Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones de Boric: “La expectativa de la inmediatez en materia migratoria te puede conducir al fracaso”

Esta semana el Presidente José Antonio Kast comenzará su plan en materia migratoria. Fue de sus primeros anuncios y, por lo mismo, el Plan Escudo Fronterizo en el norte, fue de los primeros decretos que firmó. El viernes llegó la maquinaria para empezar los trabajos e instalar zanjas en la frontera.

En paralelo, la ministra Mara Sedini cuestionó abiertamente al exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, luego de que se dieran a conocer 120 trámites de nacionalización pendientes y 22 mil decretos sin firma en materia de nacionalizaciones. La vocera aseguró que ese tipo de datos en materia migratoria eran los que motivaban la auditoría del Gobierno a la exadministración. Pero Thayer se defendió.

Explicó que las nacionalizaciones son un tema político para el cual trabajó en un proyecto de ley en el Congreso que permita al Estado tener herramientas para rechazar trámites de nacionalización, ya que muchas de esas solicitudes están enfocadas en obtener el pasaporte chileno, que es uno de los más apetecidos en Sudamérica. —¿Cómo se explican los 120 mil trámites pendientes en nacionalizaciones y 22 mil decretos sin firma en materia migratoria? —Nosotros recibimos más de 200 mil solicitudes de residencias temporales al año y de residencias definitivas unas 100 mil.

O sea, tenemos un flujo normal de 300/380 mil solicitudes, sin contar las nacionalizaciones. Y tenemos capacidad para resolver en el año algo similar a esto. Y evidentemente que hay algunas solicitudes que tardan más, porque por ejemplo hay países en que obtener la documentación es muy complejo.

No se resuelven de manera rápida, porque no presentan la documentación legalizada, o la gestión no puede obtener documentos de identidad en el Consulado. O porque uno no puede pedir nada al país de origen, como Haití o Venezuela. Son problemas de esa naturaleza muchas veces.

De todas formas, el Servicio tiene que seguir creciendo para responder más rápido. El análisis que se hace de las solicitudes es bien acucioso. —¿Y con respecto de las nacionalizaciones?

Que es lo que se cuestiona. —Ahí hay un tema que es político. Si nosotros de un día a otro, de un año a otro, resolvemos 120 mil solicitudes de nacionalidad, vamos a tener problemas con el pasaporte.

Es un problema que es político. Hay una definición que es cuidar el pasaporte chileno. Lo que propusimos para resolver esto fue un cambio legal.

Que aquellas 120 mil solicitudes tienen que pasar por una prueba de conocimientos, como se hace en muchos países, y ampliar las causales de rechazo. Hoy prácticamente no tenemos causales para rechazar nuestras solicitudes de nacionalidad y, por lo tanto, el Estado chileno tiene pocas herramientas para poder administrar, con sentido de país, las solicitudes de nacionalización. Y ese es un proyecto que nosotros presentamos y que se aprobó en la Cámara y que está en el Senado.

—¿Qué es lo que tiene que ocurrir para resolverlo? —Tenemos que avanzar en el proyecto. Y hay otra cosa que es importante, la nacionalidad no es un trámite migratorio más.

Cuando una persona se nacionaliza no es como obtener es una visa, es una concesión que hace el Estado a aquellas personas que pertenecen a la sociedad, que se han integrado, que tienen sentido de pertenencia y cohesión con la comunidad nacional y no es un trámite para obtener pasaporte. La mayoría de las solicitudes son justamente para eso: para obtener el pasaporte. Porque el pasaporte venezolano, el haitiano, el colombiano, te genera muchas más dificultades para moverte en otros países que el pasaporte chileno.

Somos conscientes de eso y entendemos que la nacionalidad no es un trámite para obtener pasaporte, sino que es una concesión, un reconocimiento, que hace el Estado a las personas que pertenecen a la sociedad. Entonces, no es un problema de gestión, es un problema que es político. “Es súper importante retomar las relaciones con Venezuela.

No hay consulado y eso hace imposible expulsar a quienes corresponde” La política migratoria de Boric fue muchas veces cuestionada por la derecha. Primero, por la apertura a regularizar migrantes. Luego, por la tardanza en ejecutar expulsiones, pese a que anteriores gobiernos presentaron la misma complejidad.

Pese a todo, Thayer tiene una visión positiva de su gestión. “En general lo vemos positivo porque hicimos varias cosas que probablemente no son tan visibles, pero que son muy significativas para la consolidación de la institución en la política migratoria”, dice el exdirector de Migraciones. —¿Como cuáles?

