villalobos, de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, advirtió que toda amenaza debe ser considerada real, dado su impacto en la seguridad pública y la activación de protocolos policiales. En tanto, la psicóloga del Instituto de Criminología de la PDI, Vania Saavedra, alertó sobre un aumento del consumo de contenidos violentos por parte de jóvenes en redes sociales. “Existe una mayor exposición a discursos que pueden legitimar la violencia como forma de expresión”, explicó.

Según datos internacionales, cerca del 36% de niños y adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia digital. En Chile, las denuncias relacionadas con este tema aumentaron un 10% en 2024, alcanzando 8. 509 casos, principalmente por maltrato entre estudiantes y agresiones físicas.

Recomendaciones y rol de la comunidadEn ese sentido, los expertos de la PDI reiteraron la importancia de denunciar oportunamente estos hechos, tanto en unidades policiales como ante el Ministerio Público, además de informar de inmediato a los establecimientos educacionales. También se recomendó resguardar evidencia digital, como capturas de pantalla y enlaces, que resultan clave para las investigaciones. Asimismo, se recomienda no intentar identificar ni confrontar a los posibles autores, ni exponerlos en redes sociales, ya que esto podría entorpecer las diligencias o constituir nuevos delitos.

Respecto al rol de los adultos, éstos deben supervisar el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes, así como fomentar el diálogo sobre los riesgos y consecuencias legales de estas conductas. De todas formas, las autoridades coincidieron en que el desafío no solo radica en la respuesta inmediata ante amenazas, sino también en el fortalecimiento de la prevención, la convivencia escolar y la salud mental, en un contexto donde las dinámicas sociales y digitales están influyendo cada vez más en la vida de las comunidades educativas.