La tragedia del horizonte

En 2015, el exgobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney instaló un frase que debería encabezar cualquier análisis serio del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional en trámite en el Congreso: “la tragedia del horizonte”. Se refiere al hecho de que las catástrofes climáticas llegan más allá del horizonte electoral, empresarial y crediticio tradicional, y por eso las políticas públicas tienden a descontarlas sistemáticamente. Cuando llegan, es tarde, y cuando uno las financia, como hará Chile ahora, es mucho más caro.

En los incendios de Ñuble y Biobío fallecieron 21 personas, se destruyeron 4. 429 viviendas y se quemaron 42. 288 hectáreas.

Reconstruir es obligatorio, y para ello el proyecto amplía el Fondo de Emergencia en $400 mil millones. Pero hablemos de lo que el proyecto no hace, porque ahí está la verdadera factura. El proyecto no menciona, ni una sola vez en sus 120 páginas, la palabra “cambio climático”.

No menciona adaptación. No habla de gestión forestal preventiva, ni de rediseño de franjas cortafuego, ni de diversificación del paisaje de plantaciones exóticas homogéneas, los mismos pinos y eucaliptos que forman el combustible del próximo megaincendio. Tampoco menciona la modernización de la red de transmisión eléctrica, cuyo envejecimiento ha sido identificado por la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional como fuente creciente de ignición en zonas con alta carga de combustible.

No incluye, tampoco, un solo peso para infraestructura resiliente: caminos, puentes, sistemas de agua, líneas críticas capaces de resistir el próximo evento extremo. Reconstruimos las viviendas que se quemaron en enero y dejamos intactas todas las condiciones para que vuelvan a quemarse. Peor: el Artículo 33 del proyecto crea una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones sobre US$50 millones, que incluye expresamente al sector forestal.

Traducido: subsidiamos fiscalmente, hasta el año 2053, a un modelo de plantaciones homogéneas que tiene el potencial de alimentar megaincendios como el que este mismo proyecto pretende reparar. El costo de la inacción tiene cifras. El Banco Mundial, el FMI y la OCDE han producido en los últimos cinco años un cuerpo robusto de literatura sobre el costo fiscal de la inacción climática en países de ingreso medio.

Las estimaciones centrales sitúan el costo anual de la inacción en Chile -por mayor gasto en emergencias, pérdida de productividad agrícola, estrés hídrico, morbilidad respiratoria por incendios y afectación turística- en un rango de 1,0% a 2,5% del PIB anual al 2035, creciente. Este es dinero que ya no existe para educación, salud o seguridad. Es un impuesto silencioso que pagamos todos los años y que aumenta con cada evento no prevenido.

El mismo Informe Financiero del proyecto, firmado por la Dirección de Presupuestos, proyecta un deterioro fiscal estructural permanente de 0,43% a 0,57% del PIB en régimen. Combinando ambos datos, el proyecto nos deja una deuda fiscal y simultáneamente una deuda de riesgo. Paga menos impuestos el 1% superior, gasta más el Estado cuando venga el próximo evento, y la diferencia la cubre la próxima generación.

Es un intercambio económicamente irracional y fiscalmente suicida. Hay otro camino, y lo mejor de todo es que Chile ya lo recorrió. En 2020, en plena pandemia del COVID-19, el gobierno de Sebastián Piñera enfrentó una recesión económica de magnitudes comparables a la que hoy se invoca.

Su respuesta incluyó algo que este proyecto omite por completo: una estrategia de recuperación sostenible estructurada. Chile emitió, bajo ese gobierno, el primer bono verde soberano de las Américas en 2019; estableció el Marco de Bonos Sostenibles en 2020, y sentó las bases para que en 2022 Chile emitiera el primer Bono Soberano Vinculado a la Sostenibilidad (SLB) del mundo, un instrumento que monetiza directamente el cumplimiento de la NDC del Acuerdo de París. A 2024, el stock de deuda sostenible soberana superaba los US$36 mil millones y representaba una cuarta parte de la deuda pública chilena.

