La urgencia de destrabar la inversión

Uno de los problemas más persistentes que enfrenta Chile hoy es la dificultad para materializar proyectos en tiempos razonables. No se trata solo de grandes iniciativas mineras o energéticas, sino también de infraestructura pública, concesiones, desarrollo inmobiliario, obras hidráulicas y múltiples emprendimientos privados. En muchos casos, lo que podría ejecutarse en cinco o seis años termina demorando más de una década entre su concepción inicial y su entrada en operación.

Las causas de este fenómeno son diversas. El sistema de permisos se ha vuelto cada vez más complejo. A lo largo de las últimas décadas se han incorporado nuevas regulaciones ambientales, sectoriales y territoriales que, individualmente, responden a objetivos legítimos.

Sin embargo, en conjunto han generado un entramado institucional difícil de gestionar. Una iniciativa relevante puede requerir decenas de autorizaciones sectoriales, evaluaciones sucesivas y múltiples instancias administrativas. “Los proyectos estratégicos en infraestructura, energía y minería deberían resolver sus principales aspectos antes de ingresar formalmente al sistema de evaluación.

Y, junto a ello, el Estado requiere mejorar sus capacidades técnicas”. A ello se suma la creciente judicialización de las decisiones públicas. Si bien el acceso a la justicia es un elemento esencial en cualquier democracia, en la práctica muchos proyectos enfrentan litigios que extienden significativamente sus plazos.

El resultado es un sistema que no falla por exceso de exigencia, sino por falta de coordinación entre organismos y de previsibilidad en su resolución. Otro factor relevante es la ausencia de planificación estratégica de largo plazo. En países que han logrado acelerar sus inversiones en infraestructura o energía, las obras se desarrollan sobre la base de planes nacionales bien definidos, donde el Estado anticipa necesidades y reduce incertidumbres antes de iniciar la tramitación.

En Chile, en cambio, muchas iniciativas avanzan de manera fragmentada, enfrentando obstáculos regulatorios o territoriales que podrían haberse abordado mediante procesos más robustos. Destrabar la inversión exige actuar con urgencia en varios frentes. El sistema de permisos necesita simplificarse y coordinarse, reduciendo duplicidades y estableciendo procesos más integrados entre las distintas agencias del Estado.

Los plazos de tramitación deben volverse predecibles, con tiempos máximos claros para cada etapa. Los proyectos estratégicos en infraestructura, energía y minería deberían resolver sus principales aspectos territoriales, ambientales y sociales antes de ingresar formalmente al sistema de evaluación. Y el Estado necesita capacidades técnicas suficientes para gestionar iniciativas complejas y mejorar la calidad de sus evaluaciones.

Nada de esto implica debilitar los estándares ambientales o sociales. El objetivo no es bajar exigencias, sino construir una institucionalidad clara, coordinada y predecible, capaz de proteger mejor el medio ambiente y generar mayor confianza tanto en las comunidades como entre los inversionistas. Cuando un país demora demasiado en ejecutar sus proyectos, la pérdida no se mide solo en inversión postergada.

Se mide también en empleos que no se crean y en regiones que esperan un desarrollo que sigue sin llegar.