Los desafíos de una Fiscalía 2.0

El Ministerio Público, desde su estructura superior como es la Fiscalía Nacional y sus brazos operativos, como son las 16 Fiscalías Regionales, sumado a la recién creada Fiscalía Supraterritorial, tiene hoy enormes desafíos en la implementación práctica y efectiva de la Ley 21. 771, que crea a esta última, y en el marco de la ley 21. 812, que fortalece al organismo en su conjunto.

Se trata de las reformas normativas más grandes y estructurales que haya experimentado este órgano de rango constitucional, desde el inicio de sus funciones el año 2000, institución que detenta el monopolio de la dirección de la investigación de todo delito. “Tras los ajustes realizados, existen altas expectativas de que se alcancen resultados que marquen una notoria diferencia de eficacia en la persecución penal”. Con la Ley 21.

812, publicada el 1 de abril, se suman 215 nuevos fiscales a la dotación y 337 profesionales, además de técnicos y administrativos, que reforzarán áreas de investigación y persecución; análisis criminal, fiscalización, control y unidad de acción, con el fin de mejorar los resultados, precisamente en persecución penal, atención y protección de víctimas y testigos, considerando especialmente los delitos de mayor impacto y connotación social. Por otra parte, con la Ley 21. 771 este mes también entró en plena operación la Fiscalía Supraterritorial, con el propósito de desplegar una respuesta integral y de alta especialización en la investigación y persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad con presencia de asociaciones delictivas o criminales de alcance nacional e internacional.

Los 35 fiscales y los equipos profesionales y técnicos multidisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, que la ley creó para respaldarlos en análisis criminal, financiero patrimonial y tecnológico, entre otras tareas claves, debieran marcar, por tanto, una notoria diferencia en profundidad y eficiencia en el combate al delito más sofisticado o de mayor gravedad. Trabajo que, por cierto, debe mantener coordinación con policías especializadas y otros organismos públicos que colaboran activamente en este tipo de investigaciones complejas. Los desafíos para el Ministerio Público, entonces, parten por la adecuada selección y preparación de los fiscales, profesionales y técnicos, que bajo la responsabilidad del Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y el Fiscal Supraterritorial llevarán a la práctica las intenciones del Ejecutivo y del Congreso de provocar avances cualitativos y cuantitativos en los resultados de la persecución penal.

También serán claves las coordinaciones operativas y el fortalecimiento del trabajo en equipo con todas las policías (incluida la marítima y gendarmería) y otros colaboradores públicos y privados nacionales y extranjeros esenciales para la investigación criminal. Existen muchas expectativas en que estos profundos ajustes, en términos orgánicos y procesales, tengan el mejor de los aterrizajes operativos y marquen notoriamente la diferencia. La eficacia de sus resultados es esencial para que la ciudadanía perciba un cambio importante en la efectividad del sistema penal acusatorio en su faceta clave de investigación y persecución, en un contexto, además, de reformas complementarias, relacionadas con los nuevos sistemas de inteligencia del Estado y de inteligencia financiera, próximos a ser ley.