Los resultados no fueron retóricos. Chile accedió a financiamiento internacional a tasas más bajas que sus pares regionales precisamente porque los inversionistas institucionales globales –BlackRock, Brookfield, fondos soberanos escandinavos- privilegian jurisdicciones con políticas ambientales creíbles. El BID, el Banco Mundial y el FMI documentaron esa estrategia como modelo replicable.

LatinFinance reconoció a Chile como “emisor soberano sostenible del año”. Y lo más relevante: el ministro Ignacio Briones declaró explícitamente que el objetivo era “sentar las bases para una recuperación verde”. Piñera.

Briones. Una recuperación verde. Cítenlos textualmente la próxima vez que alguien les diga que esto es ideología de izquierda.

Porque esa es la pregunta de fondo. Si en 2020, bajo un gobierno de derecha, Chile entendió que una crisis económica era precisamente el momento para orientar la inversión pública hacia la resiliencia y la sostenibilidad -y sacó ventajas financieras concretas de hacerlo-, ¿por qué un proyecto de reconstrucción en 2026, frente a una emergencia con causa climática directa, no contiene una sola medida en esa dirección? La respuesta no está en la técnica legislativa.

Está en los intereses que el proyecto blinda. Los mismos intereses fósiles que hoy exigen invariabilidad por 25 años son los que han profundizado la inestabilidad fiscal de la última década. El alza global de los precios del gas y el carbón entre 2021 y 2024 gatilló la “deuda tarifaria” eléctrica que todavía pagamos, y que seguirá incidiendo en las cuentas de la luz hasta 2035.

Cada vez que el dólar y el Brent se mueven, tiembla el presupuesto chileno. La volatilidad de los combustibles fósiles importados ha sido, en simple, el principal canal de presión inflacionaria sobre los hogares chilenos de los últimos cinco años. La descarbonización del sistema eléctrico, en cambio, ha hecho exactamente lo contrario.

En noviembre de 2025, Chile alcanzó el 72% de generación eléctrica con fuentes renovables; el récord instantáneo llegó al 93%. Cada punto de sustitución de fósiles por renovables es un punto menos de exposición al dólar, a los choques geopolíticos, a la inflación importada. La electromovilidad ha bajado los costos operacionales del transporte público en Santiago y ha mejorado la calidad del aire.

La transición energética no es una carga; es, desde cualquier análisis macroeconómico serio, la mejor política antiinflacionaria que Chile tiene a su disposición. Y sin embargo, el proyecto de Reconstrucción Nacional no incluye una sola medida para reducir el costo de la vida por esta vía. No hoy electrificación del transporte pesado.

No hay techos solares para viviendas sociales. Ni transición térmica en comunas saturadas como Coyhaique o Temuco, donde las familias gastan hasta un tercio de su ingreso en leña y diésel, o aislación térmica en la propia reconstrucción post-incendio. Nada.

El proyecto que se justifica en la emergencia es ciego al costo que esa emergencia impone cada día a las familias que dice proteger. Es aquí donde las omisiones dejan de ser técnicas y se vuelven ideología. Hasta los países con los mayores intereses fósiles del mundo han incorporado resiliencia climática en sus marcos legislativos: Estados Unidos con la Inflation Reduction Act, Arabia Saudita con Vision 2030, Noruega con su fondo soberano que ya se retira gradualmente del carbón, Australia con su Climate Change Bill, de 2022.

La convergencia global es unívoca. Chile estaría legislando en 2026 contra la dirección que toma el resto del mundo, incluyendo algunos de los mayores productores de hidrocarburos del planeta. Eso no es prudencia fiscal.

Es retroceso consciente. Un proyecto cortoplacista que se llama Reconstrucción Nacional. Una ley redactada porque se quemó el país, que no hace nada para evitar que se replique.

Una deuda fiscal combinada con una deuda de riesgo. Y una ideología tan transparente que se revela sola: lo que no se dice en el proyecto de ley es precisamente lo que no se quiere hacer. Mark Carney advirtió que la tragedia del horizonte no se resolvería sin política pública deliberada.

Chile, en 2026, tiene frente a sí un proyecto que es el ejemplo textual de esa tragedia: optimiza el plazo corto, descuenta el riesgo largo, y pasa la cuenta a quien no puede votarla. No se puede votar así. No porque sea de izquierda o de derecha.

Porque es, sencillamente, una mala factura para todos.