La seguridad privada en Chile: entre la ficción legal y la violencia real

La discusión sobre seguridad privada en Chile ha estado marcada por una ambigüedad persistente que hoy resulta insostenible. Mientras el marco legal la define como una actividad preventiva, coadyuvante, complementaria y orientada a la protección de bienes, la realidad cotidiana muestra algo muy distinto: guardias que detienen personas en flagrancia, enfrentan delincuentes armados, contienen situaciones de violencia y gestionan emergencias con cientos de personas presentes. El problema no es la falta de regulación.

El problema es más profundo. La ley fue construida sobre una representación del rol del guardia que no existe. Se legisló para una seguridad patrimonial, mientras se opera con una seguridad de intervención.

Y eso es lo que espera todo el país. Esta disociación tiene consecuencias concretas. Genera inseguridad jurídica para quienes trabajan como guardias, expuestos a riesgos crecientes sin un respaldo normativo proporcional; limita la capacidad preventiva real de los recintos privados de uso público; y, sobre todo, instala una incoherencia estructural del propio sistema de seguridad.

En concreto, se exige más de lo que se reconoce y se reconoce menos de lo que se necesita. Casos recientes, como el de un guardia baleado tras intervenir en un intento de robo en un centro comercial, no son excepciones. Son síntomas.

Expresan con crudeza que la seguridad privada ya no opera en un plano pasivo. Es la primera línea de defensa frente a determinados fenómenos delictuales, especialmente en espacios de alta concurrencia como malls, estaciones de Metro o en eventos masivos. Frente a esto, la respuesta institucional ha sido titubeante.

Por un lado, se insiste en que la seguridad privada es solo coadyuvante de la función policial. Por otro, no se acepta y se critica que los guardias se abstengan de intervenir. Esta posición intermedia, que intenta preservar principios sin asumir sus implicancias, termina produciendo un efecto paradojal.

Hoy el Estado privatiza el riesgo, pero socializa las deficiencias en materia de seguridad. Si se quiere que los guardias no intervengan, entonces la consecuencia lógica es que el Estado, a través de la policía, asuma directamente esa función en los recintos privados de uso público. Pero esa opción no es viable.

Ni por dotación, ni por costo, ni por diseño institucional. Entonces, solo queda una alternativa coherente: reconocer y aceptar lo que ya ocurre: que la seguridad privada cumple funciones operativas reales, que interviene, contiene y enfrenta el riesgo y que, en consecuencia, debe ser dotada de un marco normativo acorde a esa realidad. Esto no implica “policializar” la seguridad privada ni desdibujar el rol del Estado.

Implica algo más básico que es alinear medios con funciones. No se puede exigir intervención sin habilitar capacidades. En ese contexto, debates como el uso de reconocimiento facial en recintos privados de uso público o la incorporación de medios de protección para guardias dejan de ser discusiones ideológicas y pasan a ser necesarias cuestiones para dar coherencia del sistema.

Si éste tolera que los guardias enfrenten o contengan situaciones de violencia real o potencial, resulta contradictorio negarles herramientas tecnológicas para identificar y prevenir riesgos o medios básicos para resguardar su integridad. Por supuesto, esto exige regulación estricta. Transparencia, límites claros, supervisión estatal y mecanismos de control efectivos.

Más capacidades deben ir siempre acompañadas de más control. Pero negar el problema es una forma de debilitar aún más el sistema.