Magallanes no es tierra de nadie

Magallanes y la Antártica Chilena ya no pueden ser tratadas como una región extrema, lejana o meramente turística. Esa mirada quedó antigua. Hoy estamos frente a un territorio estratégico del siglo XXI: puerta natural hacia la Antártica, eje del Estrecho de Magallanes, plataforma logística austral, reserva ambiental de valor mundial, zona clave para el hidrógeno verde, espacio de navegación internacional, destino turístico global y frontera viva de la soberanía chilena.

Por eso, las denuncias sobre turismo ilegal en fiordos, canales y zonas protegidas no deben entenderse solo como una disputa comercial entre operadores formales e informales. Cuando embarcaciones extranjeras operan en aguas interiores chilenas sin cumplir plenamente la normativa nacional, cuando se denuncian desembarcos en zonas sensibles, cuando turistas aparecen como supuestos tripulantes o cuando se lucra con paisajes chilenos sin someterse a las mismas reglas que cumplen los operadores locales, el problema deja de ser turístico y pasa a ser una señal de falla estatal. En Magallanes, la soberanía no puede ser solo una afirmación en el mapa; debe expresarse en control marítimo, fiscalización migratoria, vigilancia aérea, protección ambiental y presencia permanente del Estado en terreno.

Esa presencia efectiva no consiste únicamente en tener instituciones con atribuciones legales, sino en contar con medios, presupuesto, tecnología, inteligencia territorial, movilidad y coordinación suficiente para ejercer autoridad real en una geografía extrema, dispersa, marítima, aérea, fría y de difícil acceso. En abril de 2026, gremios turísticos de Magallanes denunciaron la eventual operación irregular de embarcaciones extranjeras en zonas cercanas a Puerto Natales, fiordos de Tierra del Fuego y canales del Beagle, advirtiendo posibles vulneraciones tributarias, aduaneras, laborales y ambientales. En esa misma línea, el empresario magallánico Alejandro Solo de Zaldívar, gerente general de Solo Expediciones, denunció desembarcos de turistas en sectores sensibles como Fiordo Parry y Bahía Jackson.

Su denuncia importa porque representa a quienes trabajan legalmente, invierten, pagan impuestos, contratan formalmente, cumplen protocolos y respetan restricciones ambientales, mientras otros podrían estar operando con ventajas indebidas en territorio nacional. La Ley 21. 774 regula el cabotaje marítimo y establece condiciones para la participación de naves extranjeras en el transporte de pasajeros dentro del territorio nacional.

Por lo tanto, no se trata de cerrar Magallanes al turismo internacional, sino de exigir que toda actividad comercial respete la ley chilena. En una zona de frontera, soberanía y proyección antártica, la informalidad no es pintoresca: es peligrosa. Ya existen antecedentes preocupantes.

En 2025, Aduanas informó operativos conjuntos con la Autoridad Marítima y la PDI que detectaron yates y veleros extranjeros ofreciendo servicios turísticos fuera de norma en Magallanes, con viajes hacia fiordos chilenos y la Antártica que podían costar entre 8 y 14 millones de pesos por pasajero. En algunos casos, turistas habrían sido presentados como supuesta tripulación, lo que abre preguntas sobre controles aduaneros, migratorios, laborales, marítimos y tributarios. Aquí surge la pregunta de fondo: ¿tiene Chile presencia estatal suficiente, coordinada y permanente para controlar efectivamente sus aguas interiores australes, sus canales, su proyección antártica, su flujo turístico internacional y las actividades comerciales que se desarrollan en una de las regiones más estratégicas del país?

La Armada cumple un rol central en el control marítimo y en la presencia soberana en aguas interiores. La Fuerza Aérea sostiene una función estratégica en la conectividad, apoyo logístico y presencia antártica, especialmente a través de la Base Aérea Presidente Frei y el aeródromo Teniente Marsh. La PDI, por su parte, tiene una función clave en materia migratoria, policial e investigativa.

Pero la pregunta no es solo si existen atribuciones legales, sino si esas instituciones cuentan con medios, presupuesto, tecnología, movilidad, inteligencia territorial y coordinación suficiente para actuar eficazmente en una zona donde el control estatal no puede ser ocasional ni reactivo. Magallanes ya no es periferia. Es centro estratégico.

