La ultraderecha gobernando en Chile no es refundacional

Breve lectura materialista sobre el poder en Chile La política chilena de estos tiempos se ha enredado en una semántica confusa y ambigua. Mientras gran parte del debate público se agota en adjetivar a la ultraderecha como un sector «refundacional», un análisis riguroso de nuestra estructura material sugiere exactamente lo contrario. Así, no estamos ante un proyecto político que busque cimientos ideológicos nuevos renovando paradigmas, sino, estamos lisa y llanamente ante la consolidación de una fuerza de clase de antiguo cuño que viene a blindar la institucionalidad heredada de la dictadura, la cual, en sus bases esenciales, nunca ha dejado de operar hasta el día de hoy.

Es un error estratégico y un síntoma de miopía política creer que la Constitución de 1980 fue desmantelada y/o superada a propósito de las múltiples intervenciones que se le han hecho. Porque a la hora de la síntesis, las reformas de las últimas tres décadas que se le aplicaron fueron, en su abrumadora mayoría, ajustes cosméticos y adaptativos. De esta manera, se permitió que el Estado creciera en su capacidad de gasto, pero, bajo una condición innegociable: no alterar la lógica patrimonial del capital y sus formas de transacción.

La prueba de esto reside en el diseño de la política de financiamiento del gasto social. A pesar del discurso redistributivo de los sucesivos gobiernos progresistas, la estructura del ingreso fiscal no ha mutado ni un ápice. Las reformas tributarias han fracasado sistemáticamente en capturar rentas provenientes del capital, de las grandes empresas o del patrimonio de los grandes ricos.

En su lugar, el Estado ha financiado el bienestar mediante el reordenamiento interno de las finanzas públicas y, de manera más preocupante, a través del endeudamiento fiscal internacional. Aquí está el núcleo del problema: estamos administrando la tesis más dura y extrema del neoliberalismo como modelo económico e ideológico. Cuando el gasto social se financia con deuda externa, esta se paga con ingresos presupuestarios donde el IVA -el impuesto socialmente más regresivo-, es el protagonista.

El resultado es una paradoja particularmente cruel: se pretende redistribuir riqueza endeudando a los más pobres por medio del IVA que grava el consumo diario de las familias más pobres. Es una redistribución de liquidez en la base, mientras la acumulación en la cúspide permanece intacta. Por ello, calificar a la extrema derecha actual que gobierna de «refundacional» es un regalo retórico que no merecen y que nos extravía.

Ellos no vienen a fundar nada; vienen a sostener y a perpetuar grabando en piedra nuestras desigualdades socio económicas. La invariabilidad tributaria propuesta en su mega reforma por 25 años a futuro es la cadena que les permitirá mantener intocable el sistema hasta el año 2050, independiente de los propósitos de los 8 gobiernos que los chilenos nos demos hasta entonces, sean de la orientación política que sean. Así, la misión que hoy se dan es una y central; garantizar que el poder no se redistribuya y consolidar su posición de privilegios a propósito de su reciente y circunstancial victoria en las urnas y en la subjetividad social.

Si las vanguardias y el pueblo en su sentido más amplio aspiran a una recomposición real de fuerzas sociales en disputa, el desafío no es solo ganar gobiernos, sino romper el cerco y los candados del financiamiento público. Mientras el progresismo latinoamericano, porque esto tiene evidencia en Chile, sino también en Argentina y Brasil entre otros, siga operando bajo la lógica del capital financiero y la dependencia del impuesto al consumo, cualquier intento de cambio será solo un nuevo barniz sobre una estructura que sigue siendo, en su ADN, profundamente conservadora y excluyente.