La salud pública bajo la lógica del recorte

Por Arturo I. Castro Martínez Cuando hablamos de presupuestos, debemos entenderlos cómo algo que es mucho más que una cifra: es una declaración de prioridades. Cuando un gobierno decide recortar $413 mil millones en salud, demuestra su desinterés por querer solucionar problemas que se arrastran desde hace décadas, afectando a la población de menos recursos, la que ya se atiende en hospitales y consultorios que funcionan de manera limitada.

El reciente ajuste fiscal vuelve a imponerse sobre un derecho básico para la población, poniéndola en un riesgo evidente. Como es de esperarse, un recorte con estas características significa deteriorar un sistema ya colapsado, agudizando el problema de las listas de espera, la falta de profesionales de la salud y el abandono que vive un segmento no menor de la población en un país marcado por las desigualdades. El discurso de la “eficiencia”, contrasta con la realidad que se vive en los centros de salud.

Se estima que solo el Fondo Nacional de Salud sufrirá una reducción de $259 mil millones, afectando directamente el financiamiento de la red pública y sus prestaciones. A ello se suma un recorte cercano a los $18 mil millones en Atención Primaria, poniendo en riesgo la implementación de la APS Universal y tensionando aún más el funcionamiento de más de 80 hospitales a lo largo del país. La reducción presupuestaria amenaza con profundizar desigualdades, entre quienes pueden acceder al sistema privado, y quienes son dependientes de la red pública.

Esto, mientras unos pocos hablan de eficiencia y una gran mayoría vive la incertidumbre de no saber si recibirán atención. Al parecer, el discurso que busca la reducción del Estado para recuperar estabilidad económica es erróneo. Esta decisión política podría tensionar con tanta fuerza al sistema, que podría llegar a asfixiarlo.

Es sabido que el costo de estos ajustes no recaerá nunca en quienes poseen mayores privilegios. Una política de austeridad en temas tan sensibles como la educación, vivienda o en este caso la salud, siempre hará notar con fuerza sus efectos negativos en el servicio público. La experiencia internacional ha demostrado que las políticas de austeridad aplicadas sobre sistemas sanitarios suelen profundizar las desigualdades sociales.

En España, tras la crisis financiera de 2008, los recortes en salud deterioraron el acceso a la atención pública, ampliaron la brecha entre ricos y pobres y afectaron especialmente a la población más vulnerable, en particular a adultos mayores que vieron precarizadas sus condiciones de vida. Uno de los temas de fondo en esta discusión, radica en que el Estado conoce efectivamente los límites de sus políticas presupuestarias y sus efectos en la población que se atiende en el sistema de salud pública, lo que está lejos de ser un lujo, sino más bien una necesidad básica, una herramienta mínima e indispensable para lograr dignidad social. Las consecuencias de los recortes presupuestarios tendrán efectos directos en la vida cotidiana de miles de pacientes que han y seguirán esperando una hora médica, o una operación.

Repercutirá en la vida de adultos mayores que deben madrugar para conseguir una hora de atención en consultorios y en el trabajo de funcionarios que realizan sus labores con recursos mínimos. El debate, por lo tanto, ya no es únicamente económico, sino profundamente ético. Un recorte en salud no se traduce solo en números: termina reflejándose en pabellones cerrados, listas de espera interminables y atenciones postergadas.

Chile ya conoce las consecuencias de un sistema funcionando al límite, donde miles de personas han fallecido esperando ser atendidas. Por eso, reducir recursos en medio de una crisis estructural no puede considerarse únicamente una decisión técnica. Es una decisión política que obliga a preguntarnos qué país queremos construir y cuáles son realmente nuestras prioridadescomo sociedad.

Por Arturo I. Castro Martínez Profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales, especialista en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona. Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional.

Es parte del Observatorio Nexo Ciudadano.