Ley israelí de pena de muerte abre paso al “asesinato legalizado” de prisioneros palestinos

El número de palestinos encarcelados en Israel supera los nueve mil 500. y la normativa obliga a imponer la pena de muerte a loa condenados por asesinar a israelíes bajo argumentos de «seguridad nacional». En una medida que ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos y autoridades palestinas como un quiebre sin precedentes en el ya de por sí tenso panorama del conflicto, el Parlamento israelí (la Knéset) dio luz verde el lunes a una legislación que impone la pena de muerte a prisioneros palestinos condenados por matar a israelíes.

La norma, que modifica la aplicación de una ley hasta ahora inactiva, es catalogada no solo como una escalada punitiva, sino como la institucionalización de una práctica que denominan “asesinato legalizado”. La aprobación de la normativa en segunda y tercera lectura por parte del legislativo israelí representa un endurecimiento significativo en las políticas aplicadas contra los más de nueve mil 500 palestinos que actualmente se encuentran recluidos en centros de detención del régimen sionista. Si bien la figura de la pena capital ha existido en el marco legal israelí su aplicación no se ejecutaba de forma generalizada durante décadas.

Sin embargo, el nuevo texto legal obliga a los tribunales a imponer la sentencia máxima bajo argumentos vinculados a la “seguridad nacional”. El sustento jurídico de esta nueva directriz se remonta a las regulaciones de emergencia heredadas del Mandato Británico de 1945, un conjunto de leyes que Israel adoptó tras su establecimiento en 1948 y que han sido utilizadas históricamente para justificar políticas de excepción sobre los territorios ocupados. Expertos en derecho internacional sostienen que la reactivación y el carácter coercitivo de esta norma forman parte de un contexto prolongado de medidas consideradas entre las más severas contra los prisioneros palestinos.

De acuerdo con cifras manejadas por organizaciones humanitarias, de los más de nueve mil 500 reclusos, tres mil 442 permanecen bajo detención administrativa—una figura que permite el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio—, mientras que mil 249 están clasificados como «combatientes ilegales», la mayoría de los cuales provienen de la Franja de Gaza, consignó la cadena Al Mayadeen. Cuestionamientos legales y acusaciones internacionales La reacción entre los funcionarios palestinos, organizaciones sociales y la comunidad legal internacional no se hizo esperar. Existe un consenso en que esta legislación no solo viola principios fundamentales de derechos humanos, sino que constituye un crimen de guerra al contradecir abiertamente los Convenios de Ginebra.

También han alertado que ignora la condición jurídica de los prisioneros palestinos dentro de un conflicto de carácter internacional, lo cual agrava las críticas sobre su legalidad. Otra de las observaciones apunta a las dimensiones estratégicas profundas, ya que intenta establecer nuevas dinámicas disuasorias que buscan consolidar una postura de mano dura respaldada por el ala más derechista del gobierno israelí. Una de las voces más contundentes en la denuncia de esta ley ha sido la de Lina Al-Taweel, directora del Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros, quien describió su aprobación por parte de la Knéset como un giro sin precedentes que implica una transición peligrosa hacia la institucionalización del asesinato legalizado de prisioneros palestinos.

Explicó que esta política no opera en el vacío, sino que refleja un enfoque respaldado por las estructuras políticas, de seguridad y militares israelíes en su conjunto. Según su análisis, la aprobación de la pena de muerte obligatoria se produce en paralelo a otras prácticas sistemáticas que ya han causado estragos en la población carcelaria, como la tortura, la negligencia médica severa y las condiciones inhumanas de reclusión. Al-Taweel añadió que estas prácticas sistemáticas, presentes desde hace años en los centros de detención, ya habrían causado la muerte de más de 350 prisioneros palestinos y advirtió que con la nueva legislación existe el riesgo inminente de que esta situación se intensifique, al otorgar un barniz de legalidad a las ejecuciones.

Indignación y llamados a la acción La indignación por la nueva ley también se expresó a través de instituciones palestinas. La Oficina de Prensa de los Presos, organismo que monitorea las condiciones de los detenidos, emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la medida. En su pronunciamiento, la institución responsabilizó directamente al liderazgo político y militar israelí, mencionando explícitamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por las consecuencias que esta ley tendrá sobre la vida de los prisioneros.

. Asimismo, instó a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas que vayan más allá de las meras condenas verbales, advirtiendo que la falta de acción inmediata consolidará un peligroso precedente en el derecho de guerra. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino alertó que la normativa proporciona una cobertura legal peligrosa para lo que denominan “ejecuciones extrajudiciales” y calificó la medida como una peligrosa escalada que no solo amenaza a los miles de prisioneros actuales, sino que socava cualquier posibilidad de un proceso político basado en la legalidad internacional.

Amnistía Internacional: «La ley de pena de muerte debe ser derogada» En medio de estas condenas, organizaciones de derechos humanos internacionales han comenzado a pronunciarse, señalando que la implementación de esta ley podría exponer a los oficiales israelíes a procesos judiciales en tribunales internacionales, al tratarse de una norma que, en su aplicación práctica, podría configurarse como un crimen de guerra. Amnistía Internacional planteó que las autoridades israelíes «deben derogar con carácter urgente las modificaciones legislativas que amplían el uso de la pena de muerte». A través de un comunicado, indicó que esta reforma del Código Penal de Israel que incluye la “pena de muerte para los terroristas”, amplía «el ámbito de aplicación de la pena capital y facilita su uso, en un momento en que la tendencia mundial es hacia su abolición.

» Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía de la organización señaló que con esta medida se eliminan «garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo», reforzando aún más «el sistema israelí de apartheid, mantenido mediante decenas de leyes discriminatorias contra la población palestina». «Durante años hemos visto un alarmante patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos de personas palestinas, cuyos perpetradores también disfrutan de una impunidad casi total. Esta nueva ley que permite las ejecuciones sancionadas por el Estado es la culminación de esas políticas», sostuvo.

“Al autorizar a los tribunales militares —tristemente célebres por no respetar el debido proceso y las garantías de un juicio justo, y cuya tasa de sentencias condenatorias supera el 99% cuando las personas acusadas son palestinas— a imponer la pena de muerte preceptiva y ordenar la ejecución en un plazo de sólo 90 días a partir de la sentencia definitiva, Israel se está otorgando descaradamente carta blanca para ejecutar a personas palestinas al tiempo que elimina las garantías elementales de un juicio justo”, enfatizó Guevara. Advirtió que toda condena de muerte impuesta en aplicación de esta ley constituirá una violación del derecho a la vida y señal{o que «si se impone a personas palestinas del Territorio Palestino Ocupado, también puede constituir un crimen de guerra». Ante este escenario, instó a la comunidad internacional a «presionar al máximo a las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato esta ley, tomen medidas enfocadas a la abolición completa de la pena de muerte e invaliden todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid impuesto a la población palestina».