—Primero, creamos y publicamos una política migratoria, con plan de acción, estrategia, que es una cosa que no había ocurrido en Chile. Luego, instalamos un servicio a nivel nacional. Esto hasta octubre de 2021 era un departamento dentro de la Subsecretaría del Interior.

Nosotros lo que hicimos fue montar un servicio a nivel nacional. Luego, implementamos la ley que entró en vigencia justo cuando entramos. Lo que implicó adaptar toda la institucionalidad y los procedimientos a la nueva legislación.

Hicimos también un proceso de empadronamiento de 182 mil personas de las que el Estado no tenía información. Resolvimos, con el Plan Rezago, más de 600 mil solicitudes que estaban tramitándose, de años anteriores. Entonces, yo diría que en general el balance de la gestión es positivo y dejamos el Servicio en mucho mejores condiciones de las que lo recibimos.

Lo dejamos consolidado y evidentemente que tiene que seguir de aquí en adelante creciendo, creciendo en presupuesto, nosotros logramos avances presupuestarios importantes, pero todavía diría que el gran desafío es aumentar la capacidad del Servicio para responder a las distintas demandas que supone la política migratoria. —¿Le cambió mucho la percepción de migración? Entendiendo el giro que hubo en el programa de gobierno con respecto al tema.

—Mira, lo que decía el programa, nosotros lo hicimos. La gestión de la política migratoria tiene un componente migratorio y otro que es muy político. Y nosotros cuando asumimos efectivamente había una crisis, había un abandono importante de la gestión migratoria y nosotros lo que hicimos fue tomar el tema y abordarlo desde el enfoque que recogiera las preocupaciones que tenía la ciudadanía y, por otro lado, avanzar con procesos que permitieran cumplir los objetivos propios de la políticas migratorias, asociados a conocer la información de la población migrante, facilitar el acceso a las visas, resolver el rezago, en fin.

—Pero está la caricatura de que querían regularizar a todos. —No, nosotros desde el día uno no dijimos eso. En la primera entrevista que di, dije que no iba a haber un proceso de regularización.

Lo que sí creo es que con el empadronamiento, con la agenda legislativa que levantamos de mejoras de migración, de control de fronteras, con los acuerdos que llegamos con Bolivia, logramos objetivos. Entre 2022 y 2025 se recondujeron casi 20 mil personas a la frontera. Eso fue generando y permitió avanzar en generar un mecanismo de regularización de personas que efectivamente son un aporte al país, que tienen inserción y trabajo.

Más que un cambio, lo que hubo fue un despliegue de la política migratoria del programa de gobierno que fue más lento de lo que se podría haber esperado, porque las condiciones que enfrentamos fueron bien complejas. Recordemos que en diciembre de 2021 había marchas en Iquique, con quemas de pertenencias de personas migrantes, heredamos una situación sumamente compleja. Se había perdido la información del Servicio Nacional de Migraciones, había un abandono real de la política migratoria.

—¿Y en qué estado está la situación migratoria en Chile? ¿Tan crítico como lo dice el gobierno entrante? —Yo te diría que no.

Los datos lo dicen: han bajado los ingresos irregulares. En nuestro gobierno bajaron cerca de un 54%, un poco más, las denuncias de ingresos irregulares. Tenemos una migración hoy día que ha cambiado, el principal foco de hoy es el flujo de personas bolivianas que vienen a Chile a trabajar.

Si ven los datos de residencias temporales, el crecimiento de la migración en los últimos tres años, se ha dado principalmente a partir de la migración de bolivianos que vienen a trabajar. El flujo de personas venezolanos está estancado, lo mismo los haitianos, está parado ese flujo. Nosotros tomamos la decisión en septiembre del año pasado de, dada la situación de Haití y la dificultad para obtener la documentación, de frenar las solicitudes de residencia de ese país.

Por la dificultad de tener una certeza de documentos. Nos estaban llegando documentos falsos. Es decir, nosotros también hemos tomado decisiones que han ayudado a fortalecer el flujo migratorio que contribuya al desarrollo económico como el flujo boliviano, y, de alguna manera, retardar o frenar la migración que no tiene posibilidades de una integración adecuada a nuestra sociedad.

—A propósito del flujo boliviano. ¿Cree que la zanja va a ser una medida efectiva? —La gestión de la frontera, y de la política migratoria, es multidimensional.

La zanja por sí sola no va a resolver todos los temas. ¿Puede ayudar? Sí, pero no son una varita mágica.

