Más allá de la reconstrucción: La agenda legislativa que el Gobierno desplegará este semestre

El Gobierno no se está quedando solo con el "Plan de Reconstrucción Nacional". En paralelo, ya delineó una batería de proyectos que pretende ingresar durante este primer semestre, ampliando su agenda en seguridad, migración y probidad. Este miércoles se conoció el detalle completo del plan impulsado por el Presidente José Antonio Kast, un documento de más de 200 páginas estructurado en cuatro ejes -reconstrucción física, económica, institucional y fiscal- y cuyo foco principal es retomar la senda de crecimiento.

Sin embargo, desde La Moneda ya se encuentran delineando las próximas iniciativas que ingresarán al Congreso. Uno de los proyectos que se alista apunta a migración. La iniciativa incluiría el aumento de penas para quienes transporten migrantes en situación irregular, además de incorporar medidas que finalmente habrían fuera del plan de reconstrucción.

En materia de seguridad, el Ejecutivo también prepara un proyecto sobre incivilidades, que será enviado junto con un registro nacional de vándalos. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, explicó en entrevista con 24 Horas que "dentro del compromiso que tenía Ministerio de Seguridad dentro de los 90 días era el avance en una ley de incivilidades. Que esperamos que precisamente dentro de estos 90 días pueda ser ingresada.

Y que tiene por objeto incorporar esas situaciones que no son un delito grave o que no son un delito propiamente tal o más bien una falta menor que pudiera hoy día considerarse penal". En esa línea, agregó que "pero que tenga la posibilidad de ser sancionada ojalá en el área de los juzgados de policía local. Y que permita que esas personas puedan ser ingresadas con posterioridad al registro de vándalos".

A esta agenda se suma una tercera iniciativa en materia de probidad: un proyecto que busca ampliar la exigencia de test de drogas a autoridades y actores políticos. La idea fue adelantada por el propio Mandatario a comienzos de abril, tras someterse a un examen de este tipo. En esa oportunidad, el Presidente señaló que "una cosa es el decreto y otro es el proyecto de ley, que amplía esta solicitud de examen para determinar el consumo de drogas a quienes ejercen el poder público", añadiendo que "nosotros queremos que quien ejerza el mando de la nación tenga las mismas obligaciones que tiene un ministro, un subsecretario, cualquier funcionario público".

Asimismo, detalló que la propuesta incluirá "a quienes ejercen cargo de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los y las concejales", además de "senadores y diputados", y las "directivas de los partidos políticos". "Creemos que cualquier partido político que tenga representación parlamentaria y reciba fondos públicos (... ) también acredite que no tiene dependencia o que no está sujeto de algún tipo de incentivo o de situación compleja con el narcotráfico y con el crimen organizado", sostuvo.

El proyecto también contemplará exigencias para candidatos a cargos de elección popular. "Cada persona, al momento de inscribirse, deberá acreditar un resultado negativo al momento de su inscripción, realizado uno de estos exámenes", expuso.