La subsidiariedad como trampa
Hernán Larraín nos invita a celebrar la vigencia de Jaime Guzmán a 35 años de su muerte. No lo hace solo desde el recuerdo, sino reivindicando explícitamente la subsidiariedad, la autonomía de los cuerpos intermedios y el gremialismo como pilares de una concepción democrática. Esa reivindicación es la que quiero responder.
Lo que Larraín presenta como doctrina “no ideológica” y neutral es, en realidad, una arquitectura ideológica deliberada. La Constitución de 1980 fue diseñada -como el propio Guzmán reconocía- para que quienes gobernaran, incluso cuando fueran sus adversarios democráticamente electos, se vieran constreñidos a adaptarse al modelo e imposibilitados de transformarlo. No estamos ante un simple marco que limita al Estado para proteger libertades, como sugiere Larraín, sino ante un diseño institucional que condiciona el campo de lo políticamente posible.
No es un marco para la democracia, sino una camisa de fuerza para proteger al neoliberalismo. La subsidiariedad, tal como fue consagrada y como ha sido interpretada en Chile, difícilmente puede entenderse como esa noción equilibrada que Larraín vincula a tradiciones europeas o al federalismo estadounidense. Lee también...
"Es un prófugo de la justicia": Canciller Pérez destaca disposición de Argentina en caso Apablaza Jueves 02 Abril, 2026 | 10:24 Su lectura hegemónica redujo el principio a su dimensión puramente negativa: un límite a la acción estatal, precisamente en el sentido que Larraín valora cuando destaca la necesidad de evitar que el Estado “asfixie” la libertad creadora. Pero esa formulación omite lo central: su desvinculación con toda consideración sobre las condiciones materiales en las que vive el pueblo. El resultado fue su fusión con el programa neoliberal y el debilitamiento de la democracia en términos sustantivos: abstencionismo estatal en educación, salud y previsión social, mientras el mercado operaba como criterio de distribución en esferas que debieran ser derechos.
La neutralidad que Larraín atribuye al gremialismo es un mito. En los hechos la autonomía de los cuerpos intermedios, tal como se configuró constitucionalmente, sirvió para blindar a actores privados -sostenedores educacionales, isapres, AFP- frente a la regulación democrática, no para proteger comunidades. Lo que se presentó como pluralismo fue, en los hechos, la privatización del espacio público.
El verdadero legado de Guzmán es un orden constitucional construido sobre la desconfianza radical hacia la voluntad popular. Treinta y cinco años después, sus ideas no siguen vigentes porque sean sabias, sino porque logró imponer una cultura política que neutraliza la democracia como expresión de la voluntad popular.
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