Acá no hay varitas mágicas ni medidas únicas. Es súper importante, por ejemplo, para tener una política importante de control de fronteras, retomar las relaciones con Venezuela. Hoy día no hay consulado venezolano aquí y eso hace imposible, en la práctica, expulsar a personas de ese país.

Nosotros dejamos en los cuatro años de gobierno, firmamos, yo firmé, más de 45 mil decretos de expulsión. De 2022 a 2025. —¿Cuántos se ejecutaron?

—Tenemos la ejecución más eficiente de expulsiones administrativas desde 2017. Que son pocas si se miran los decretos. El año pasado, la PDI ejecutó más de 900, pero si miras para atrás eran números inferiores.

—¿Y a Venezuela no se puede expulsar a nadie? —No, porque para expulsar a una persona a Venezuela tienes que pasar por el consulado para que te verifique la identidad de esa persona. Al no haber consulado en Chile, el Estado venezolano no puede reconocerlos como ciudadanos propios.

En términos simples, cada vez que expulsas a alguien el consulado dice: “este ciudadano es mío”. —¿Fue la principal crisis que les tocó enfrentar en el gobierno? El tema de las expulsiones.

—La relación en general con Venezuela. Y es un problema, porque las personas no pueden conseguir sus documentos para tramitar sus visas, por lo que quedan pendientes. Y, por otro lado, tampoco puedes expulsar a personas.

Nosotros firmamos 45 mil decretos de expulsión en estos cuatro años, pero en total en los últimos diez años deben haber 75 mil decretos de expulsión pendientes. El desafío que tiene la nueva administración en materia de expulsiones es un desafío que es bien importante. Y las relaciones con Venezuela son clave para poder avanzar en eso.

—¿Y por qué no retomaron las relaciones entonces? —O sea, nosotros logramos tener una buena relación durante los primeros años y finalmente por motivos de política internacional, que escapan ciertamente al Servicio Nacional de Migraciones, se rompieron las relaciones con Venezuela, expulsaron a nuestro embajador y se llevaron sus cosas de vuelta. Fue una decisión en la que el principal actor para romper la relación fue el gobierno venezolano.

El vínculo con Venezuela, el vínculo con Bolivia, el vínculo con Perú, son vínculos que deberían ser prioritarios para que la implementación de la política migratoria sea posible. —¿Cómo ve el manejo de expectativas del gobierno entrante en materia migratoria? Hubo hasta una cuenta regresiva.

—Hay que ver cómo se despliegan en esto, pero yo la verdad espero, por el bien del país, que haya cierta continuidad en política migratoria, que podamos retomar las relaciones con Venezuela, que mantengamos las relaciones que hemos logrado con Bolivia y con Perú, porque este es un tema que no es de gobierno. La política migratoria es de Estado, como la de defensa. Lo que espero es que el nuevo gobierno pueda seguir avanzando en la línea de lo que hemos avanzado.

—¿Y el manejo de expectativas cómo lo ve? Son procesos lentos. —Normalmente subir mucho las expectativas en este tema puede generar frustración porque la política migratoria es una política que no es inmediata, como lo de las expulsiones.

Son procesos de mediano plazo, donde se requieren recursos. La expectativa de la inmediatez en materia migratoria te puede conducir al fracaso. —¿Le cambió la percepción de la dictadura venezolana al trabajar en migraciones?

—Sobre la dictadura venezolana siempre he tenido una opinión contraria y negativa de la dictadura de Madura, siempre. Y ahora pude constatar, en relaciones directas con autoridades, que efectivamente son gente muy compleja, poco confiable para trabajar. —¿Cómo ve el futuro de la materia migratoria?

¿Habrá disminusión del auge venezolano producto de la captura de Maduro? —No se ha movido. Nos dijeron cuando hubo fraude electoral que se iba a venir una nueva oleada venezolana, no ocurrió.

Cuando asumió Maduro dijeron lo mismo, no ocurrió. Cuando asumió Trump, también dijeron que iban a venir a Chile y tampoco. Lo que siento es que los augurios de crisis migratoria se han ido desmontando.

Nosotros asumimos con una crisis importante en la frontera, hemos logrado estabilizar un poco el barco, y yo espero, por el bien del país, que el nuevo gobierno pueda seguir avanzando en las líneas que hemos avanzado. Es un tema de Estado, no de sectores políticos. No se puede instrumentalizar en temas de rendimientos electorales de corto plazo o rendimientos comunicacionales de corto plazo.