La urgencia de una cultura de pago oportuno para las PYME

Cuando una PYME no recibe oportunamente el pago por su trabajo, no solo se retrasa una factura. Se posterga una inversión, se tensiona la caja, se aplaza una contratación y, muchas veces, se pone en riesgo la propia continuidad del emprendimiento. Por eso, la Ley de Pago a 30 Días (N° 21.

131), dictada en 2019, buscó corregir los extensos plazos de pago que enfrentan las empresas de menor tamaño por la venta de bienes y la prestación de servicios. Ese fue su propósito. Pero hoy, más de cinco años después, es necesario reconocer con honestidad que la promesa de un ecosistema de pagos más justo no se ha cumplido cabalmente.

Según datos de la Bolsa de Productos de Chile, en el sector privado el 63% de los pagos se realizan después de 30 días de emitida la factura. En otras palabras, dos de cada tres pagos exceden el plazo que la ley buscó consagrar como estándar. No se trata de una cuestión menor.

Para una empresa grande, que le paguen tarde puede ser administrable. Para una PYME, en cambio, puede significar perder liquidez, restringir el capital de trabajo y encarecer el financiamiento. “Estamos trabajando en una batería de medidas para corregir el problema en el sector privado y en el público.

La dirección es clara: castigar a los malos pagadores y aliviar la carga financiera que enfrentan las PYME”. La ley, además, contempló la posibilidad de pactar plazos superiores a 30 días, bajo ciertas formalidades y siempre que ello no implicara abuso ni perjuicio para la empresa de menor tamaño. Estos acuerdos deben inscribirse en un registro administrado por el Ministerio de Economía.

Desde mayo de 2019 hasta febrero de 2026 se han registrado más de 180 mil acuerdos de este tipo en el Registro de Acuerdos con Plazo de Pago Excepcional. Sin embargo, este sistema, tal como está concebido, ha mostrado ser ambiguo y difícil de hacer exigible. Los criterios de “no abuso” o de “beneficio” para la PYME carecen de parámetros suficientemente claros y de mecanismos de control efectivos.

Por eso, el desafío que tenemos por delante no es solo administrativo o técnico. Si queremos una economía más dinámica, más competitiva e integrada, debemos empezar por asegurar que quienes emprenden, innovan y generan empleo reciban oportunamente el fruto de su trabajo. Con ese objetivo, estamos trabajando en una batería de medidas concretas para corregir este problema, tanto en el sector privado como en el público.

En el ámbito privado, estamos diseñando mecanismos que incorporen incentivos y desincentivos regulatorios para corregir conductas. La dirección es clara: castigar a los malos pagadores y, al mismo tiempo, aliviar la carga financiera que hoy enfrentan las PYME. En particular, estamos estudiando fórmulas que beneficien su liquidez en el entero y el pago del IVA.

Junto con ello, estamos impulsando la creación de un registro que permita dar seguimiento y otorgar trazabilidad real a los pagos, aumentando la transparencia. En el sector público, el desafío es igualmente urgente. Queremos utilizar las herramientas que ofrece la Ley de Compras Públicas para avanzar hacia un sistema de registro que permita a las PYME que contratan con el Estado visualizar, con claridad y en tiempo real, la situación de sus contratos.

También vamos a trabajar con cada uno de los órganos de la Administración del Estado para que sus pagos se verifiquen dentro de los plazos acordados. El Estado no puede limitarse a exigir cumplimiento; debe dar el ejemplo. Esta es una misión concreta y urgente: construir en Chile una verdadera cultura de pago oportuno.

Una cultura en la que la palabra empeñada se cumpla, en la que los contratos se respeten y en la que el tamaño de una empresa no determine su grado de vulnerabilidad frente al incumplimiento.