Litio: avanzando a paso firme

La Estrategia Nacional del Litio reconfiguró la industria nacional de este mineral, dinamizando el mercado local frente al desafío de duplicar la producción en la próxima década y elevando, al mismo tiempo, los estándares socioambientales de la minería en Chile. Sin embargo, el panorama en torno al desarrollo del litio al inicio del gobierno del entonces Presidente Boric era tremendamente complejo y muy distinto al que entregamos a la administración siguiente, porque recién en junio de 2022 la Corte Suprema declaró nula la adjudicación de contratos asociados a la licitación del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Tal como ocurrió con la licitación de 2012, el litio volvía a partir de 0.

Al mismo tiempo, en el Salar de Atacama enfrentábamos la incertidumbre por el fin del contrato de SQM en 2030 y, además, la acogida de una acción de protección por la falta de consulta indígena de Corfo al asignar recursos a comunidades contemplados en ese contrato. Todo esto contrastaba con el escenario de súper precios de 2022 y con la presión por “aprovechar la ventana de oportunidad”. Lo que no se dice, con evidente desconocimiento o abierta mala intención, es que para sacar ventaja de aquello los contratos debieron haberse firmado años antes del inicio de nuestro gobierno.

No sólo por la mal llamada “permisología”, sino por la complejidad de llevar adelante un proyecto minero. Lo que, según datos de S&P, toma en promedio cerca de 15 años para transitar desde la etapa de exploración hasta su puesta en marcha. Frente a esto, tomamos una decisión clara y subimos la apuesta: el desarrollo del litio debía convertirse en modelo de desarrollo productivo sostenible, capaz de aumentar producción y elevar estándares en la minería.

Esta aspiración se plasmó en la Estrategia Nacional del Litio y, a tres años de su lanzamiento, los resultados son evidentes: equilibramos rapidez con efectividad, habilitación de proyectos con participación de los territorios, y desarrollo productivo con cuidado del medio ambiente. Entregamos certezas para continuar hasta 2060 la explotación del mayor yacimiento de litio del mundo, el Salar de Atacama, ahora con participación mayoritaria del Estado. La asociación público-privada entre Codelco y SQM se materializó en NovaAndino, que ya tiene todas las autorizaciones necesarias.

El proyecto producirá cerca de 300. 000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) y el Estado podría recibir hasta US$48. 900 millones en valor presente.

A ello sumamos iniciativas en los salares con mayor potencial tras Atacama: Altoandinos, impulsado por Enami junto a Rio Tinto, con proyecciones de 75 mil toneladas anuales de LCE; y Maricunga, de Codelco junto a la misma empresa, con proyecciones de 55 mil toneladas al año. Además, al término de nuestro mandato, el ministerio de Minería ingresó a Contraloría, para su toma de razón, 10 decretos con los requisitos y condiciones de los Contratos Especiales de Operación de Litio para proyectos liderados por privados. Y además de avanzar en mayor producción, impulsamos la extracción directa de litio para reducir el impacto hídrico, creamos el Instituto Nacional de Litio y Salares para fortalecer el conocimiento geocientífico y tecnológico.

También cerramos 11 procesos de consulta indígena con más de 90 acuerdos, estableciendo así un nuevo estándar para la minería: participación indígena efectiva, recursos que permanecen en los territorios -en coherencia con el royalty minero- y financiamiento para I+D+i. La mejora es sustantiva. Aprendimos de los errores del pasado para construir un futuro sin retrocesos que fortalezca la posición de Chile como productor de los minerales críticos que el mundo requiere.

Trabajamos con altos estándares técnicos y jurídicos, enfrentando las críticas con convicción y demostrando que cuando rompemos la inercia y desarrollamos políticas públicas de largo plazo, ganan Chile y su gente.