El hidrógeno verde, el Estrecho de Magallanes, las rutas marítimas australes, el turismo internacional, la protección ambiental y la proyección hacia la Antártica forman parte de un mismo tablero. Además, aunque el Tratado Antártico no vence en un año ni tiene fecha de término, el escenario antártico será cada vez más relevante por razones científicas, climáticas, logísticas, ambientales y geopolíticas. Chile no puede dormirse ni actuar tarde.

En la actualidad, sería ingenuo mirar estos hechos solo con categorías antiguas. Ya no enfrentamos únicamente guerras convencionales, híbridas, cibernéticas o cognitivas. Estamos entrando en la era del Omnibellum: una conflictividad total, permanente y multidominio, donde la soberanía de los Estados se disputa en el territorio, en el mar, en el aire, en la economía, en las redes, en las instituciones, en la narrativa pública y en la capacidad real de hacer cumplir la ley.

En ese escenario, Magallanes y la Antártica Chilena no son una periferia remota, sino un espacio altamente codiciado por su valor energético, marítimo, logístico, ambiental, científico y antártico. Resulta inquietante que muchas veces sepamos más de lo que ocurre en Perú, Argentina, Cuba, Venezuela o en el estrecho de Ormuz, que de lo que está ocurriendo —o podría ocurrir en el corto plazo— en el Estrecho de Magallanes. Comentamos con detalle las tensiones del golfo Pérsico, las crisis del Caribe, los procesos políticos vecinos o las disputas de otras regiones del mundo, pero solemos mirar con menor atención un paso bioceánico chileno, una puerta antártica y una región que comienza a adquirir un valor estratégico creciente para la energía, la logística, el turismo, la ciencia, la seguridad y la soberanía nacional.

Por eso, una región que a veces parece lejana para parte de la burocracia central puede resultar mucho más atractiva para actores que no poseen una condición geográfica austral o antártica comparable, pero que sí desean influir, operar, explotar comercialmente, instalar presencia o disputar espacios de hecho. No se trata de afirmar que cada infracción turística sea una operación hostil, ni de convertir el turismo en sospecha permanente. Se trata de entender que, en el mundo que viene, la soberanía no se pierde solo por invasiones militares; también se erosiona por abandono, permisividad, informalidad, debilidad fiscalizadora, dependencia económica, presión narrativa y ocupación práctica de espacios estratégicos.

Por eso, el turismo ilegal en la Patagonia austral no debe tratarse como una molestia gremial, una queja empresarial o una infracción administrativa más. Debe entenderse como una advertencia sobre la capacidad real del Estado para ejercer soberanía efectiva en una región decisiva para el futuro nacional. Magallanes y la Antártica Chilena exigen una política de Estado seria, permanente y anticipatoria, capaz de integrar turismo, seguridad, defensa, migraciones, medio ambiente, infraestructura, energía, transporte, ciencia y soberanía bajo una misma visión estratégica.

No basta con reaccionar cuando aparece una denuncia, cuando un operador local levanta la voz o cuando una fiscalización descubre lo que pudo haberse prevenido antes. En una zona de esa importancia, el Estado debe anticiparse, coordinarse y actuar con presencia real. El futuro austral de Chile no se defenderá con improvisación ni con discursos pronunciados desde la comodidad de Santiago.

Se defenderá con control efectivo, inteligencia territorial, instituciones coordinadas, inversión suficiente, fiscalización permanente y voluntad política. Allí donde confluyen el turismo internacional, el hidrógeno verde, el Estrecho de Magallanes, las rutas marítimas australes, la proyección antártica y la protección de ecosistemas únicos, cualquier vacío de autoridad puede transformarse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. Magallanes no es tierra de nadie.

Es frontera, soberanía, Antártica, energía y futuro. Precisamente por eso, Chile debe hacerse respetar, porque cuando una zona estratégica queda expuesta al abandono, a la informalidad o a una fiscalización insuficiente, se produce un vacío estratégico que tarde o temprano otros aprovechan. Y en el siglo XXI, esos vacíos no siempre se ocupan con ejércitos o declaraciones formales; muchas veces se ocupan con presencia económica, influencia narrativa, operación irregular, presión logística, explotación comercial o simple costumbre de actuar donde el Estado llega tarde.